Primeros asesinatos ambientales después de Río+20

Pasado Río+20, una aldea de pescadores de la región metropolitana de Río de Janeiro mostró que el precio de denunciar crímenes ecológicos puede ser una ejecución extrajudicial….

Por Fabiana Frayssinet

La aldea ubicada en la playa de Mauá, municipio de Magé, 84 kilómetros al norte de Río, no tuvo tiempo de evaluar los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en esta misma ciudad entre el 20 y el 22 de junio.

Precisamente el 22, día en que los jefes de Estado firmaban un documento cuestionado por su indefinición en temas cruciales como la protección de los océanos, dos pescadores y activistas ambientales que luchaban por esa causa, Almir Nogueira y Jõao Luiz Telles, no volvieron a casa.
El cuerpo de Nogueira fue encontrado dos días después, sumergido y amarrado a su barco, frente a una playa cercana. El de Telles apareció el 25 de junio, con manos y pies atados en posición fetal, en la costa de otro municipio próximo.
Ambos tenían señales de haber muerto ahogados.
"Si son hombres de mar, van a morir en el mar. Ese es el recado que nos están dando", dijo entre sollozos Alexandre Anderson, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres del Mar (Ahomar), en un acto de repudio el viernes 29 para exigir a las autoridades una inmediata investigación.
Las víctimas eran miembros de esa organización de 2.000 pescadores artesanales que luchan contra la contaminación del mar, su hábitat y fuente de sustento de varias generaciones, en la Bahía de Guanabara.
Ahomar denuncia los impactos socioambientales de grandes industrias.

Desde 2007 la asociación protesta contra las obras del Complejo Petroquímico del Estado de Río de Janeiro, una de las mayores inversiones de la empresa estatal petrolera Petrobras y del Programa de Aceleración del Crecimiento del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y de su sucesora, Dilma Rousseff.
Ahomar sostiene que las obras ejecutadas por las empresas GDK y Oceȃnica, contratistas de Petrobras, disminuyeron la pesca en 80 por ciento, entre otros daños a la salud humana, la fauna y la flora.
Los pescadores soportan amenazas y asesinatos desde que en 2009 ocuparon con sus barcos las obras de los gasoductos submarinos y terrestres de gas natural licuado y gas licuado de petróleo.

Las amenazas se intensificaron a fines de 2011, cuando volvieron a movilizarse contra la decisión del Instituto Estatal de Medio Ambiente de retomar una propuesta, descartada durante el proceso de licencia ambiental, de transformar uno de los afluentes de la bahía, el río Guaxindiba, en una hidrovía para transporte de equipos.
El puesto policial cercano a la sede de Ahomar fue desmantelado.
Beneficiado por un programa de protección a los defensores de derechos humanos, Anderson tiene escolta policial permanente, pero aun así ha sufrido amenazas y atentados.
"Queremos preservar ese ambiente porque somos parte de él. Los pescadores somos parte de la Bahía de Guanabara. Pero no queremos morir respirando su agua", dijo Anderson.
En 2009, el tesorero de Ahomar, Paulo Souza, fue atacado frente a su familia y asesinado con cinco disparos en la cabeza, como denunció entonces un reporte de IPS.
En 2010, otro fundador de Ahomar, Marcio Amaro, fue asesinado en su casa, frente a su madre y su esposa.
Ninguno de estos crímenes fue aclarado.

"Es lamentable que consigamos reunir toda esta prensa frente a dos cadáveres más…, que este sea el requisito para llamar la atención sobre un problema que se arrastra hace tanto tiempo", dijo en el acto de repudio el diputado del Partido Socialismo y Libertad, Marcelo Freixo, presidente de la comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
"Espero que la próxima vez que nos reunamos aquí no sea por la muerte de Alexandre", advirtió indignado.
Poco después del acto del viernes, Anderson fue nuevamente intimidado frente a su casa. Desde entonces no ha sido posible comunicarse con él por teléfono.
"Ya no estamos hablando de inseguridad, sino de personas que han muerto por su militancia, por su legítima resistencia en defensa de la Bahía de Guanabara", dijo a IPS la activista Sandra Carvalho, de Justicia Global.

Los denunciantes piden que las muertes, "con claras señales de ejecución", sean investigadas por la policía y la justicia federal.
"Pido que las autoridades investiguen mucho, porque ya consiguieron lo que querían. Sacaron de su casa a los hombres de mar", enfatizó Anderson.
Después de las muertes, las embarcaciones no han regresado al agua. Nadie se atreve a aventurarse al mar, que antes era "refugio" de los pescadores cuando "algo malo ocurría en la casa o en la playa", recordó. "Hoy solo tenemos el camino del cementerio".
Organizaciones de derechos humanos no dudan de que estos son "crímenes políticos". Según dijo Freixo a IPS, las compañías contratistas de las obras a veces apelan a empresas de seguridad que se valen de "intimidaciones, amenazas y hasta muertes".
Pero el diputado y actual candidato a alcaldía de la ciudad de Río de Janeiro, cree que no se trata de "muertes encargadas" por Petrobras.
Sin embargo, subrayó, no por eso la petrolera "puede fingir que no tiene ninguna relación con el caso. La inversión es de Petrobras y la responsabilidad sobre quién contrata es de ellos", opinó.

En Ahomar, todos saben quiénes son los asesinos, dijo Anderson.
"Son personas que ganan mucho dinero con este proceso de industrialización de la Bahía de Guanabara, con trabajos de seguridad, de transporte hidroviario y terrestre. Que están dentro del gobierno provincial y municipal e inclusive en la seguridad pública", denunció.
En Magé, como en otros municipios de la región metropolitana de Río, actúan grupos de esa naturaleza conocidos como "milicias", integrados por agentes de seguridad del Estado, activos o jubilados, con apoyo de sectores políticos locales, como demostró una investigación parlamentaria encabezada por Freixo.
Inclusive el diputado tiene escolta policial porque ha recibido amenazas a raíz de sus denuncias contra esas organizaciones mafiosas.

Ante el pedido de IPS de una respuesta, Petrobras envió un comunicado en el que dijo desconocer las muertes y repudiar cualquier amenaza a los pescadores.

La compañía también destacó que el proceso de licencia ambiental en Brasil considera todos los impactos ecológicos y a las comunidades. Además, "un riguroso estudio de impactos antecede la licencia de los emprendimientos y el órgano licenciador establece medidas compensatorias y fiscaliza su realización", añadió.
Petrobras es una "empresa social y ambientalmente responsable que exige de sus abastecedores la misma postura", reza el comunicado.
La próxima asamblea de pescadores discutirá si desistir de la lucha o, al contrario, tomar medidas como interceptar el paso de navíos.

La de Ahomar es una batalla de "los pescadores artesanales contra el capital petrolero", según la presidenta de la comisión de derechos humanos de la Orden de Abogados de Brasil - Río de Janeiro, Margarida Pressburger.
Anderson la definió de otra manera: no es David contra Goliat, sino "contra el mismo diablo".Fuente:IPS

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Presión regional puede ser clave en crisis paraguaya

La comunidad internacional, en especial la de América del Sur, puede jugar un papel decisivo en la crisis abierta en Paraguay por la destitución de Fernando Lugo…

Por Natalia Ruiz Díaz

Sobre la llegada de Franco a la Presidencia se cierne un halo de críticas y adhesiones. El no reconocimiento de su gobierno por parte de los países vecinos le abre un difícil escenario local e internacional.
Mientras en la sede presidencial, en Asunción, Franco presentaba este lunes 25 a su gabinete, Lugo –depuesto mediante juicio político el viernes 22– anunciaba uno paralelo, de carácter político, para fiscalizar las acciones del nuevo gobierno.

Ambos hechos se registraron en un escenario regional no menos importante.
Argentina retiró a su embajador en Paraguay y Venezuela hizo lo propio, además de suspender sus envíos de petróleo. Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay llamaron a consultas a sus respectivos representantes y el Mercado Común del Sur (Mercosur) resolvió no invitar al nuevo gobierno paraguayo a su próxima cumbre, que se celebrará este jueves 28 y el viernes 29 en la occidental provincia argentina de Mendoza.
Para Franco, los países vecinos se extralimitaron porque, según sostiene, la sucesión se verificó dentro de lo que establece la Constitución.

Lugo fue sometido a un juicio político por mal desempeño de sus funciones, a iniciativa de una mayoría parlamentaria opositora, en medio de fuertes cuestionamientos sobre el cumplimiento del debido proceso. La Cámara de Diputados actuó como parte acusadora y el Senado como tribunal inapelable.
Las acusaciones fueron cinco: responsabilidad penal y política por la muerte de 17 campesinos y policías el 15 de este mes en un desalojo de tierras en Curuguaty; la firma sin consulta al parlamento de un protocolo de compromiso democrático del Mercosur que restringiría la soberanía nacional; incapacidad para frenar la ola de inseguridad pública; instigación y facilitación de invasiones de fincas y celebración de un mitin partidario en un cuartel militar.
Si bien todo se procesó en menos de 24 horas, sin espacio suficiente para el debate y la legítima defensa, Lugo acató el fallo, alegando que lo hacía para evitar hechos de violencia. Casi de inmediato el Senado juramentó en su reemplazo a Franco, quien debe completar el mandato, que concluye en agosto de 2013.

El expresidente estimó más tarde que se trató de un golpe jurídico parlamentario que ocasionó un quiebre institucional y exteriorizó sus deseos de estar presente en la reunión del Mercosur para dar su versión de los hechos ante los mandatarios del bloque, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
"Uno de los actores más importantes en esta coyuntura es la comunidad internacional, porque el país es muy vulnerable", dijo a IPS la politóloga Milda Rivarola. Hay muchas formas de asfixiar económicamente a Paraguay por su mediterraneidad y su debilidad institucional, dijo.
Paraguay es el socio más pequeño del Mercosur, responsable de apenas 0,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) del bloque, que se conforma con 80 por ciento de Brasil, 17,8 por ciento de Argentina y 1,5 por ciento de Uruguay.

Si se definieran sanciones, estas permitirían transparentar quién es quién detrás del gobierno de Franco, apoyado por los grandes hacendados y por el gremio empresarial e industrial.
"Estos sectores son soberanos como el Estado, ellos apoyaron el juicio político, pero si se dan sanciones económicas no querrán pagar los costos", argumentó. El exobispo católico Lugo ganó las elecciones de 2008, respaldado por una alianza de movimientos y fuerzas de izquierda y por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), segundo más importante de este país.
El PLRA le retiró su apoyo, tras cuatro años de gobierno en el que ocupó cuatro ministerios, y se acopló al juicio político promovido por el opositor Partido Colorado, desbancado del poder por Lugo luego de seis décadas que incluyeron la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
"El PLRA retiró su apoyo porque no daba más, intentamos convencerlo a Lugo de la necesidad de cogobernar, pero siempre fue terco y su entorno también", dijo a IPS el diputado Enrique Salyn Buzarquis, nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.
El caso de Curuguaty fue la gota que colmó el vaso, dijo Buzarquis en referencia al principal motivo de la base acusatoria.
El 15 de junio murieron 11 campesinos sin tierra y seis policías durante el desalojo de la finca Morombí, en Curuguaty, en el noreste del país.

Hasta ahora no hay datos claros sobre cómo ocurrieron los hechos. Sectores contrarios a Lugo sostienen que fueron los campesinos los culpables de la masacre, en tanto que fuentes cercanas al exmandatario hablan de infiltrados que ocasionaron una emboscada.
Las tierras de esa finca figuran a nombre de la compañía Campos Morombí SAC y Agropecuaria, perteneciente al empresario Blas N. Riquelme, miembro del Partido Colorado. Pero eran reclamadas como propiedad del Estado por la Procuraduría General y por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.
También la Comisión Verdad y Justicia, que funcionó entre 2003 y 2008 para investigar violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Stroessner, sostuvo que esas tierras habían pasado a manos del Estado, sujetas a la reforma agraria.
"Esto generó en una crisis grave en el campo, que ningún gobierno pudo resolver y que Lugo tampoco mostró señales reales" de solucionar, sostuvo Rivarola. En su opinión, lo más probable es que la masacre nunca se esclarezca.

El problema de la tierra es el principal foco de conflicto que afronta Franco.
"El compromiso es tratar de regularizar la tenencia de tierras en esa zona, por lo menos dar inicio a un catastro para ordenar la situación", explicó el novel ministro Buzarquis.
El senador Sixto Pereira, del Partido Popular Tekojoja, aliado de Lugo, dijo a IPS que Paraguay vivió un golpe a su proceso democrático, "promovido por las cúpulas partidarias para defender a la oligarquía poseedora de tierras mal habidas".
Las pruebas del complot son los argumentos poco consistentes de la acusación y el tiempo en que se desarrolló el juicio, indicó.
La politóloga Rivarola cree que hubo ceguera de Lugo y de su entorno ante la dimensión de la crisis que se gestaba, y también del parlamento, que no ponderó las consecuencias internacionales que puede soportar el país por lo ocurrido. Fuente IPS

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RÍO+20
Falta estrategia ante "crisis de la civilización"

En 1996, la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Habitat II) realizada en Estambul fue una de las más abiertas a la participación de la sociedad civil…

Análisis de Mario Osava

También reunió, en un gran volumen de conclusiones, miles de propuestas y recomendaciones de los participantes. Pero "faltó estrategia" para llevarlas a la práctica, sostuvo Jaime Lerner, conocido como gran urbanista por su innovadora gestión de Curitiba décadas atrás.
En contraste, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, conocida como Río+20, finalizó el viernes 22 sin permitir que se vislumbre una estrategia para salir de la trampa en la que se metió la humanidad.
Las propuestas de las organizaciones no gubernamentales fueron excluidas. Pero ¿acaso podría una conferencia gubernamental, con 99 por ciento de países capitalistas, digerir las tesis anticapitalistas del foro no gubernamental?

