LA DECEPCION ETICA


Pablo Mieres

 Si algo caracterizó con particular intensidad a la prédica del Frente Amplio en su camino al gobierno, fue la necesidad de un cambio ético en la forma de hacer política. Una buena parte del discurso frenteamplista de hace diez años se centraba en la imperiosa necesidad de dejar atrás las prácticas políticas de los partidos tradicionales, afectadas por una historia en la que habían existido acomodos, clientelismo, amiguismo y casos de corrupción en el ejercicio de la gestión pública.

 El Frente Amplio se postulaba como un partido capaz de ser diferente en el ejercicio del gobierno. Se llegó a afirmar, con una soberbia disparatada, que en el Frente Amplio “se podía meter la pata, pero no la mano en la lata”.

 

 Además de un cambio en las políticas públicas, los uruguayos, cuando decidieron dar una oportunidad al Frente Amplio otorgándole la mayoría absoluta parlamentaria y el triunfo en primera vuelta, apostaron a un cambio en las formas de hacer política, buscando dejar atrás sus viejos vicios.

 Sin embargo, una década después, el Frente Amplio ha defraudado a quienes confiaron en un cambio en la ética del ejercicio de la actividad política. Las mismas cosas que se cuestionaron a blancos y colorados hoy se pueden señalar, sin diferencia alguna, a las gestiones de gobierno del Frente Amplio.

 Hasta se ha denunciado la compra de diputados entre los diferentes sectores del partido de gobierno. Así lo hizo y reiteró nada menos que el Vicepresidente de la República, Danilo Astori, acusando a Raúl Sendic de haber comprado el apoyo de un diputado de ese partido. El año pasado se suspendió un acto electoral interno de uno de los sectores del Frente Amplio por denuncias de compra de votos.

 Por otra parte, el Frente Amplio cuenta con jerarcas de gobierno procesados como el caso del Cdor. Juan Carlos Bengoa. Por las dudas, además, tiene unos cuantos jerarcas más indagados en la justicia penal o con pedido de procesamiento por abuso de funciones.

 Resulta muy evidente que los cargos políticos se distribuyen por estricta cuota entre los sectores del Frente Amplio, sin tomar en consideración la idoneidad de quienes son seleccionados para ejercerlos. El ejemplo del proceso de designación ministerial en Salud Pública es un rotundo ejemplo del predominio de la partidización sobre la elección de los más adecuados. Nunca habíamos visto un caso en el que el anuncio sobre la titularidad de un Ministerio se realiza desde la sede partidaria, sin que el Presidente ni siquiera conociera a la persona que iba a ser designada como ministra.

 Tampoco se toma en consideración el fracaso de las gestiones concretas, pesa más el “amiguismo” o mantener el trabajo de compañeros que los resultados efectivos. Por si quedara alguna duda, el responsable político del enorme fracaso del “Corredor Garzón” fue destituido de su cargo en la Intendencia de Montevideo, por obvias razones, pero no pasó más de unos pocos días para que ese mismo jerarca fuera designado como Director de la Corporación Vial.

 La bancada parlamentaria del Frente Amplio ha hecho uso de su mayoría absoluta para bloquear toda investigación en el Parlamento de cualquier gestión realizada por algún jerarca del partido de gobierno. En diez años de mayoría absoluta del Frente Amplio, el Parlamento solo llevó adelante una investigación, y ella fue impulsada por los legisladores frenteamplistas para investigar lo actuado por los jerarcas de las empresas públicas durante las administraciones de blancos y colorados.

 Ni siquiera se aceptó una investigación parlamentaria con respecto al caso PLUNA que a nuestro país le costó alrededor de 300 millones de dólares. El Frente Amplio utilizó el poder que le otorgó el pueblo para impedir toda investigación sobre cualquiera de sus jerarcas de gobierno.

 De la misma manera que se hizo uso y abuso de las empresas públicas en las épocas de blancos y colorados, también durante la década de gobierno frenteamplista, se han usado los recursos de poder y los recursos económicos cuantiosos que manejan esas empresas del Estado para edificar plataformas de lanzamiento de carreras electorales. Las empresas públicas se han convertido en fines en sí mismos, utilizando los recursos que son de todos los uruguayos para el “autobombo” y el despilfarro, gastando por ejemplo enormes sumas de dinero en publicidad de entes que, en muchos casos, son monopólicos.

 Se ha hecho caso omiso de las observaciones del Tribunal de Cuentas, una y otra vez, reiterando los gastos observados, tal y como ocurría en las épocas anteriores.

 En definitiva, el Frente Amplio defraudó las expectativas ciudadanas de un cambio profundo en la ética de la acción política: compra de cargos y de votos, jerarcas procesados e indagados por hechos de corrupción o por abuso de poder, bloqueo de toda investigación parlamentaria, abuso en el uso de los recursos de las empresas públicas, ninguneo a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

 Por eso, un número cada vez mayor de aquellos que apostaron y creyeron que ocurriría ese cambio hoy sienten una gran decepción.

 Es imprescindible que los ciudadanos, en octubre, expresen con su voto un freno al poder que el actual partido de gobierno ha gozado durante los últimos diez años. Es un objetivo de primer orden que el Parlamento recupere su poder de contralor sobre el funcionamiento y las decisiones del gobierno, para arbitrar una normativa que refuerce el control sobre los actos de la Administración y de las empresas públicas.

 La ciudadanía tiene la palabra y será la que reparta el juego para los próximos cinco años.