Postergacion, postergacion y postergacion

El Presidente de la República subrayó con énfasis al repetir tres veces la palabra educación, que esta debía ser una de las principales prioridades del gobierno que inauguraba.

 

 

Sin embargo, transcurrida buena parte del tercer año lectivo del período de gobierno, los hechos están demostrando que las transformaciones educativas urgentes e indispensables seguirán esperando, mientras las sucesivas generaciones de jóvenes transitarán por un sistema educativo vetusto, anacrónico y burocratizado.

 

Durante todo el año pasado reclamamos que el gobierno reaccionara ante una sucesión de datos e indicadores cada vez más devastadores sobre la realidad de nuestra educación nacional. Los resultados de las pruebas PISA, la crisis de la infraestructura edilicia del sistema, las declaraciones sorprendentes de algunos de los jerarcas de la educación nacional que no registraban con realismo lo que ocurría, fue un año en el que quedó en evidencia que era imprescindible una urgente transformación educativa.

 

A fines de año el Presidente convocó a todos los partidos para buscar un nuevo acuerdo que permitiera revertir la situación existente en el sistema educativo uruguayo. Durante dos meses los principales representantes de los cuatro partidos nos reunimos con el Presidente y el Ministro de Educación para analizar la realidad y ponernos de acuerdo en algunas medidas sustanciales.

 

El proceso culminó mediante la firma de un acuerdo que pretendía ser un paso sustancial hacia los cambios requeridos. No era la panacea ni la reforma educativa completa pero si se instrumentaban las medidas acordadas se avanzaría en la dirección correcta.

 

Sin embargo, cinco meses después de haber firmado el acuerdo, ha quedado en evidencia que ni el gobierno ni las autoridades educativas tienen la voluntad ni la decisión política necesaria para instrumentar los acuerdos firmados.

 

No sabemos cuáles son las causas concretas que han determinado la ausencia de decisión para cumplir los acuerdos, pero lo cierto es que no se ha avanzado en lo sustancial de las medidas acordadas.

 

El acuerdo alcanzado en febrero incluía cuatro puntos sustantivos; el doble voto para el Presidente del CODICEN, la puesta en marcha del Instituto de Evaluación Educativa, la creación de una Universidad Tecnológica con radicación en el Interior del país y la implementación de una propuesta de fortalecimiento de los centros educativos de enseñanza media reflejada en un documento consensuado por todos los partidos.

 

Transcurridos cinco meses, el Instituto de Evaluación Educativa no ha avanzado en su funcionamiento, la creación de una Universidad Tecnológica ni siquiera a logrado acuerdos entre los propios integrantes del partido de gobierno y el proyecto de Rendición de Cuentas del gobierno no ha previsto fondos para la extensión razonable de un proyecto de cambio en la gestión de los centros educativos de la enseñanza media. Solo se ha votado una ley para otorgar el doble voto al Presidente del CODICEN, quien por otra parte no ha mostrado decisión para transformar la educación de nuestro país.

 

Tampoco se ha concretado el compromiso señalado por el gobierno con respecto a la refacción de los establecimientos educativos y el ritmo de construcción de los nuevos centros educativos continúa siendo irritantemente lento.

 

Hay problemas de gestión, pero además hay falta de voluntad política y no hay convicción para enfrentar a los conservadores que conducen las organizaciones corporativas de la educación pública uruguaya.

 

En síntesis, el acuerdo ha sido incumplido y, por tanto, es nuestra obligación hacer pública esta realidad, por cierto muy decepcionante, deslindando una eventual corresponsabilidad sobre el actual estado de cosas.

 

Lamentablemente debemos volver a reafirmar que la situación es un escándalo insostenible porque el país gasta cada vez más en educación y esta está cada vez peor. Así ha sido en los últimos tiempos, nunca Uruguay invirtió tantos recursos en la educación y, sin embargo, las cosas siguen estando en situación ruinosa.

 

Como nada podemos hacer, más que haber contribuido con las mejores intenciones y la mayor voluntad a proponer ideas e iniciativas para que se instrumentaran, porque quien tiene el poder de decisión es pura y exclusivamente el gobierno nacional, entonces debemos dejar claro que aquellos acuerdos han perdido vigencia para nosotros.

 

Ojalá existan novedades que nos permitan cambiar de opinión, pero lamentablemente nada parece indicarlo.