La declaración final de la Cumbre de los Pueblos en Río+20 asume el "desafío urgente de frenar la nueva fase de recomposición del capitalismo", en que "el pueblo organizado y movilizado" es la única forma capaz de "liberar al mundo del control de las corporaciones y del capital financiero".
La principal contribución de la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible puede ser un shock de realismo como estímulo a una reflexión, a partir del reconocimiento de realidades ignoradas, tanto en la pretensión de llamar "El futuro que queremos" al documento oficial como en la de convocar una "Cumbre de los Pueblos" en el Aterro do Flamengo, sugiriendo una jerarquía rechazada por esos mismos "pueblos" cuando se reúnen en el Foro Social Mundial.
Esa búsqueda de nuevos caminos ya comenzó. Un movimiento lanzado el sábado 23 en Río de Janeiro, el Río+20+1, o "Día Después", pretende construir una propuesta de "Un nuevo contrato social para el siglo XXI", actualizando las ideas del pensador Jean Jacques Rousseau, cuyo tricentenario se conmemora este año.
La iniciativa, ideada por el director ejecutivo del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (Unitar), Carlos Lopes, se inauguró con la presencia del presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (más conocido por sus siglas en inglés, IPCC), Rajendra Pachauri, y por el economista del ecodesarrollo Ignacy Sachs, entre otros.

Existe un cierto consenso sobre la necesidad de un nuevo patrón de producción y consumo. Pero sigue sin definirse ese paradigma y cómo alcanzarlo, temas de discrepancia inevitable. Nadie, ni siquiera entre los anticapitalistas de la Cumbre de los Pueblos, habla de una revolución social. El impasse evidenciado en Río+20 pone en jaque concepciones voluntaristas. Muchos reclaman un liderazgo con "osadía y coraje de estadistas" a los actuales ocupantes del poder para resolver la "crisis de la civilización", en la que se combinan crisis variadas como la ambiental, la económica, la social y la ética. ¿Acaso queremos que vuelvan los déspotas ilustrados?
El juicio político y la posterior destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo, en coincidencia con Río+20, dejaron en claro que los gobernantes también tienen sus límites. Deben responder a los intereses reales de la sociedad nacional y a la correlación de fuerzas, que se expresan en el poder político y económico, no en los sondeos de opinión en los que una mayoría dice tener preocupaciones ambientales.
La ausencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en Río+20 se atribuyó a los riesgos que enfrentará el hombre más poderoso de la Tierra en las elecciones previstas para noviembre. Asumir compromisos ambientales amenazaría su reelección.

La divergencia entre la dinámica política de corto y largo plazo sobre las cuestiones ambientales sería otro obstáculo para asumir los desafíos. Pero está fuera de discusión prolongar los mandatos, y ejemplos recientes muestran la creciente intolerancia hacia la perpetuación en el poder.
Parece indispensable una nueva institucionalidad para enfrentar las amenazas a la humanidad, como el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y de la disponibilidad de agua potable, la acidificación de los océanos y la desertificación.
La conferencia de Río debilitó el multilateralismo, acatando la tesis americana a favor de iniciativas nacionales, contra acuerdos mundiales vinculantes, concluyó la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) quedó atrapada por los intereses corporativos, según muchos otros activistas.
En este sentido, no parece prometedor crear en la órbita de la ONU una nueva agencia ambiental que tome como ejemplo a la Organización Mundial de la Salud o a la Organización Mundial del Comercio, principal propuesta para una gobernanza necesaria en esa área.
Tampoco se avanzó en la cuestión del financiamiento del desarrollo sostenible. La propuesta de los países emergentes de crear un fondo de 30.000 millones de dólares fue vetada, principalmente por Estados Unidos.

Pero en la reunión del Grupo de los 20 (G-20) países ricos y emergentes, celebrada casi en simultáneo en México, se aprobó un aporte de 456.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional, de los cuales 75.000 millones fueron ofrecidos por los emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en una clara señal de que la prioridad es "salvar a los bancos", se quejaron los activistas.
Ante esa complejidad de los problemas mundiales son inocuas las manifestaciones tautológicas de que necesitamos nuevos paradigmas de consumo. Hay medidas de evidente eficacia, como la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, que sumaban 409.000 millones de dólares el año pasado, según la Agencia Internacional de Energía.

La tendencia es a aumentar a 660.000 millones en 2020. ¿Por qué no se consigue siquiera reducir ese incentivo a la destrucción de la vida, como sí se logró en relación al tabaco?

Otra acción de resultados significativos, tanto ambientales como sociales y de salud, es distribuir eficientes hornos a leña, ya desarrollados, o incluso sustituir ese combustible ya usado por 3.000 millones de personas en el mundo.
Al "pueblo organizado", dividido en entidades no gubernamentales, sindicatos, movimientos sociales y entidades variadas con sus objetivos específicos, le falta una estrategia común para convertir en políticas públicas las experiencias eficientes en el área socioambiental e influir en las decisiones nacionales y mundiales determinantes para el destino de la humanidad.
Los caminos para una eficacia política, desaprobada o descartada por la vía partidaria, deberían aparentemente merecer una mayor reflexión de parte de los militantes. Fuente IPS

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El capitalismo recalienta el planeta

El sistema de producción y consumo actual, representado por las grandes corporaciones, los mercados financieros y los gobiernos que garantizan su mantenimiento, son "los que producen y profundizan el recalentamiento global y el cambio climático".

Por Fabiana Frayssinet

De este modo cuestionan el sistema económico y financiero imperante los promotores de la Cumbre de los Pueblos en Río+20 por la Justicia Social y Ambiental, que reunirá a unas 16.000 personas en Río de Janeiro, en paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se realizará del 20 al 22 de junio en esa misma ciudad brasileña.
El sistema capitalista, sostienen los organizadores de la cumbre, está ante una de sus "múltiples crisis" con "sus formas renovadas de dominación"
También es causante, según los activistas, del hambre, la desnutrición, la pérdida de bosques y de diversidad biológica y sociocultural, la contaminación química, la escasez de agua potable, el aumento de la desertificación de los suelos, la acidificación de los océanos, el acaparamiento de tierras y la mercantilización de todos los aspectos de la vida en las ciudades y el campo.
Esta fuerte y amplia crítica fue planteada por el grupo articulador de la Cumbre de los Pueblos, integrada por organizaciones y movimientos sociales de distintas partes del mundo, que tendrá lugar del 15 al 23 de junio, como el principal evento paralelo a la también llamada Río+20.

Al analizar los documentos de la reunión oficial, los coordinadores de la sociedad civil dijeron temer por la falta de resultados positivos de la negociación, que tiene como foco de discusión sobre la economía verde y la instauración de un nuevo sistema de gobierno ambiental internacional que la facilite.
"La economía verde, a nuestro entender, es una forma de hacer avanzar los intereses de las corporaciones sobre la naturaleza", dijo Fátima Mello, integrante del Grupo de Articulación de la Cumbre de los Pueblos.

"Estamos muy preocupados por la creación de mercados financieros, en los cuales el agua, el aire y la biodiversidad pasen a ser negociados como fuentes de financiamiento para un sistema que no altere en forma urgente los modelos de producción y consumo que están llevando al mundo a la catástrofe", agregó.
Mello, quien participó junto al también activista Marcelo Durão de una conferencia de prensa para corresponsales extranjeros en Río de Janeiro, teme que, a partir de los documentos de la negociación oficial, el debate de Río+20 "quede preso" de una dicotomía entre "austeridad y recesión, como estamos viendo en Europa, versus desarrollismo y crecimiento a cualquier costo, como vemos en Brasil".
"Ese debate de la economía verde es una falacia, un fortalecimiento mayor todavía de la acumulación de la riqueza, con foco principal en la naturaleza", agregó Durão, dirigente nacional del brasileño Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y uno de los representantes de La Vía Campesina en la cumbre.
Durão comparó Río+20 con la primera cumbre de este tipo realizada hace 20 años también en Río de Janeiro y conocida como Eco 92.

Mientras en la Eco 92 se había establecido un vínculo entre jefes de Estado y miembros de la sociedad civil, ahora "hay una relación entre las grandes corporaciones y los gobernantes", cuestionó.
"La lectura que hacemos es que las grandes corporaciones están apoderándose de la naturaleza", convirtiéndose en una "nueva manera de centralización de la riqueza", añadió Durão en posteriores declaraciones a IPS.
En el documento titulado "Lo que está en juego en Río+20", los representantes de la Cumbre de los Pueblos llaman la atención sobre el nuevo concepto planteado de economía verde, que "no cuestiona o sustituye el modelo basado en el extractivismo y los combustibles fósiles, ni sus patrones de consumo y producción industrial.
El sistema imperante, agrega el texto, "extiende la economía explotadora de la gente y el ambiente a nuevos ámbitos, alimentando el mito de que es posible un crecimiento infinito".
Las organizaciones de la sociedad civil consideran que los cultivos genéticamente modificados, los agrotóxicos, los biocombustibles, la nanotecnología, la biología sintética, la artificial, la geoingeniería y la energía nuclear, entre otras, son presentadas como "soluciones tecnológicas" a los límites naturales del planeta y a las múltiples crisis, sin encarar las verdaderas causas que las provocan.

Además se promueve la ampliación del sistema alimentario agroindustrial, "que es uno de los mayores factores causantes de las crisis climáticas, ambientales, económicas y sociales, profundizando la especulación con los alimentos, y favoreciendo el interés de las corporaciones del agronegocio en desmedro de la producción local y campesina", afirman.
Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos se manifestaron sorprendidos por la convocatoria que ha tenido en su encuentro "la crisis" financiera, social, ambiental, económica, energética y alimentaria. Se inscribieron unas 23.000 personas de 65 países, aunque por razones de logísticas solo podrán albergar hasta unas 16.000.
Uno de los puntos culminantes de la cumbre será una marcha a realizarse el 20 de junio. Al final del encuentro se buscará elaborar alguna conclusión para expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible.
Fuente:IPS

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Europeos y argentinos se miden en campos de OMC

El pleito iniciado por la Unión Europea (UE) contra Argentina ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene más fines políticos que comerciales, evaluaron expertos en esta ciudad suiza.

Gustavo Capdevila

En los papeles, la demanda europea apunta a las restricciones a las importaciones adoptadas en los últimos años por Argentina, reconocieron las fuentes que prefirieron reservar su identidad.

El funcionamiento del tribunal de la OMC, denominado Órgano de Solución de Diferencias, permite vaticinar que esta causa, como tantas otras diligenciadas en ese fuero, se arrastrará durante años.

Luego de apelaciones y dilaciones procesales previsibles, vendrá el periodo de aplicación de la sentencia firme, lo cual consumirá un lapso de por lo menos dos o tres años, estimaron.

Para entonces es muy probable que Argentina ya haya encontrado otras variantes económicas para hacerse de las divisas que ahora procura a través del superávit comercial y para lo cual regula las importaciones con procedimientos que la UE cuestiona.

Por eso, la causa iniciada este viernes 25 por los europeos parece más bien orientada a buscar un efecto mediático que presione al gobierno argentino centroizquierdista de Cristina Fernández y lo fuerce a recapacitar y moderar algunas de sus políticas que incomodan a los países industrializados, estimaron las fuentes.

Los expertos consultados por IPS dan por descontado que se formará un grupo especial (panel) que juzgará en primera instancia la demanda europea.

Los procedimientos de la OMC establecen que, si no hay acuerdo entre las partes, ese órgano se constituye de manera automática a los 60 días de la presentación del reclamo.

Todo ese proceso aumentará la agitación mediática contra Argentina, como también ocurrirá en los días venideros, cuando se vayan conociendo los nombres de los países que se sumen a la querella europea contra Buenos Aires.

"Sin duda alguna, me alegraré si en los próximos días o semanas algunos de nuestros socios comerciales se unen a nuestra acción en la OMC", dijo, con entusiasmo, el comisario europeo de Comercio, el belga Karel de Gucht.

El gobierno argentino ha reconocido que necesita superávit comercial para atender sus compromisos externos, pues hasta ahora le está vedado el acceso a las fuentes financieras tradicionales a causa del cese de pagos de su deuda que declaró a fines de 2001, en un periodo de turbulencias económicas y sociales.

Durante el gobierno del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), Argentina consiguió reestructurar en gran parte su deuda, pero dejó pendiente un arreglo de sus obligaciones, que se calcula en unos 9.000 millones de dólares, con el Club de París, como se denomina el acuerdo informal de países industrializados para coordinar soluciones de pago de naciones endeudadas.

"Si la Unión Europea tuviera real interés en que Argentina levantara sus restricciones a las importaciones debería haber favorecido un acuerdo con el Club de París", razonó un experto latinoamericano consultado por IPS.

"Desaparecida esa excepcionalidad, Buenos Aires podría retornar a los mercados financieros y redimensionar sus necesidades de excedentes en la balanza comercial", añadió.

De cualquier manera, lo que se avecina es un pleito áspero y prolongado. Las fuerzas son desparejas, como ocurre cada vez que un país en desarrollo es demandado por una nación industrializada, comentó una de las fuentes.

La UE dispone de un cuerpo legal probado en innumerables litigios seguidos ante los tribunales de la OMC. En cambio Buenos Aires, menos habituado a esas aulas, tendrá que recurrir, probablemente, a los bufetes de abogados expertos en comercio, con honorarios astronómicos, que ahora pululan en Ginebra.

En concreto, el bloque europeo cuestiona medidas del gobierno argentino que considera restrictivas y que incluyen el régimen de licencias de importación, los procedimientos para obtener esos permisos y la obligación de las empresas de equilibrar importaciones mediante exportaciones.

Esas restricciones afectaron en 2011 a las ventas europeas por un monto de 500 millones de euros (unos 626 millones de dólares al cambio actual), sobre un total de exportaciones a Argentina calculadas ese mismo año en unos 8.300 millones de euros (10.400 millones de dólares), según datos suministrados por Bruselas.

De Gucht dijo que los efectos de esas disposiciones recaen en una amplia gama de productos, de automóviles a electrodomésticos y de computadoras a teléfonos móviles.

El representante europeo sostuvo que el clima para el comercio y las inversiones ha empeorado de forma constante en Argentina durante los últimos años y afirmó que la expropiación de la mayoría de las acciones que tenía en la petrolera YPF la empresa transnacional de origen español Repsol, por parte del estado argentino, "es una clara prueba de eso".

Sin embargo, De Gucht reconoció que la expropiación parcial de Repsol no constituye un tema de competencia de la OMC pues cae bajo la jurisdicción de un acuerdo bilateral de inversiones entre España y Argentina.

Los negociadores comerciales argentinos sostienen que todas las medidas adoptadas con respecto a las importaciones cumplen con las obligaciones contraídas por su país como miembro de la OMC.

Por otro lado, en respuesta a las criticas de proteccionismo que los europeos endilgan al gobierno argentino, los representantes de Buenos Aires exhiben los elevados aranceles de importación y las subvenciones a la producción que la Unión Europea y Estados Unidos implantan para proteger a sus agricultores.
Fuente: IPS

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Gobierno define parámetros de éxito de Río+20

Como anfitrión de Río+20, el gobierno de Brasil definió los lineamientos para lograr buenos resultados de la próxima cumbre mundial que se propone evaluar y profundizar lo hecho desde la conferencia que asumió el primer compromiso mundial con el desarrollo sostenible.

Por Fabiana Frayssinet

El documento en borrador de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible todavía no fue definido por consenso, pero la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Izabella Teixeira, se atreve a pronosticar resultados positivos.

"Quien deje de venir se va a lamentar. Tendremos aquí economías expresivas", sostuvo Teixeira, al referirse a los países que ya confirmaron su presencia, entre ellos "los emergentes que vienen con peso" propio al encuentro más conocido como Río+20, que se realizará del 20 al 22 de junio.

La participación de muchos jefes de Estado y de gobierno ya es considerado un primer paso para el éxito de la conferencia de Río de Janeiro, porque revela "el gran interés internacional por el tema", dijo el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para Río+20, Luiz Alberto Figueiredo.

Giancarlo Summa, coordinador del Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Brasil, informó que hasta ahora han oficializado su presencia 135 gobernantes, entre presidentes, vicepresidentes y primeros ministros, como parte de las 183 delegaciones de países confirmadas entre los 193 estados miembros del foro mundial.

Para la ministra Teixeira, el éxito seria "excepcional" si la conferencia concluyese con "una obligación para todos" con el fin de cumplir compromisos de producción y consumo sustentable.

Un tipo de consumo en el que se establezcan "derechos y obligaciones de todos", agregó la funcionaria en el Encuentro Sustentable 2012, organizado la semanda pasada por el Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sustentable.

Junto a Figueiredo, con quien participó también de un debate con periodistas que cubrirán Río+20, la ministra agregó otros resultados esperados, como sería acordar una "plataforma empresarial que asuma un compromiso con la economía verde".

Teixeira indicó que el sector privado tuvo "un papel muy tímido" 20 años atrás en la Cumbre de la Tierra, también conocida como Eco 92.

Por su parte, Figueiredo estableció una lista de asuntos que al gobierno brasileño le "gustaría" ver plasmados en el documento final para que la reunión no sea tipificada en los titulares de la prensa como un fracaso.

El diplomático mencionó entre ellos la necesidad de que la conferencia deje "un legado" para el futuro como lo hizo la Eco 92, que tuvo un papel "fundamental" para que después "generaciones enteras se preocuparan por la sostenibilidad".

También dijo esperar que se defina "qué queremos como economía verde" y que se establezcan "objetivos de desarrollo sustentable".

Respecto de la polémica idea de crear una nueva agencia ambiental de la ONU, Figueiredo indicó que Brasilia defiende el fortalecimiento del ya existente Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

"Debe fortalecerse el PNUMA como pilar ambiental, pues en la situación en que está no tiene condiciones de desempeñar bien su papel", sostuvo.

Las organizaciones ambientalistas brasileñas han criticado lo que consideran una falta de protagonismo del gobierno de Dilma Rousseff camino a la próxima cumbre mundial, así como el nivel general de abstracción del documento negociado hasta ahora entre los miembros de la ONU.

La secretaria ejecutiva adjunta del Instituto Socioambienta, Adriana Ramos, dijo a IPS que, desde el punto de vista de las discusiones formales, "es muy difícil considerar que la conferencia será un éxito, porque no existen de hecho propuestas muy objetivas para generar un compromiso en el documento oficial".

Considerando ese limite, la ambientalista espera concretamente que Río+20 "sirva para llamar la atención de la población sobre las dificultades y los cambios que se necesitan para garantizar la sostenibilidad futura del planeta".

Hacen falta acuerdos que serían "positivos", como la modificación de sistemas de evaluación de desarrollo que consideren las variables ambientales o compromisos para limitar las exploraciones de recursos naturales en los océanos, apuntó.

Ramos consideró que en el sector energético haría falta que se retomen los compromisos establecidos en la convención climática para controlar las emisiones contaminantes. Aunque entiende que serán difícil de cumplir, en particular por el gobierno de Brasil frente al entusiasmo generado por el descubrimiento de importantes reservas de hidrocarburos cerca de la costa en el subsuelo del océano Atlántico.

Ramos no está de acuerdo con la posición de fortalecer el PNUMA como organismo de gobernanza ambiental y opta en cambio por la creación de una nueva estructura dentro de la ONU, "para garantizar el cumplimiento de los acuerdos ambientales".

"Necesitamos una agencia que tenga de hecho la capacidad de sanción", planteó.

A su turno, Nilo Dávila, de Greenpeace, puntualizó que el éxito del documento final dependerá de que se refleje no solo lo que debe hacerse sino "el camino" a transitar para concretarlo.

En ese contexto, este ambientalista comentó a IPS necesidades puntuales como la preservación de los océanos, de las florestas, la reglamentación del consumo y la extinción de los combustibles fósiles.

Dávila sostuvo que Río+20 debe volver a pactar compromisos establecidos en Eco 92 que no han sido cumplidos, como la Agenda 21 o la convención del clima y biodiversidad, además de establecer nuevas metas a partir de los actuales conocimientos y avances tecnológicos.

"Río+20 puede ser el inicio de ese camino. Lo que no podemos es perder una nueva oportunidad", concluyó.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de junio los líderes mundiales y representantes de la sociedad civil buscarán tomar decisiones sobre cómo reducir la pobreza y la desigualdad y asegurar, a la vez, la protección ambiental en un planeta cada vez más habitado.

Las discusiones contribuirán a definir la agenda de sustentabilidad para los próximos 20 años, así como identificar metas y soluciones para afrontar desafíos globales urgentes, entre ellos la falta de acceso a la energía y al agua potable, los océanos agotados, la inseguridad alimentaria, las desigualdades crecientes y las ciudades en rápida expansión.

También, según el Centro de Información de la ONU, se intentará definir formas para impulsar la sostenibilidad corporativa, la creación de empleos verdes, avanzar en el papel de la ciencia e innovación, o generar financiamiento para mejorar los mecanismos de la cooperación internacional.
Fuente IPS

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Peligra el periodismo, peligra la democracia

Más que culpar a la crisis por la precarización del periodismo, muchos profesionales denuncian que los poderes políticos y empresariales se aprovechan de ella para silenciar el pensamiento crítico y perseguir sus propios intereses.

Por Carlos Miguélez Monroy*

La crisis económica en España ha dejado sin trabajo a más de 6.200 periodistas y ha acabado con 57 medios de comunicación. Miles de profesionales de la comunicación, convocados por la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles (FAPE), se han unido para alertar de los peligros que entraña para la democracia la precarización del periodismo. “Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia”, repetían en 46 ciudades españolas.

Más que culpar a la crisis por la precarización del periodismo, estos profesionales denuncian que los poderes políticos y empresariales se aprovechan de ella para silenciar el pensamiento crítico y perseguir sus propios intereses.

Con el recorte de plantillas en las redacciones y en los medios audiovisuales, los profesionales que mantienen su puesto asumen más responsabilidades por el mismo sueldo. Pero no protestan por miedo a sumarse a la lista de parados. Ahora que la Ley de Reforma Laboral ha abaratado el despido, a los empresarios les tiembla menos el pulso a la hora de despedir a profesionales y sustituirlos por jóvenes con “becas de formación”.

Envían a estos “precarios”, como se les conoce debido a sus condiciones laborales, para que graben las declaraciones que los políticos leen y que llega intacta a las redacciones para un cortapega sin contexto y reflexión, elementos esenciales del buen periodismo.

Los políticos y cada vez más figuras públicas contribuyen a esta falta de profundidad al no admitir preguntas de los periodistas a los que convocan para sus ruedas de prensa. Podrían ahorrarles tiempo y transporte si les enviaran sus comunicados por correo electrónico. Olvidan que la esencia del periodismo está más en las preguntas que en las respuestas y que la labor de los profesionales de la comunicación consiste en adaptar la información a sus lectores, oyentes o espectadores.

Los recortes de plantilla en los medios aumentan su dependencia de las grandes agencias, más poderosas ahora que antes de la crisis económica. La calidad se deteriora también por el material enlatado, como se conoce a los contenidos que preparan los departamentos de comunicación y asesores de imagen.

La FAPE denuncia también la intimidación a la que se somete a los periodistas que informan sobre casos de corrupción política, con normas penales desproporcionadas por ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión.

Entre otras preocupaciones de los periodistas están la mayoría de ofertas de empleo en medios, muchos de ellos ni siquiera dirigidos por profesionales de la comunicación, sino por meros “gestores”. También critican la utilización de las concesiones de publicidad institucional o las licencias de radio y televisión para castigar o premiar a medios y periodistas en función de su línea editorial. También les preocupan los juicios paralelos, la compra de testimonios y el nulo valor que algunas cadenas de televisión dan a la presunción de inocencia.

Estas prácticas comprometen el derecho de las personas a una información de calidad y a participar en sociedad. John Milton, John Locke y John Stuart Mill, los primeros pensadores liberales ingleses, coincidían en la importancia que tenía el libre flujo de ideas no sólo para limitar el poder de los gobernantes y evitar tiranías, sino para que las personas pudieran formar sus propios criterios a partir de su capacidad de discernir. Estados Unidos heredó esa corriente de pensamiento y por eso denomina a la prensa como watchdog o perro guardián, el Cuarto Poder que impide los abusos de poder por medio del acceso a la información.

De continuar estas tendencias, los medios se habrán convertido en correas de transmisión y en colaboradores del marketing político necesario crear crispación, promover o revocar leyes, infundir miedo y controlar a una sociedad dominada por el ruido y la imagen. Este servilismo beneficia al modelo empresarial y de búsqueda de beneficios a toda costa que manejan muchos medios, en manos de grupos cada vez más grandes y menos plurales.

Además de estos debates, muchos periodistas se preguntan sobre la financiación de los medios donde ejercen su profesión en un contexto de crisis y buscan nuevas formas de hacer periodismo. Hay más preguntas que respuestas, pero mientras alguien lance esas preguntas, se mantendrá con vida el periodismo, uno de los pilares de nuestra democracia.

*Periodista español, coordinador CCS
ccs@solidarios.org.es Fuente:La Onda

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Sociedad civil corre el tren de Río+20

Innovar y redoblar la presión sobre los gobiernos es la consigna de la sociedad civil de cara a la conferencia Río+20, que tiene la ambiciosa meta de cambiar la forma en que la humanidad se relaciona con el planeta.

Por Fabíola Ortiz .-Río+20 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de junio en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, el mismo escenario que en 1992 enmarcó la histórica Cumbre de la Tierra.

Allí se discutirá la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para lograr ese desarrollo.

"Hay mucha preocupación por lo que va a pasar, hay escepticismo", dijo a Tierramérica el coordinador ejecutivo del no gubernamental Instituto Vitae Civilis, Marcelo Cardoso. "Para nosotros, será una oportunidad para que la sociedad civil internacional busque en conjunto agendas de convergencia" con las autoridades y el sector privado para alcanzar consenso.

En la Agenda 21, un plan de acción adoptado en la Cumbre de la Tierra, se previó la participación social, organizada en nueve grupos principales para influir en las negociaciones intergubernamentales: pueblos indígenas; agricultores; trabajadores y sindicatos; autoridades locales, empresas e industrias; comunidad científica y tecnológica; mujeres, niños y jóvenes y organizaciones no gubernamentales.

Esos nueve grupos intentan incidir en las discusiones formales y organizan campañas y actividades paralelas en el Foro de Sectores Interesados para un Futuro Sustentable.

"La sociedad civil organizada tiene que asumir un rol planetario", dijo Cardoso. Se trata de un colectivo fundamental para "los procesos decisorios", pero "complejo" y "muy fragmentado", reconoció.

"Queremos aglutinar a las organizaciones que trabajan el tema de la economía verde e integrar programas", dijo Cardoso. En 1992, la sociedad civil tuvo un papel de marco. "Hoy se necesita actuar en conjunto con el sector privado y gubernamental", remarcó.

El Instituto Vitae Civilis fue un actor civil destacado en 1992, cuando se adoptaron las definiciones sobre desarrollo sostenible. Desde 2008 participa de las discusiones en la Organización de las Naciones Unidas para redactar el documento final de Río+20, conocido como "zero draft" (borrador cero), integrando el grupo de organizaciones no gubernamentales.

Además de ese documento, de Río+20 debería emerger un programa de metas de sostenibilidad que abarque desde la erradicación de la pobreza hasta la estabilización del clima planetario, aunque lo más probable es que no se adopten compromisos obligatorios.

También se deberían sentar las bases de instituciones globales con poder para implementar y hacer cumplir lo acordado.

Según su definición tradicional, el desarrollo sostenible satisface las necesidades humanas del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de hacer lo propio. Como principio orientador a largo plazo se compone de tres pilares: el avance económico, el social y la protección ambiental.

Pero las últimas décadas atestiguan pocos avances de ese modelo, y hoy el mundo enfrenta una crisis económica y financiera que afecta sobre todo al Norte industrial y crisis más profundas y duraderas, como la climática, la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales y la persistencia de la pobreza.

Río+20 corre riesgo de acabar en un gran retroceso para la naturaleza, advirtieron 18 expertos en ambiente, exministros y legisladores de Brasil en un documento divulgado el 18 de este mes.

Los autores del documento –entre ellos la exministra de Ambiente, Marina Silva– consideran que la agenda de la cumbre esta muy "diluida", pues no ha puesto lo ambiental como principal eje.

Para Carlos Henrique Painel, coordinador del Foro Brasileño de ONG y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el desafío social es presentar las "verdaderas soluciones".

Painel es uno de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos sobre Río+20 por la Justicia Social y Ambiental, que entre el 15 y el 23 de junio buscará ser contrapunto de la conferencia oficial.

Muchas organizaciones critican el concepto de economía verde como una "monetización de la naturaleza y de los bienes comunes", dijo a Tierramérica. Lo que se necesita es un "nuevo pacto para una agenda global".

"Queremos apuntar a las causas de las crisis estructurales que vivimos, mostrar las verdaderas soluciones que practican los pueblos, como la agroecología y la permacultura", explicó Painel.

El negociador jefe de la delegación brasileña en Río+20, embajador André Corrêa do Lago, sostuvo que la sociedad civil no solo podrá hacer sugerencias, sino influenciar los rumbos y opciones que tomen muchos países.

A partir del 16 de este mes, una plataforma virtual, Río+20 Diálogos https://www.riodialogues.org/es/, aspira a mejorar esa participación, dijo el diplomático en un seminario para periodistas.

La herramienta, que puede soportar hasta 400.000 personas conectadas al mismo tiempo, busca reunir expertos mundiales del sector académico, la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación que definan recomendaciones prácticas "que se comunicarán directamente a los jefes de Estado y de gobierno durante las sesiones de alto nivel".

Los diálogos, dijo Corrêa do Lago, están organizados en 10 tópicos: agua; bosques; ecociudades e innovación; desarrollo sostenible como respuesta a las crisis económicas; desempleo, trabajo decente y migraciones; economía del desarrollo sostenible; energía sostenible para todos; erradicación de la pobreza; océanos y seguridad alimentaria y nutrición.

A través de la tecnología se puede asegurar una "participación grande e innovadora", estimó. Aunque no sea ideal, "es una contribución importante".

* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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Uruguay apoya la participación de Cuba en la próxima Cumbre de las Américas

El canciller Luis Almagro se mostró satisfecho con el resultado político de la VI Cumbre de las Américas…

Mujica en la Cumbre

El canciller Luis Almagro se mostró satisfecho con el resultado político de la VI Cumbre de las Américas, ya que más allá de que no hubo declaración final, 32 países acordaron invitar a Cuba a la próxima Cumbre, porque la misma debe hacerse sin “excluidos”. Confirmó que el Presidente uruguayo conversó "franca y distendidamente" con su par norteamericano durante una cena y ratificó el encuentro de Mujica con Rousseff para el próximo 19 de abril.

En declaraciones a la prensa realizadas este 16 de abril, el canciller Luis Almagro destacó el “resultado político” de la VI Cumbre de las Américas realizada la semana pasada en Cartagena de Indias, Colombia, con el cual se mostró conforme. Coincidió en la necesidad de que la próxima Cumbre se realice sin “excluidos”, en referencia a Cuba, decisión a la que arribaron 32 países de Latinoamérica y El Caribe.

El ministro de Relaciones Exteriores estimó que la presencia de Uruguay en la próxima Cumbre, sin la asistencia de Cuba, no tiene sentido, pero reconoció que se trata de una decisión de Gobierno que dependerá de la administración que esté al frente del país en ese momento.
 
La posición de Estados Unidos de vetar el tema Cuba fue determinante para que no se concretara una declaración final, sostuvo el ministro.

Soberanía de Islas Malvinas

En otro orden, precisó que el tema Malvinas no fue incluido porque no hubo declaración final, “de lo contrario hubiera estado presente”. Fue un tema en el cual no hubo unanimidad pero hasta el propio Estados Unidos anunció que se disociaban del párrafo, sin perjuicio de que el mismo constara en la declaración, a la cual finalmente no se arribó.

Reunión Mujica-Obama

Con respecto al encuentro que mantuvieron los presidentes uruguayo y norteamericano en el marco de la VI Cumbre de las Americas, el canciller explicó que se trató de una cena, donde la cercanía de sus ubicaciones les permitió a ambos mandatarios conversar “franca y distendidamente por más o menos dos horas”. Agregó que en esa instancia compartieron opiniones sobre temas puntuales de la agenda internacional y lo más relevante de la bilateral.

Los temas comerciales también fueron abordados, dijo Almagro, pero recordó que éstos ya tienen su mecánica a través del TIFA. Resaltó el crecimiento de las exportaciones uruguayas a los Estados Unidos revelado este año y en 2011, por lo cual “no se discutió ningún formato de acuerdo o tratado de ningún estilo”, dijo.

Encuentro Mujica-Rousseff

Almagro comunicó que el próximo jueves 19 el Presidente José Mujica y delegación, visitará Brasilia para reunirse con la Presidenta Dilma Rousseff.

La agenda prevista abordará temas bilaterales, relacionados con el comercio, integración física, productiva y energética. Agregó que algunos de estos temas se vienen negociando desde hace algún tiempo y ahora el objetivo es impulsarlos políticamente para lograr resultados concretos.

Durante el mes de abril la cancillería se reunirá con la Cámara de Industrias y se analizarán las medidas a adoptar para paliar el efecto que pueda tener en la producción industrial del país, las decisiones que tomen los países del MERCOSUR.

MERCOSUR y EEUU

El MERCOSUR tiene en sus previsiones a futuro la posibilidad de realizar un TLC con Estados Unidos, reconoció Almagro. Actualmente la agenda del bloque regional es muy extensa y en estos momentos se encuentra abocado a las renegociaciones MERCOSUR-UE, y ya se llevan firmados dos TLC con Palestina y Egipto, aparte del ya suscrito con Israel.

A su entender, el MERCOSUR debe tener una agenda externa que implique negociaciones con los principales mercados mundiales, como Estados Unidos, China y otros mercados potenciales para la región. “Tenemos que recuperar la competitividad arancelaria que hemos estado perdiendo en este tiempo”, aseguró el ministro.

Fuente: Presidencia

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"La realidad va por otro lado"…

Cumbre de las Américas

CARTAGENA DE INDIAS, Colombia- Lo importante "de la cumbre no pasa por la agenda oficial", consideró la analista uruguaya Laura Gil, coincidiendo con el comentario callejero en este puerto sobre el mar Caribe colombiano, donde sesiona la VI Cumbre de las Américas: "La realidad va por otro lado".

La V Cumbre de los Pueblos terminó con una manifestación sin incidentes en Cartagena de Indias Crédito: Prensa Cumbre de los Pueblos

Por Constanza Vieira

Nuevamente, esta reunión hemisférica no logró consenso y arriesga a culminar este domingo 15 sin una declaración final.

Lo mismo pasó en 2009, en la V Cumbre celebrada en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, cuando el gobierno de ese país tuvo que concluir con una declaración solitaria de balance.

En esta VI Cumbre, instalada este sábado 14, los cancilleres no lograron acuerdo previo para un documento consensuado.

Puntos centrales de discordia son la persistencia del bloqueo de Estados Unidos a Cuba y el reclamo de la soberanía argentina sobre las australes Islas Malvinas, en poder de Gran Bretaña.

Gil, analista y experta en relaciones internacionales radicada en Colombia, dijo a IPS que "parece que se está formando un consenso latinoamericano también sobre drogas".

"Justo son estos tres temas los que dividen al hemisferio en dos, o están enfrentando a los países latinoamericanos con Estados Unidos y Canadá", apuntó.

"El proceso de las cumbres de las Américas está en crisis. Lo que deja claro la VI Cumbre es que no se pueden seguir posponiendo ciertos temas, en particular el asunto de Cuba", excluida de estas citas por decisión de Estados Unidos, agregó.

En su opinión, "una próxima cumbre sin Cuba no va a tener lugar. O está Cuba o no hay cumbre. La ausencia de (Rafael) Correa es una bandera roja", señaló respecto de la promesa cumplida del mandatario ecuatoriano de no asistir a ninguna otra reunión hemisférica a la que no se invite al gobierno de la isla caribeña.

Según la experta, "Colombia apostó a ser un país bisagra, es decir capaz de tener un papel facilitador entre bloques ideológicos. Pero esa es una apuesta en la que Colombia no puede producir milagros".

Así, "esta cumbre vuelve a recordar que las ideologías todavía importan. Los limitantes se están viendo".

El embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, excanciller y exembajador de su país en Bogotá y en Washington, dijo a la emisora colombiana RCN Radio: "Esto es una rebelión de las democracias latinoamericanas contra la hegemonía de Estados Unidos y Canadá".

Ambos países quedaron aislados, en una votación de 32 contra dos, respecto de una resolución que ponía fin a la exclusión de Cuba en una reunión de cancilleres que debía aprobar los documentos que considerarán los presidentes.

Además del presidente ecuatoriano, a última hora tampoco acudieron los mandatarios Michel Martelly, de Haití, y Daniel Ortega, de Nicaragua. Este último encabezó un mitin de solidaridad con Cuba.

Mientras en la mañana de este sábado se conoció que, por imperativos de su tratamiento contra el cáncer, el mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, desistió de viajar a Colombia.

Al atardecer de la primera jornada, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) oficializaron en Cartagena una declaración que advierte que no asistirán a más cumbres sin Cuba.

El ALBA está conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Honduras, Nicaragua, San Vicente y Granadinas y Venezuela.

El discurso anfitrión

En la instalación de la VI Cumbre, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue enfático. Exhortó a "no ser indiferentes" a un proceso de cambio que está ocurriendo en Cuba, el cual, dijo, es reconocido cada vez más ampliamente y debe continuar.

"Es hora de superar la parálisis a la que lleva la terquedad ideológica y buscar consensos mínimos para que ese proceso de cambio llegue a buen puerto, por el bien del pueblo cubano", agregó.

"El aislamiento, el embargo, la indiferencia, el mirar para otro lado han demostrado ya su ineficacia", dijo Santos. En cuanto a Haití, el país más pobre del continente, el presidente anfitrión propuso acoger la agenda de su gobierno, en lugar de impulsar "agendas propias".

También afirmó que "Centroamérica no está sola". Santos indicó que debe combatirse el crimen organizado, pero la lucha antidrogas debe centrarse en "las víctimas", incluidos los "millones" encerrados en las cárceles.

Esta cumbre no encontrará la solución al pedido latinoamericano de afrontar el fracaso de la guerra al narcotráfico, "lo doy por hecho", dijo en su estilo pragmático.

Sigue la militarización

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dio a entender que su país toleraría que América Latina flexibilice las políticas de penalización de las drogas, pero que Washington profundizará la represión armada al narcotráfico mediante estrategias regionales, como la aplicada en América Central y México.

"Sé que hay frustración y que algunos piden legalización. Por la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos –de todos nuestros ciudadanos– Estados Unidos no irá en esa dirección", dijo Obama este sábado 14.

Además, anunció que su gobierno ampliará la asistencia a la guerra antidrogas "de nuestros amigos centroamericanos", con "más de 130 millones de dólares este año".

"Ustedes pueden despenalizar, pero eso no acabará con las mafias. Y ahí estaremos nosotros", con presencia militar apenas los cargamentos de droga pasen fronteras, resumió a IPS la posición estadounidense el especialista colombiano Ricardo Vargas, de Acción Andina.

La V Cumbre de los Pueblos

Desde otro punto de Cartagena, Enrique Daza, coordinador de la Alianza Social Continental, organizadora de la V Cumbre de los Pueblos, dio parte de "satisfacción" a la misma hora en que Santos era aplaudido de pie en el auditorio donde sesiona la VI Cumbre de las Américas.

"No consiguieron invisibilizar nuestras exigencias", dijo Daza en el cierre de esta reunión, también conocida como la "anticumbre".

El encuentro alternativo rechazó que Estados Unidos pueda todavía "imponer su agenda" en estas cumbres y exigió el fin de la militarización adoptada con el pretexto de la guerra a las drogas, que también termina criminalizando la lucha social, aseveró.

En su declaración final, la V Cumbre de los Pueblos fustigó a Estados Unidos y Canadá por empeñarse en promover tratados de libre comercio con otros países del continente. Canadá fue duramente criticado por promover en América Latina un "modelo depredador", en referencia a las operaciones de sus empresas mineras. "Los derechos de los inversionistas no pueden estar por encima de los derechos de los pueblos y de la naturaleza", dijo la Cumbre de los Pueblos.

El encuentro de movimientos sociales, indígenas, grupos de izquierda y organizaciones de derechos humanos, ecologistas y feministas también lanzó una velada crítica a los gobiernos socialistas de América Latina.

Aunque reconoció esfuerzos como el ALBA y la novel Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, consideró que los gobiernos continentales "progresistas y de izquierda" deben avanzar contra el modelo extractivista y de concentración de tierras.

A cambio, la Cumbre de los Pueblos propuso una integración autónoma de la región y el conocimiento y respeto por los aportes indígenas y campesinos en el arte del "buen vivir" y de una cultura de paz.
Fuente IPS

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Un siglo de meteorología alterada

Las condiciones meteorológicas extremas se vuelven norma a gran velocidad. Así lo confirman las dos semanas de calor estival que cayeron sobre Canadá y Estados Unidos cuando el hielo y la nieve del invierno aún no se habían marchado.

Familia en una aldea inundada a orillas del río Atrato en Chocó, Colombia. Crédito: Jesús Abad Colorado/IPS

Por Stephen Leahy

En este mes de marzo buena parte de América del Norte se "cocinó" a temperaturas extraordinariamente altas, que derritieron toda la nieve y el hielo invernales y batieron por amplio margen los récords térmicos de los últimos 150 años.

El año pasado, Estados Unidos soportó 14 desastres –inundaciones, huracanes y tornados– que causaron pérdidas de varios miles de millones de dólares.

Un nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), divulgado el 28 de marzo, abunda en evidencias de que esos eventos meteorológicos sin precedentes están aumentando en cantidad y severidad. Y, si se mantiene el actual ritmo de contaminación de gases de efecto invernadero, alcanzarán grados preocupantes a lo largo de este siglo.

A partir de 1950 se registraron muchas más olas de calor y temperaturas extraordinariamente elevadas que en las décadas anteriores.

Esas manifestaciones seguirán en aumento en los próximos decenios, tal como la frecuencia de precipitaciones intensas en regiones tropicales y en latitudes alejadas del Ecuador, sostiene el Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (Informe especial sobre el manejo de riesgos de eventos extremos y desastres para promover la adaptación al cambio climático), conocido por sus siglas en inglés SREX.

Esa jornada especialmente calurosa que se presenta una vez en 20 años, a fines del siglo XXI ocurrirá cada dos años en la mayoría de las regiones, excepto en las situadas en el Hemisferio Norte y en latitudes lejanas al Ecuador, donde el fenómeno se produciría una vez por lustro.

También es probable que aumente la velocidad máxima de los vientos de los ciclones tropicales, mientras cae o sigue igual la frecuencia de estos eventos en todo el mundo.

Las sequías serán más intensas en el sur y el centro de Europa, en la región del Mediterráneo, en el centro de América del Norte, en América Central y en México, en el Nordeste de Brasil y en África austral.

El aumento del nivel del mar, sumado a una meteorología extrema, hará inhabitables muchos lugares para fines de este siglo, dijo Christopher Field, copresidente del Grupo de Trabajo II del IPCC, que produjo el informe junto con el Grupo de Trabajo I.

Sitios que ya soportan estos problemas, como los pequeños estados insulares y ciudades costeras como Mumbai, podrían ser abandonados en las próximas décadas, si no se efectúan importantes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, dijo Field en una conferencia de prensa.

Ya no se discute que el drástico aumento de los eventos meteorológicos extremos es una de las señales más claras de que quemar miles de millones de toneladas de combustibles fósiles ha alterado el clima mundial de forma permanente.

"Todas las manifestaciones meteorológicas se ven afectadas por el cambio climático, porque el ambiente en el que ocurren es más cálido y más húmedo que antes", dijo a Tierramérica el científico Kevin Trenberth, del Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos.

Esas enormes cantidades de calor y humedad atrapados en la atmósfera son un potente combustible para los eventos extremos. Tiene poco sentido debatir si esta o aquella tormenta fue causada por el cambio climático cuando todo el sistema meteorológico mundial está alterado, señaló Trenberth, uno de los autores de los informes del IPCC.

"El principal mensaje del informe es que ahora sabemos lo suficiente para tomar buenas decisiones sobre el manejo de riesgos de desastres relacionados con el cambio climático. Algunas veces aprovechamos ese conocimiento, pero muchas veces no", dijo Field. En 2010, Guatemala y Colombia estuvieron entre los más perjudicados por eventos extremos, según el Índice Mundial de Riesgo Climático, elaborado por la organización no gubernamental alemana Germanwatch. De hecho, esos países sufrieron más que Rusia, cuya publicitada ola de calor mató a unas 50.000 personas.

El Índice analiza los impactos que tuvieron los fenómenos extremos en la economía y la sociedad en los últimos 20 años.

Entre 1991 y 2010, los 10 países más afectados en daños materiales y muertes fueron todos del Sur en desarrollo. Bangladesh, Birmania y Honduras lideran la lista.

"No hay dudas de que las manifestaciones extremas y los daños han ido en aumento", dijo Sven Harmeling, de Germanwatch. Y no es porque simplemente ahora haya más infraestructura que destruir, declaró Harmeling a Tierramérica desde Berlín.

Los países están adquiriendo conciencia sobre los riesgos, pero pocos adoptan medidas para abordarlos, pese a que es mucho más barato prepararse que recuperarse de un desastre, sostuvo.

Es difícil asignar fondos públicos o de donantes para un fenómeno que quizás no ocurra por muchos años. Sin embargo, un país como Honduras, que en 1998 fue demolido por el huracán Mitch y otras tormentas y lluvias intensas posteriores, nunca se recuperó, señaló Harmeling.

Bangladesh pudo realizar inversiones importantes en la prevención, por lo cual sufrió menos daños en los últimos tiempos, comparó.

El nuevo informe del IPCC es un aporte significativo, pero tiene lagunas y carece de los últimos hallazgos científicos que especifican mejor los vínculos entre eventos meteorológicos extremos y el cambio climático, según Harmeling.

El estudio recomienda a países y regiones tomar medidas de adaptación de "arrepentimiento bajo o nulo", aquellas que requieren inversiones modestas o moderadas para elevar la capacidad de soportar los riesgos climáticos.

Por ejemplo, poner en funciones sistemas de alerta a la población sobre desastres inminentes, modificar la planificación del uso de la tierra y del manejo de ecosistemas, perfeccionar la vigilancia sanitaria, el suministro de agua y los métodos de drenaje y saneamiento, así como desarrollar y aplicar nuevas normas de construcción.

Las conclusiones del Índice Mundial de Riesgo Climático y las recomendaciones del estudio del IPCC "deben verse como una señal de alerta", dijo Harmeling. Hay que estar "mejor preparados".

* Este artículo fue publicado originalmente el 31 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

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Más ecología y menos economía para Río+20

Cientos de entidades no gubernamentales y movimientos sociales internacionales apuestan a contraponer el éxito de la Cumbre de los Pueblos al fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que estiman previsible.

Por Fabíola Ortiz

Ambas citas se celebrarán en junio en Río de Janeiro, la ciudad brasileña que fue sede, dos décadas atrás, de la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, considerada un momento de inflexión en la arquitectura del derecho ambiental internacional.

Río+20 atraería a unas 50.000 personas que tomarán parte de reuniones preparatorias y actividades paralelas durante buena parte de junio, y a unos 120 jefes de Estado y de gobierno entre los días 20 y 22 de ese mes, según las previsiones oficiales.

La Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental en Defensa de los Bienes Comunes se celebrará entre el 15 y el 23 en el parque Aterro do Flamengo, cerca del centro de Río de Janeiro, con unos 10.000 participantes y como un ámbito independiente de la conferencia oficial.

Representantes de unas 20 organizaciones sociales, sindicales, juveniles, femeninas, indígenas, campesinas y afrodescendientes se reunieron en la cuarta semana de marzo en Río para coordinar acciones, afinar el discurso de insatisfacción ante Río+20 y hacer los últimos preparativos de la gran movilización de junio.

Uno de los desafíos es incluir los derechos de los pueblos nativos en la concepción del desarrollo sostenible, dijo a Tierramérica el activista Sander Otten, del comité técnico de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) que reúne a grupos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

"Necesitamos exigir el cumplimiento de derechos que, en realidad, significan que los pueblos tengan la posibilidad de incidir en proyectos que se van a llevar a cabo dentro de sus territorios", dijo Otten.

Durante los días 17 y 18 de junio, un comité global de los pueblos indígenas debatirá los dos factores clave de ese asunto: la presencia e impacto de las industrias extractivas y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas sobre medidas que afecten a sus territorios, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Otten admitió que hubo avances en materia de derechos indígenas en los últimos 20 años. Pero, "en la mayoría de los casos, vemos que los gobiernos de los países andinos están apostando a la intensificación del modelo extractivista, la actividad minera, petrolera y los grandes monocultivos", dijo.

Las organizaciones indígenas de los Andes quieren sumarse a las discusiones sobre economía verde –uno de los pilares de Río+20– y proponer alternativas desde su cosmovisión, el "paradigma del buen vivir", y una gestión comunitaria de la economía respetando a la "Madre Tierra", dijo.

"La contribución de los indígenas será seguir promoviendo el buen vivir como alternativa hacia la humanidad y abrir el diálogo con otros paradigmas críticos de la modernidad", que sigue en búsqueda del crecimiento económico en lugar de "la solidaridad y la reciprocidad", resaltó Otten.

La CAOI apuesta a una mirada menos economicista para arribar a soluciones reales a la crisis ambiental. "Lo que vemos en la actualidad no es la implementación del modelo de economía verde en los países de Sudamérica", dijo Otten, sino "justamente lo contrario".

"Se profundiza el modelo extractivista que bajo ninguna forma puede ser considerado verde. La economía 'marrón' está avanzando en estos países", criticó.

Otten defiende una reforma que grave los combustibles fósiles y ponga fin a los subsidios que recibe ese sector. También se debe incluir en los precios de los derivados de los hidrocarburos los costos sociales y ambientales de su explotación, hasta ahora considerados "externalidades", propuso.

Sandra Morán, de la Alianza Política del Sector de Mujeres en Guatemala e integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres, dijo a Tierramérica que la equidad de género debe articularse en la formulación de propuestas alternativas que promuevan la calidad de vida de la población femenina.

"Nosotras jugamos un rol fundamental en la vida, estamos en el centro y reproducimos la vida. Tenemos que recuperar el aporte que las mujeres hemos hecho siempre y acabar con la división sexual del trabajo", dijo Morán.

Las feministas buscan coordinar acciones con otros movimientos sociales para cristalizar "una alternativa a lo que vivimos, que es la extrema pobreza, la violencia, la militarización, el control y el autoritarismo", agregó.

La activista no espera el éxito de Río+20, pues en la conferencia se van a firmar decisiones ya tomadas, estimó. En su opinión, "no hay posibilidad de incidir en eso".

Para ella, la fortaleza de la Cumbre de los Pueblos está en "encontrarnos, potenciar propuestas y generar movimientos que vayan desde nuestras comunidades".

La desconfianza ante Río+20 parece haber ganado a parte de los legisladores brasileños, que organizan una iniciativa paralela en busca de la atención de los medios y de la opinión pública. Se trata de Río Clima (Rio Climate Challenge, en inglés), que pretende profundizar el debate sobre el cambio climático entre el 14 y el 17 de junio.

"Vamos a hacer una gran simulación de las negociaciones entre los países emisores de carbono y las entidades supranacionales para intentar llegar a un consenso", dijo a Tierramérica el diputado Alfredo Sirkis, del Partido Verde, que preside una subcomisión especial en la Cámara de los Diputados de Brasil.

El objetivo es sostener una discusión, sobre bases realistas, que permita reunir los elementos de un acuerdo internacional para mantener la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera por debajo de las 450 partes por millón, tal como reclama la ciencia para evitar un cambio climático desastroso.

A las negociaciones simuladas se invitará a facilitadores de los grupos BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China), de la Unión Europea, de Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Indonesia y Rusia, de la Liga Árabe y de los pequeños estados insulares.
Fuente IPS

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Monetarismo: Colonización Mental

Para la Liberación no es suficiente dejar el capitalismo, es necesario dejar la cultura que lo originó…

Por Julio Monsalvo

Nuestro querido amigo Benjamín Malamud,  en “Investigaciones médicas incentivadas o castigadas, con dinero!”, artículo que recientemente nos regalara, cuestiona con claridad y contundencia que el dinero sea el único valor a considerar en la actividad médica.
Lo que nos dice el autor es aplicable a diversas actividades humanas en múltiples escenarios, lo cual es coherente en el contexto de un mundo en donde se ha impuesto el capitalismo como sistema social, político y económico.
Se enaltecen emprendimientos que optimizan ganancias, rendimiento, costo/beneficio, consumo.
El llamado “progreso” de un país “se mide” por el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI): suma de bienes y servicios valorizados en una cifra monetaria.
Sin embargo, no se tiene en cuenta qué tipo de bienes ni qué tipo de servicios suman al PBI y cómo impactan los mismos en la salud y en la vida.
Lo integra tanto producir alimentos saludables mediante la Agroecología como con  la Agroindustria con su paquete de transgénicos y químicos;  fabricar bicicletas como armas.
Este pensamiento único no sólo se impone en grandes políticas sino que coloniza las mentes atravesando todas las edades y las más variadas situaciones cotidianas.
Un joven profesional se encuentra con su colega amigo que se trasladó a otra ciudad donde  instaló un consultorio privado.  “¿Cómo te está yendo con las consultas? ¿Tienes muchos clientes?”, es lo primero que pregunta.
Un grupo de pequeños campesinos son afectados por las fumigaciones sobre cultivos de soja en campos linderos. Se zanja el conflicto al acordar con los empresarios una suma de dinero para “compensar” los patos que murieron y la superficie de cultivo de algodón que se dañó.
La colonización mental reduce la vida sólo a tener dinero. Esclaviza tanto al que no tiene suficiente como al que tiene demasiado
Para liberarnos, lo primero es tomar consciencia de esta colonización.
Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, el capitalismo es fruto de la cultura dominante. Cultura antropocéntrica en la que el ser humano asume la potestad de controlar y explotar la Naturaleza, sintiéndose fuera de la misma.
Para la Liberación no es suficiente dejar el capitalismo, es necesario dejar la cultura que lo originó.
Volver a sentir que somos Naturaleza, recuperar el sentido de pertenencia, nos genera otra ética, otra manera de relacionarnos con toda forma de vida.
Bután, pequeño país en el Himalaya, nos da una bella lección. No le interesa el PBI sino la Felicidad Nacional Bruta (FNB)
La FNB se basa en el desarrollo socioeconómico equitativo y sostenible, buen gobierno, conservación y promoción de la cultura tradicional y pureza del medio ambiente.  No se mide cuantitativamente.
Para Manfred Max Neef, prestigioso economista chileno, la FNB, “sería un indicador absolutamente estupendo, porque, después de todo, ¿de qué se trata en una sociedad humana?, ¿de aspirar qué? ¿aspirar a tener más cosas o aspirar a ser más feliz o menos infeliz?”
Hasta la Victoria de la Vida Siempre!   

 Fuente; Prensa Ecuménica

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Indígenas peruanos buscan amparo en justicia supranacional

Indígenas y campesinos de Perú llevan su reclamo de ser consultados sobre la explotación minera y petrolera en sus territorios ante la justicia internacional...

Por Milagros Salazar

Dirigentes indígenas de Perú reclamarán al gobierno que se respeten sus derechos a la consulta sobre el conflictivo proyecto aurífero Conga, en la norteña región de Cajamarca, en una reunión este sábado 24 en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Si vamos a una instancia internacional es porque en Perú no se cumplen las leyes", advirtió Magdiel Carrión, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami), una de las participantes del encuentro.

"Siempre nos dicen a las comunidades que somos intransigentes porque protestamos, cuando es el Estado el que toma decisiones sin consultarnos y poniendo en riesgo nuestras vidas", afirmó.

Carrión estará acompañado de Milton Sánchez, de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, en representación de Cajamarca.

La reunión de trabajo es resultado de una medida cautelar que solicitaron en diciembre las organizaciones indígenas agrupadas en el denominado Pacto de Unidad, debido al estado de emergencia que estableció el gobierno de Ollanta Humala para que la policía pudiera intervenir en las protestas contra Conga, que la empresa Yanacocha planifica ejecutar en Cajamarca.

La medida cautelar buscaba proteger la integridad de las rondas campesinas –comités de autodefensa desarmados y reconocidos por ley para vigilar tierras y ganados de la comunidad– que se pronunciaron contra el proyecto, aparte de solicitar que el Estado respete el derecho a la consulta y consentimiento.

Carrión aseguró que, como resultado de las protestas, fueron denunciados unos 40 dirigentes campesinos, acusados de provocar disturbios y de entorpecer el libre tránsito en los caminos.

"Creemos que es posible utilizar la legalidad para resolver un problema, en lugar de que las personas se estén matando a palos, piedras y balas", sostuvo Raquel Yrigoyen, vicepresidenta del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad en Perú, que acompaña en esta demanda a los campesinos.

"Debido a que en Perú no hay solución, en la Comisión se presenta la oportunidad de que los dirigentes lleguen a algún acuerdo con las autoridades", explicó a IPS.

Irigoyen, quien fue jefa del gubernamental Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, indicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló que en proyectos de gran envergadura, con posibles impactos en la vida de estas poblaciones, deben existir tres salvaguardas.

Una es la consulta, la participación efectiva y el consentimiento del pueblo que sería afectado, la segunda es un estudio de impacto ambiental independiente antes de entregarse la concesión y, por último, una indemnización en el caso de que la comunidad admita el proyecto.

En los últimos años, campesinos han llevado casos ante el sistema de justicia de la Organización de los Estados Americanos, que conforman la Comisión y la Corte, en defensa de sus territorios y una vida saludable.

Entre los más destacables figura el de los indígenas en aislamiento voluntario mashco-piros, de la región amazónica Madre de Dios, que en 2005 solicitaron medidas cautelares debido a que madereros ilegales ponían sus vidas en peligro.

En 2004, la Comisión admitió las solicitudes de medidas cautelares presentadas por Conacami para proteger a los habitantes del pueblo de San Mateo de Huanchor que eran afectados por los relaves mineros de la empresa Lisandro Proaño.

En ambos casos, el sistema interamericano solicitó al Estado peruano que tomara acciones inmediatas.

"Ante la lentitud de la justicia en Perú, el sistema continental es una oportunidad para solicitar una intervención rápida en casos de emergencia", apuntó Irigoyen. De cualquier modo, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas siguen dando la batalla en los tribunales locales.

En febrero, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) presentó una demanda ante la Corte Superior de Justicia en Lima contra el Congreso legislativo y la cancillería debido a la participación decisiva que tendrán en el acuerdo energético entre Perú y Brasil.

El proyecto hidroeléctrico Paquitzapango, que formaría parte del acuerdo, puede afectar el territorio de los asháninkas en la selva central, por lo que CARE presentó esta acción judicial en defensa de sus derechos fundamentales.

El parlamento aún no ratificó el convenio con Brasil, pero según Fedepaz, organización que asesora a la entidad indígena, la demanda es una "estrategia para que los representantes sepan qué derechos están en juego" antes de votar.

Hay otros casos de los pueblos indígenas que siguen congelados. La Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca exigió a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales de la región Loreto que se formalice la denuncia penal contra los responsables del derrame de unos 400 barriles de petróleo de la empresa Pluspetrol en el río Marañón, ocurrido el 19 de junio de 2010.

Jorge Tacuri, secretario ejecutivo del no gubernamental Programa de Defensa de Derechos Indígenas, informó a IPS que existen los medios probatorios para que la fiscalía presente la denuncia.

Pocos días después de producirse el derrame, IPS tuvo acceso al informe elaborado por el ingeniero químico Víctor Sotero, del estatal Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, en el que se reveló que la cantidad de tóxicos vertidos era alarmante.

El análisis de las seis muestras recogidas entre el 20 y el 22 de junio en la zona señalaba una presencia de grasas y aceites que oscilaba entre 10.800 miligramos por litro (mg/l) y más de 2,6 millones de mg/l. Estos niveles son preocupantes, considerando que el límite máximo admisible para el consumo humano del agua es de un miligramo por litro o una parte por millón, según la legislación peruana.

Posteriormente, otras instituciones estatales han realizado estudios que confirman la contaminación.

Hay 28 comunidades ribereñas del río Marañón afectadas, según la Defensoría del Pueblo. Entre ellos nativos cocamas, ubicados cerca de los achuar, también con problemas de contaminación.

"La impunidad campea por este tipo de delitos ambientales. No hay ninguna sanción penal y por eso crece la preocupación de los lugareños", dijo Tacuri a IPS.

En 2000 hubo un derrame de petróleo de 5.000 barriles en la zona de Saramuro, en Loreto, que terminó en las instancias judiciales sin resultados porque pasó el tiempo y prescribió, señaló Tacuri. Ese temor se cierne ahora sobre la denuncia de los habitantes de San Mateo de Huanchor, que luego de más de una década continúa sin resolverse en los tribunales.

"La agenda indígena tiene un espacio político y social que se ha ampliado con temas relacionados a la consulta y al ambiente. Y es natural que también esta defensa se manifieste como presión judicial", dijo a IPS el comisionado del Programa de Asuntos Territoriales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, Luis Francia.

Pero Francia alerta que en estos procesos judiciales se observan factores que hacen más difícil el acceso a la justicia a los pueblos originarios, como son la diferencia idiomática, el poco conocimiento de los trámites y falta de defensa técnica, entre otros puntos.

Ante esta serie de obstáculos, Alicia Abanto, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría, comentó a IPS que el Estado debería garantizar que se respeten los derechos de estas poblaciones antes de que recurran a la justicia y se desaten los conflictos.
Fuente IPS

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Sociedad civil pide ser cerebro, no solo brazo

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no deben ser "meras ejecutoras" de los proyectos de desarrollo, sino partícipes de todo el ciclo de políticas públicas, y especialmente garantes en la tríada que forman con los gobiernos nacionales y los organismos internacionales

El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, en el seminario con la sociedad civil

Por Raúl Perri

Así los señalaron representantes de organizaciones no gubernamentales que participan en la 53 Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se desarrolla en la capital uruguaya entre este viernes 16 y el lunes 19.

En la región, "muchas veces se utiliza a las OSC como mero brazo ejecutor de políticas públicas diseñadas por otros actores, y por ende no se reconoce su experiencia acumulada", afirmó Teresa Herrera, de la Red contra la Violencia Doméstica e integrante del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (ConSOC) de Uruguay.

Al marginar a las OSC de la fase de diseño y de supervisión de las políticas, "no se dan las condiciones para aprovechar "las buenas prácticas que tienen, y que podrían contribuir a un mejor desempeño", agregó.

Los ConSOCs son instancias nacionales en los que el BID interactúa con la sociedad civil organizada, y en los que participan grupos de ciudadanos con intereses y reclamos diversos.

El BID ha colocado como una de sus prioridades el promover una mayor convergencia con los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales.

Para buscar caminos hacia este objetivo se realizó este viernes 16 el seminario "El BID, la sociedad civil y los gobiernos: abriendo nuevas oportunidades de colaboración", con la participación de representantes gubernamentales, de la sociedad civil y del organismo multilateral.

El propio presidente del organismo, el colombiano Luis Alberto Moreno, destacó en esta actividad que, a partir de 2010, el BID ha venido incrementando el diálogo con la sociedad civil, especialmente a través de los ConSOCs.

"Existen aproximadamente 170 cooperaciones técnicas no reembolsables siendo ejecutadas por diferentes OSC que operan en los 26 países que trabaja el banco. Esta cartera de proyectos representa una inversión no reembolsable de aproximadamente 93 millones de dólares", subrayó.

Además, indicó que, en 2011, hubo más de 100 reuniones de estos grupos consultivos, referidas a temas tan diversos como seguridad ciudadana, cambio climático, igualdad de género y acceso a información.

"Nuestro planteo es que la sociedad civil integre desde el inicio el proceso de construcción del contenido, y no solo la ejecución, de los programas de los gobiernos", dijo a IPS el presidente del instituto no gubernamental uruguayo para el desarrollo de tierras y aguas INDRA, Aler Donadio.

Pero Donadio reconoció que los ConSOCs constituían el espacio ideal y el primer paso para un mayor involucramiento de la sociedad civil. "Son una gran pantalla que refleja las pensamientos diversos y muchas veces adversos de cada uno, pero también el paraguas para que trabajemos juntos", añadió.

Con esta opinión coincidió el director nacional de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Andrés Scagliola.

Las OSC "deberían incorporarse al conjunto de este ciclo de la política pública, desde el diseño, la implementación, y también en el contralor, en la auditoría" de las iniciativas, afirmó.

"La sociedad civil tiene un papel fundamental que jugar porque partimos de la base que las personas no deben ser objeto de asistencia sino sujetos de derechos", agregó.

Scagliola insistió en que las políticas públicas podrían beneficiarse de "los recursos, las capacidades y los conocimientos que hay en esas organizaciones".

El funcionario gubernamental explicó a IPS que, para asegurar esa participación, se deberían "protocolizar" los vínculos.

"Esto significa que se paute claramente cómo deberían participar las OSC, por ejemplo, a la hora de elaboración o diseño de una política, a la hora de la implementación y a la hora de la evaluación. Hoy depende de la administración de turno que haya instancias de participación o no", indicó.

Esa protocolización puede concretarse a través de distintas normativas, que pueden ir desde el rango legal hasta el orden de las resoluciones ministeriales, pero "sí consideramos que debe estar reglada y que no debe depender de cada uno de los decisores", dijo a IPS.

Durante su intervención en el seminario, Moreno destacó que entre los proyectos a favor de una triada OSC-gobiernos-BID en noviembre el banco realizó una convocatoria a proyectos comunitarios y de reducción de la pobreza, apoyados con fondos del gobierno de Japón.

"La respuesta fue contundente: se presentaron más de 4.000 organizaciones con interés en participar, y recibimos cerca de 1.900 propuestas de los 26 países prestatarios", indicó.

Pero, mientras tanto, el organismo nota debilidad en el relacionamiento entre las OSC y sus propios gobiernos nacionales.

El vicepresidente de países del BID, el brasileño Roberto Vellutini, ironizó que esto debía mejorarse para lograr que la tríada se pareciera más a la "Santísima Trinidad" y menos al "Triángulo de las Bermudas".

"Nosotros notamos que la relación BID-sociedad civil es muy fuerte. Vamos aprendiendo, damos algunos tropiezos, pero es una relación muy fuerte. También la relación BID-gobiernos. Lo que está más débil aquí es la relación gobierno-sociedad civil", sostuvo.

Citó, sin embargo, algunos ejemplos de gobiernos latinoamericanos que han dado pasos para mejorar sus vínculos con las OSC.

El gobierno de México creó una dirección especial para relacionarse con la sociedad civil, y Honduras solicitó al BID cooperación técnica para diseñar un plan de relacionamiento con organizaciones no gubernamentales.

Pero Scagliola sostuvo que no se podía generalizar.

"No se puede hacer un análisis simple, sino que hay diversidad de experiencias. En las políticas de seguridad social, en las políticas de salud y en las políticas de trabajo de Uruguay, las OSC participan de la elaboración y forman parte de los órganos colectivos", destacó.
Fuente IPS

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Economía verde busca mantener crecimiento amenazado por desastres

Todo indica que las grandes catástrofes pueden ser las nuevas parteras de la historia. Pero, buscando adelantárseles, la economía verde se propone reducir "los riesgos ambientales" y "las escaseces ecológicas", mejorando el bienestar humano y la equidad social

Por Mario Osava

Las citas son parte de los argumentos de la Iniciativa para una Economía Verde del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

La adopción de un conjunto de políticas públicas, regulaciones, incentivos y acuerdos internacionales podrá no solo revertir el deterioro ambiental, sino a la vez propiciar un crecimiento económico superior al que permite la actual "economía marrón", sostiene el PNUMA.

Tal resultado se debería a los instrumentos de la economía verde que, entre otras ventajas, conducen a un uso más eficiente de la energía y los recursos naturales y a una mejor gestión del agua, de los residuos y de la infraestructura. La inversión necesaria sería de 1,3 billones de dólares anuales, o dos por ciento del producto bruto mundial, estima la agencia de las Naciones Unidas.

Sin embargo, eso parece "más cartel que contenido", ya que las alternativas a la economía actual carecen de escala que "justifique las expectativas generadas", se limitan a experiencias puntuales y a "medidas graduales insuficientes para sostener una ola de inversiones", evaluó Fernando Cardim de Carvalho, profesor retirado de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

En energía aún predominan el petróleo, las centrales hidroeléctricas y, en menor grado, la generación nuclear, mientras fuentes como la eólica y la solar son demasiado incipientes para "mover el mundo", ejemplificó. Por eso Brasil, vanguardia en agrocombustibles, prioriza los hidrocarburos recién descubiertos en aguas profundas del océano Atlántico.

Ocurre que "el capitalismo no opera mirando el largo plazo; las innovaciones tienen que ofrecer posibilidades de ganancia inmediata", lo que no favorece a la economía verde, que tampoco se ve habilitada como una "salida para la crisis" financiera que afecta a países ricos y amenaza al mundo, sostuvo el economista a Tierramérica.

"Un gran desastre ambiental, inimaginable hoy", podría cambiar ese cuadro, alterando repentinamente la percepción de "costo/beneficio entre degradación ambiental y comodidades modernas", destacó.

Pero, por ahora y en el horizonte cercano, "no existe una coalición de demandantes" que logre que los Estados asuman iniciativas de cambios radicales, estimó.

La alternativa es continuar el proceso de "cambio marginal": experiencias locales y sectoriales donde la situación obliga, como el transporte en metrópolis al estilo de São Paulo o Nueva York, concluyó.

En la línea del agotamiento de los recursos del planeta, el ambientalista australiano Paul Gilding, profesor de la británica University of Cambridge y autor del libro "The Great Disruption" (La gran ruptura), prevé para esta década el colapso de la economía mundial, lo que pondrá fin al crecimiento y abrirá paso a una nueva era sustentable, sin tanto consumismo.

Economistas brasileños conocidos por su adhesión a la economía de mercado reconocen hoy que el modo de producción actual es insostenible, porque sobrepasó los límites ecológicos del planeta.

André Lara Resende, protagonista de programas de combate a la inflación y de las privatizaciones en la década de 1990, sostuvo en un artículo publicado el 20 de enero en el diario Valor, que la crisis económica iniciada en 2008 en Estados Unidos persiste probablemente porque se está llegando al "límite físico del ecosistema".

La actual no sería una simple repetición de las crisis cíclicas del capitalismo por insuficiencia de demanda, sino una manifestación de que perdió eficacia y factibilidad la ampliación forzada de la demanda de bienes materiales que recomienda el economista británico John Maynard Keynes (1883-1946), de influencia renovada por la crisis.

Eduardo Gianetti da Fonseca, autor de varios libros de economía y sociología, sostiene en el mismo artículo que la "grave falla" del mercado, al excluir los costos ambientales del sistema de precios, conduce al desastre del cambio climático y al agotamiento de los recursos naturales.

Pero el PNUMA considera que es un "mito" oponer progreso económico y sustentabilidad ambiental, y asegura que "hay pruebas sustanciales" de que la economía verde genera riqueza y empleos. Otro mito, desmentido por ejemplos exitosos en el mundo en desarrollo, sería restringir a los países ricos el "lujo" de la "transición verde".

En su documento "Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza", el PNUMA defiende el "reverdecimiento de las economías" como "un nuevo motor del crecimiento, que constituye una fuente de empleo digno y que, además, es una estrategia esencial para erradicar la pobreza persistente".

Las políticas y medidas recomendadas se acompañan de ejemplos ya comprobados. Reducir o eliminar subsidios perjudiciales es clave.

Los combustibles fósiles, principal factor del cambio climático, recibieron 557.000 millones de dólares en subsidios al consumo y más 100.000 millones de dólares a la producción en 2008, según el PNUMA.

Ese monto hace evidente que sí hay dinero para inversiones en programas ambientales, observó Rubens Born, dirigente de Vitae Civilis, organización no gubernamental brasileña muy activa en materia de cambio climático.

Pero reducir los subsidios, y elevar por tanto los precios de los combustibles, es una operación riesgosa. En Bolivia, un alza de la carga impositiva de 72 a 82 por ciento a los derivados del petróleo provocó en diciembre de 2010 una ola de protestas que obligaron el presidente Evo Morales a volver atrás y a debilitarse políticamente.

Nigeria enfrenta reacciones por la decisión de eliminar 8.000 millones de subsidios anuales al petróleo.

Pero Indonesia adoptó medidas similares con éxito en 2005 y 2008, compensando a millones de familias pobres con transferencias monetarias durante un año. Gabón también lo hizo, usando los fondos ahorrados en programas de microcrédito para mujeres, y Ghana en la educación y salud de poblaciones pobres, según ejemplos destacados por el PNUMA.

Grameen Shakti, organización vinculada al Grameen Bank de microcrédito, había facilitado hasta 2009 la instalación de 320.000 sistemas de energía solar doméstica con sus créditos blandos en Bangladesh. La meta es alcanzar un millón de hogares en 2015.

Las tarifas preferenciales para fomentar el uso de energías renovables, ya aplicadas en 47 países, son otro caso ejemplar mencionado por el PNUMA, junto con el reciclaje de 95 por ciento de las latas de aluminio en Brasil.

La economía verde, propuesta por el PNUMA desde 2008, será tema de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20 –así llamada por celebrar los 20 años de la Cumbre Mundial de 1992 en la misma Río de Janeiro–, y reunirá a jefes de Estado y de gobierno del 20 al 22 de junio.

En los nueve días anteriores habrá encuentros preparatorios y de la sociedad civil, que atraerán a decenas de miles de participantes a esta ciudad brasileña. Fuente IPS

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Multitudes

Cada año la población mundial urbana agrega 60 millones de personas…

Cada año la población mundial urbana agrega 60 millones de personas. La gente se hacina y las ciudades estallan especialmente en Asia y Africa. Dejan el campo para apilarse y compartir el hambre. De a pellizcos, como pan.
El 60% de los 60 millones que engordan todos los años la panza de las ciudades, son niños. Cerca de un tercio de la población urbana del mundo vive en tugurios. En Africa son dos tercios. Unos 1.400 millones vivirán entre chapas, cartones, lonas y puentes en 2020.
En el tercer trimestre de 2011 Coca Cola celebró una ganancia neta de 2.220 millones de dólares. Sus ingresos subieron un 45%: 12.250 millones de dólares en ese trimestre. Todo –casi todo- va mejor.
Casi 8 millones de niños murieron en 2010 antes de cumplir 5 años. Los arrebataron de los ocasos y las alboradas la neumonía, la diarrea y las complicaciones durante el parto.
En 2011, el mexicano Carlos Slim se consagró en el pináculo de la riqueza del mundo. Acumuló 74 mil millones de dólares. Bill Gates es el segundo. El ideólogo de las ventanitas aún no sabe qué hacer con 56 mil millones.
Todos los años el aire contaminado en el interior de las viviendas mata a dos millones de niños menores de cinco años. La vida urbana también envenena a los niños cuando salen a la calle.
La Fiat brindó en 2011 por un balance dorado: 1700 millones de euros de ganancia en el año. El agua insalubre, el saneamiento deficiente y las condiciones de vida inhumanas le roban al mundo 1.200.000 niños que mueren de diarrea.
Dos bancos son las empresas más poderosas del planeta. El norteamericano JP Morgan Chase. Y el inglés HSBC Holdings. Un grupo de niños negros sacude las hilachas de una pelota en un suburbio de Ruanda. Dos pibes escriben basta en un paredón de Florencio Varela.
La vida sigue insistiendo en los sumideros del mundo. Amanece en los desagües y en los albañales del planeta. La vida es terca y no la pueden. Las mayorías despertarán un día. Y saldrán en multitud de escalofrío a recuperar la historia. (PE/APe)
Fuente: EcuPress

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Una campaña para recuperar la biblioteca Constancio Vigil, saqueada por la dictadura

Ex directivos y socios de la Biblioteca Popular Constancio Vigil de la ciudad de Rosario, saqueada durante la dictadura militar en 1977, solicitaron al Estado Provincial y Nacional una reparación histórica, que consiste en la restitución de la personería jurídica y la devolución de los bienes, al cumplirse mañana 35 años de ese hecho.

Al momento de su intervención la Biblioteca contaba con más de 80 mil volúmenes y superaba los 21 mil socios.
Augusto Duri, ex presidente de la Biblioteca, manifestó que en el año 2004 se conformó la Asamblea de Socios por la Recuperación de la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil, para que se le restituya la personaría jurídica a sus legítimos dueños y todos sus bienes.
La asamblea pidió además que "se investigue todo lo actuado durante la intervención y liquidación (de la Biblioteca), que continúa hasta el día de la fecha", como también que se determinen "las responsabilidades de cada uno de los que participaron en este nefasto saqueo a la cultura, educación y construcción popular", sostuvo Duri.
El 25 de febrero del año 1977, la Biblioteca Vigil fue intervenida a través del decreto 924/77 por el entonces capitán de corbeta Esteban César Molina, "con la excusa de normalizar la situación económica de la institución", recordó Duri.
La biblioteca era multifacética: contaba con escuelas primaria y secundaria, y Escuelas de Música, de Artes, de Teatro, y de Capacitación, llamada Universidad Popular.
También poseía un observatorio astronómico, una editorial propia, y un Museo de Ciencias Naturales con una valiosa colección de mariposas, que servía a los entomólogos para la clasificación de esas especies.
Una semana después de la intervención, los militares cerraron las escuelas de la Biblioteca, la caja de ayuda mutual, la guardería y el Centro Materno Infantil, que funcionaban en el edificio de 7 pisos ubicado en Alem y Gaboto, del barrio La Tablada, en el oeste de Rosario.
Dos meses más tarde, ocho miembros de la comisión directiva, entre ellos el propio Duri, fueron encarcelados y torturados en la Jefatura de Policía local, recordó el ex directivo.
A las escuelas de la Biblioteca Vigil, que llegó a contar con 600 empleados, asistían 2.500 alumnos, en los niveles primario y secundario, bajo la modalidad de doble escolaridad, que -hace casi 40 años-, era una medida innovadora en materia educativa.
La Biblioteca también puso en marcha la llamada Universidad Popular, tenía además una escuela de Música y un Observatorio Astronómico cuyo telescopio era el tercero de esas características en el mundo, fabricado en Alemania.
Al momento de su intervención "la Biblioteca contaba con más de 80 mil volúmenes y superaba los 21 mil socios, más que el Club Rosario Central en aquella época", comparó Duri.
El directivo expresó que la intervención "fue una de las tantas barbaridades cometidas en aquel período aciago, ya que se quemaron y guillotinaron libros, textos que apuntaban a esclarecer situaciones que hoy, a más de 30 años, podemos decir que eran ciertas", afirmó.
El ex presidente de esa entidad recordó que el 10 de mayo de 1997 "ocho integrantes de la comisión directiva fuimos encarcelados durante un año en la jefatura de Policía rosarina, y estuvimos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional". "Durante un tiempo estuvimos como desaparecidos hasta que el 12 de julio de ese año los diarios publican que estábamos detenidos y entonces fuimos legalizados como detenidos políticos", recordó Duri.
A 35 años del saqueo a la Biblioteca, por parte del gobierno de facto, aún hoy sus ex directivos siguen pidiendo la restitución de los cuantiosos bienes de la institución, que fue una de las más importantes y gigantescas empresas culturales privadas que tuvo la ciudad de Rosario.
Fuente: Hugo Lucero para Agencia Télam

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Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Una amplia movilización social, con expresiones callejeras y actividades paralelas, es el único factor que puede evitar una nueva frustración en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), advierten activistas y analistas.

Parece inevitable la repetición del fracaso que pautó las últimas citas anuales en las que se negoció un acuerdo mundial para mitigar el cambio climático, dijo a Tierramérica el director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cândido Grzybowski, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, el mayor encuentro mundial de la sociedad civil.

Grzybowski fundamentó su postura negativa en la crisis económico-financiera del mundo rico, en que este es un año de muchas elecciones, incluso en Francia y Estados Unidos, lo cual aleja a los gobernantes influyentes de los compromisos internacionales, y al débil poder de convocatoria de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en especial en cuestiones ambientales.

Solo una fuerte presión de la sociedad civil, como "una expresión unitaria" en los eventos paralelos de Río+20, podrá "arrancar compromisos más claros" de los gobiernos contra los desequilibrios globales, que empiezan por la "hegemonía financiera", acotó. El Foro Social Temático, que reunirá del 24 al 29 de este mes a representantes de movimientos y organizaciones sociales en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, preparará la participación de sus activistas en la conferencia mundial climática que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.

La cita de Porto Alegre es uno de los muchos encuentros locales o sobre temas específicos que tienen lugar en los años pares, vinculados al Foro Social Mundial (FSM), que ahora tiene su edición global cada dos años.

Pero los referentes del FSM "perdieron fuerza" y no lograrían convocar una marcha tan masiva como la que se necesita para hacer que Río+20 no sea solo "un megaencuentro declarativo" y tenga "un impacto importante en Brasil" en términos de conciencia ambiental, opinó Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que analiza las consecuencias del cambio climático en las relaciones internacionales.

Juntar "un millón de manifestantes en las calles", una hazaña "poco probable pero no imposible", renovaría los efectos de la Cumbre de la Tierra de 1992 (Río 92), la primera reunión que hizo que la sociedad brasileña tuviera un alto nivel de adhesión a los asuntos ambientales, dijo Viola a Tierramérica.

Este catedrático descartó que la cumbre de Río vaya a tener un impacto mundial relevante. Será una conferencia "reiterativa", de objetivos "difusos", en un momento de "gigantescos impases internacionales", apuntó.

Pero los actos populares no deben limitarse a Río de Janeiro. El Foro Brasileño de ONG (organizaciones no gubernamentales) y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS) piensa impulsar manifestaciones en muchas otras ciudades del mundo, utilizando para ello Internet y las redes sociales.

"Río tiene un significado global" y ya se acumuló experiencia exitosa en movilizaciones vía redes sociales, sostuvo Rubens Born, del FBOMS.

El Foro Social Temático de Porto Alegre ayudará a articular esas iniciativas, con la presencia de representantes de movimientos civiles como los indignados de España y los Ocupa estadounidenses, acotó a Tierramérica.

La presencia de la sociedad civil en Río+20 debe beneficiarse de las facilidades que el gobierno brasileño pretende ofrecer, interesado en contar por lo menos con una fuerte participación popular ante la probable ausencia de jefes de gobierno y de Estado en las actividades oficiales de la conferencia.

La Cumbre de los Pueblos, como se denomina el encuentro paralelo que se realizará del 15 al 23 de junio, convocará al triple de participantes de la conferencia intergubernamental, estiman observadores. La consigna es "Justicia social y ambiental", la misma del Foro Social Temático de este mes.

"Proponer una nueva forma de vivir, en solidaridad, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes" es el objetivo, según el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20, que organiza ese gran encuentro.

El encuentro, que tendrá como foro central una Asamblea Permanente de los Pueblos, busca "reinventar el mundo" como convergencia de diversificadas luchas contra el capitalismo, la división de clases, el racismo, el ‘patriarcalismo’ y la homofobia. Por ello, considera "insatisfactoria" la agenda de la conferencia oficial, concentrada en la economía verde y en la institucionalidad global.

Pero ese discurso no es consensual. Born, fundador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental activa en el tema climático, se queja de divisiones ideológicas con los que consideran "soluciones falsas" a las acciones ambientales que no contemplen primero el derrocamiento del capitalismo.

Grzybowski identifica enfoques divergentes entre los que priorizan la justicia ambiental o la social, ubicando a su organización Ibase entre los segundos.

Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial y un radical defensor de sus principios igualitarios y participativos, se molesta con el nombre. "Cumbre de los Pueblos" mantiene la visión jerarquizada tradicional, negando la horizontalidad defendida desde sus inicios por el FSM, criticó.

Pero todos coinciden en rechazar el orden mundial actual, que es el "modelo industrial de gran producción" para Whitaker, que es el capitalismo para los miembros del Comité Facilitador, y que es la hegemonía financiera para Grzybowski, quien le suma "desórdenes" acumulados como transportar millones de toneladas de mineral de hierro brasileño a Asia y traerlos de vuelta en forma de acero.

Todos están de acuerdo también en criticar a la conferencia Río+20 oficial y a su "borrador cero", divulgado recientemente como punto de partida para el documento final, porque entienden que elude los verdaderos desafíos.

El formato de las grandes cumbres de la Organización de las Naciones Unidas "está agotado", sentenció Viola. Es imposible que más de 190 países que tienen "distintas percepciones de la vulnerabilidad" e intereses diversos lleguen a un consenso en relación al tema climático, explicó.

En otra vertiente, los indígenas se proponen expresar su identidad cultural y ética en Río+20 con la convocatoria de representantes de todo el mundo, en lo que llaman una Aldea Carioca a instalarse en Río de Janeiro.

En la Aldea Carioca se concentrarán unos 350 aborígenes procedentes de distintas zonas de Brasil y 700 del exterior en cuatro "ocas" (casas típicas), una de las cuales servirá para reuniones plenarias y otra con equipos electrónicos que permitirán videoconferencias con indígenas ubicados en otros países o continentes, adelantó a Tierramérica Marcos Terena, uno de los organizadores de la participación indígena de Río+20, repitiendo el papel de 20 años atrás en Río 92.
Fuente:IPS  Mario Osava

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BM prevé desaceleración mundial que afectará también a países en desarrollo

En América Latina y el Caribe, los avances sociales logrados recientemente están en riesgo…

Los países en desarrollo deben prepararse ante los riesgos de desaceleración económica, ya que la crisis de la deuda de la zona del euro y el frágil crecimiento de diversas economías emergentes están oscureciendo el panorama a nivel general, advierte el Banco Mundial en la última edición del informe Perspectivas económicas mundiales (GEP, por sus siglas en inglés).

La institución ha corregido a la baja su previsión de crecimiento para 2012, a 5,4% para los países en desarrollo y a 1,4% para los países de ingreso alto (-0,3% para la zona del euro). En junio de 2011, el Banco pronosticó un crecimiento de 6,2% y 2,7%, (1,9% para la zona del euro), respectivamente. En este momento se espera que la economía mundial crezca en 2,5% y 3,1% Si se usa la ponderación de la paridad del poder adquisitivo, el crecimiento mundial podría ser de 3,4% y 4,0% en 2012 y 2013, respectivamente. en 2012 y 2013, respectivamente.

En América Latina y el Caribe, en particular, el crecimiento se estima en 3,6% en 2012 y 4,2% en 2013. El debilitamiento de la economía mundial, la incertidumbre de la crisis de la deuda de los países de la zona del euro, el crecimiento más moderado de la economía china y la aplicación de políticas en varios países que han frenado la demanda local son algunos de los factores que están pesando en las perspectivas de crecimiento. Se prevé que Brasil, cuyo crecimiento se detuvo en el tercer trimestre de 2011, crezca en torno al 3,4% en 2012, ligeramente superior a la cifra de 2011, pero inferior al 7,5% de 2010. Varios países de la región podrían verse duramente afectados por esta crisis, especialmente si los precios internacionales de los productos básicos caen bruscamente.

El crecimiento más lento ya se manifiesta en el debilitamiento del comercio internacional y en los precios de los productos básicos. Se calcula que las exportaciones mundiales de bienes y servicios crecieron solo 6,6% en 2011 (a diferencia del 12,4% en 2010) y se prevé un aumento de solo 4,7% en 2012. Mientras tanto, los precios mundiales de la energía, metales y minerales, y de los productos agrícolas han disminuido 10,25%, y 19%, respectivamente, desde los récords registrados a comienzos de 2011. La baja en los precios de los productos básicos ha contribuido a mitigar la inflación en la mayoría de los países en desarrollo. Aunque los precios internacionales de los alimentos descendieron en los últimos meses, bajando en 14% desde el nivel máximo registrado en febrero de 2011, la seguridad alimentaria de los más pobres, incluidos quienes viven en el Cuerno de África, sigue siendo un problema alarmante.

“Los países en desarrollo deben evaluar sus vulnerabilidades y prepararse para impactos adicionales, mientras todavía hay tiempo”, advirtió Justin Yifu Lin, primer economista y primer vicepresidente de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. 

Comparativamente, los países en desarrollo tienen ahora menos espacio fiscal y monetario para aplicar medidas correctivas como lo hicieron en 2008 y 2009. Por esta razón, si se restringe el flujo financiero internacional y se deteriora súbitamente el comercio mundial, su capacidad para reaccionar podría estar  más limitada.

De acuerdo con Augusto de la Torre, Economista Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, aún no está muy claro cómo impactará la actual crisis de deuda de la eurozona a la región.

“Si el crecimiento de China continúa siendo sólido y la liquidez mundial y el precio de las materias primas permanecen elevados, la región debería seguir creciendo de manera robusta aunque algo más moderada. Se deberá seguir prestando especial atención a las inversiones y a las políticas dirigidas al aumento de la productividad para mantener y el elevar el crecimiento a largo plazo”, dijo de la Torre. “En cambio, un escenario catastrófico, donde una mayor aversión al riesgo cierre los flujos de crédito y capital hacia mercados emergentes, China sea incapaz de equilibrar completamente la disminución de sus exportaciones y descienda el precio de las materias primas, la región deberá activar todos los amortiguadores a su disposición para proteger los éxitos obtenidos en la dimensión social”.

Entre 2003 y 2010, 73 millones de personas dejaron de ser pobres en América Latina y el Caribe, como resultado del crecimiento económico y las políticas sociales puestas en práctica en la región.
A pesar de que las perspectivas económicas de los países de ingreso bajo y mediano son todavía favorables, la onda expansiva de la crisis en las economías de ingreso alto se está haciendo sentir en todo el mundo. A la fecha, el riesgo soberano de los países en desarrollo ha aumentado en 45 puntos básicos en promedio y los flujos bruto de capital hacia estos países cayeron a US$170.000 millones en el segundo semestre de 2011, mucho menor a los US$309.000 millones que recibieron en el mismo período de 2010.

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Aparecen brotes de proteccionismo

Una nueva cumbre del Mercosur, los gobiernos de los países que lo conforman avanzan en armonía política, mientras la liberalización comercial no solo es un reto pendiente sino que afronta cada vez más escollos…

Por Marcela Valente*

Lejos de aprovechar la crisis global para aumentar el comercio intrabloque, los países del Mercado Común del Sur (Mercosur), integrado como miembros plenos por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, se ponen obstáculos entre ellos. Sobre todo las dos economías mayores traban el flujo proveniente de los más pequeños.

La disputa por acciones proteccionistas tiene de un lado a Argentina y Brasil, que cada vez con más frecuencia imponen las mayores restricciones al comercio, y por el otro a Paraguay y Uruguay, que pujan por mejorar las condiciones de acceso a los grandes mercados vecinos. Este fenómeno contrasta con el clima de unidad política en torno a la incorporación al bloque de Venezuela, que espera desde 2006 la finalización del trámite de adhesión plena, ahora solo frenado por el Senado de Paraguay, que no consigue ratificar el compromiso asumido por su gobierno.

El presidente de Uruguay, José Mujica, anfitrión de la cumbre que se celebrará este martes 20, propuso revisar el tratado constitutivo del bloque, que data de 1991, para remover la traba que impide el ingreso de Venezuela.

Sus pares, Cristina Fernández, de Argentina, Dilma Rousseff, de Brasil, y Fernando Lugo, de Paraguay, estarían de acuerdo con una nueva cláusula jurídica que permita saltear el veto del legislativo paraguayo. También Ecuador espera pedir que le permitan acceder al bloque de modo pleno.

Sin embargo, a pesar de esta voluntad política puesta al servicio de abrirse a nuevos socios, Argentina y Brasil parecen mirar para otro lado cuando se trata de remover trabas al comercio, incluso si el flujo viene de países con importantes asimetrías.

El economista argentino Gabriel Molteni, coautor de "20 años después: Logros y desafíos pendientes del Mercosur", dijo a IPS que, "más allá de avances en el proceso de convergencia entre los socios, hay restricciones en el comercio intrabloque".

Además de las medidas de salvaguardia acordadas en rubros sensibles como el intercambio de azúcar o los automóviles, Molteni señaló el uso cada vez más frecuente de "licencias no automáticas" a las que se apela para "administrar" el intercambio.

La investigación de Molteni y otros, publicada en la edición de diciembre de la revista Integración y Comercio del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe, reveló que mientras en la Unión Europea el comercio intrazona supera 60 por ciento, en el Mercosur el intercambio dentro del bloque estaba en 15 por ciento en 2009.

"En términos relativos, el intercambio intrarregional avanzó poco respecto del comercio exterior del bloque, que creció mucho debido sobre todo al boom de la demanda de commodities (productos básicos), principal rubro de exportación de los socios", explicó.

Además, Molteni cree que "hubo un cambio en las posturas de los gobiernos y ahora no solo vale la apertura comercial sino un ‘mix’ (mezcla) también con el mercado interno, al que se le da una importancia distinta que en los años 90", sostuvo.

El vicepresidente de la Asociación Brasileña de Comercio Exterior, José Augusto de Castro, admitió a IPS que en el Mercosur se están aplicando medidas restrictivas "oficiosas, no oficiales", aunque más en Argentina que en su país, acusó.

Las más usadas son las licencias no automáticas, que "son legales y no proteccionistas" si solo retardan el ingreso de mercaderías por 60 días, pero cambia su sentido si la demora se extiende entre 90 y 180 días, porque eso provoca la suspensión del negocio, explicó.

En una estrategia que apuntaría a lograr que empresas transnacionales o de Brasil se instalen en su territorio, Argentina apela con frecuencia a esta herramienta para importaciones de aparatos electrodomésticos, calzados, maquinaria agrícola y otros bienes.

La Asociación Brasileña de las Industrias del Calzado denunció esta semana que hay casi dos millones de pares de zapatos esperando licencias automáticas de importación para la entrada a Argentina.

Según esa entidad empresarial, algunos de los casos esperan la licencia desde abril, es decir mucho más que los dos meses de plazo máximo permitido.

Pero también en Brasil se adoptan medidas de protección. Una de ellas fue aumentar 30 puntos porcentuales el impuesto sobre vehículos importados que no tengan 65 por ciento de contenido nacional.

Para Castro, con la caída de los precios internacionales de los productos agrícolas y otros básicos, que son grandes rubros de exportación del Mercosur, puede darse un fuerte déficit comercial que empuje a los socios a la "tentación proteccionista".

Pero hoy, con el superávit que Brasil ostenta respecto de sus socios, no se justifica restringir el comercio, añadió.

"Facilitar importaciones desde sus socios en el Mercosur no representaría mucho en su balanza comercial", indicó Castro, quien atribuyó las trabas a "iniciativas de empresas" más que al gobierno de Rousseff.

El experto reconoció que el Mercosur podría servir de respuesta ante la crisis global, que en estos días tiene a muy mal traer a Europa, ante la merma de la demanda desde el mundo industrializado. "Es posible crecer dentro del bloque y constituirse así en una pequeña válvula de escape", recomendó.

No obstante, por el momento se impone "abandonar la exigencia de unanimidad" para ganar en "libertad de acción", dijo.

Como ejemplo, Castro mencionó el caso de Uruguay, que reclama un acuerdo unilateral de libre comercio con Estados Unidos y con otros países, o el de Brasil, que estaría dispuesto a avanzar en una alianza individual con la Unión Europea.

Uruguay destina casi 30 por ciento de sus exportaciones al bloque, principalmente a Brasil y a Argentina, y este intercambio le ha dado más de un dolor de cabeza en los últimos tiempos por la demora en los permisos de importación que le aplican los vecinos mayores.

Con la presión de los empresarios exportadores que ven estos problemas en el bloque, Mujica pedirá el martes, según fuentes recogidas por la prensa local, que se habilite al país para negociar acuerdos extrazona.

Esta información coincide con la postura antiproteccionista expresada hace pocos días por el vicepresidente Danilo Astori, quien sostuvo que "lo peor que podría hacer un país como Uruguay en estos tiempos de crisis es cerrarse".

También Paraguay llevará sus quejas a la cumbre. Pedirá que Argentina libere el paso de energía proveniente de centrales eléctricas paraguayas o compartidas hacia Uruguay, que podría adquirirla así a un precio más bajo que el que le piden los socios mayores.

* Con aportes de Mario Osava (Río de Janeiro) y de Darío Montero (Montevideo).

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La agricultura como premio consuelo

Por Stephen Leahy

 Representantes de organizaciones no gubernamentales reclamaron este viernes 2 a Sudáfrica, país anfitrión de la 17 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 17), que no incluya la llamada "agricultura climáticamente inteligente" en las negociaciones.

El presidente sudafricano Jacob Zuma declaró que la agricultura debería ser parte de un nuevo tratado climático. Otros funcionarios de este país ya habían dicho antes a IPS que querían incluirla para que hubiera "fondos específicos y acciones específicas" en el contexto de la Convención Marco.

"Poner a la agricultura en un futuro tratado climático es como un premio consuelo para África porque los países ricos no pudieron acordar objetivos legalmente vinculantes" para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, dijo Teresa Anderson, de la Gaia Foundation, una organización no gubernamental con sede en Londres.

"Este premio consuelo es un cáliz envenenado. Conducirá a la apropiación de tierras y pondrá a los agricultores africanos en manos de los inconstantes mercados de carbono", declaró Anderson a IPS.

La agricultura es una importante fuente de gases invernadero, como el carbono y el metano, que representan entre 15 y 30 por ciento de las emisiones contaminantes mundiales. Cuando se incluye a todo el sistema de producción de alimentos, las emisiones totales derivadas de la agricultura equivalen a casi la mitad de todas las emisiones. Por esos motivos hubo esfuerzos previos para incorporar esta actividad en un nuevo tratado climático.

Los cambios en las prácticas agrícolas pueden reducir las emisiones en gran proporción. Sin embargo, la mejor manera de hacerlo es mediante regulaciones, no a través de un tratado climático ni de créditos de carbono, según Anderson.

"¿Por qué ahora los mercados se ven como la única solución, cuando hace menos de 10 años ni siquiera estaban en la mira?", planteó.

El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otras entidades están a favor de una "agricultura climáticamente inteligente". Esta adopta prácticas sustentables, aumenta la productividad y la resiliencia a los cambios meteorológicos y reduce y/o elimina los gases invernadero. La sociedad civil objeta esto último.

"Todo esto tiene que ver con nuevos mercados de carbono. El Norte todavía no hizo los necesarios recortes de emisiones y quiere esto para poder simular que reduce sus emisiones", sostuvo Helena Paul, de la organización ambientalista EcoNexus.

Esto plantea un profundo peligro para la agricultura, "con un potencial real de que haya más apropiaciones de tierras y expansión de monocultivos para poder cosechar créditos", dijo Paul.

Según Anderson, los gobiernos africanos ven los 144.000 millones de dólares del mercado de carbono europeo y piensan que pueden ser una gran fuente de financiamiento. Pero mucho menos de uno por ciento terminó en proyectos reales, agregó.

El primer proyecto para vender créditos de carbono del suelo en África está en marcha en Kenia. Financiado por el Banco Mundial, unos 15.000 agricultores y 800 organizaciones agrícolas cambian sus prácticas para secuestrar carbono por un periodo de 20 años.

Los costos de establecer el Proyecto de Carbono Agrícola de Kenia, junto con los que implica medir el carbono y comerciar los créditos, se estiman en más de un millón de dólares, dijo Anne Maina, de la filial keniata de la African Biodiversity Network.

Con los actuales precios del carbono, los agricultores recibirán apenas un dólar al año por sus esfuerzos, cuando les prometieron mucho más, enfatizó Maina. Solamente los dueños de grandes predios pueden esperar algún beneficio. Los grandes terratenientes, los consultores y otros expertos serán quienes se quedarán con la mayor tajada, dijo a IPS.

"África ya está sufriendo una epidemia de concentración de tierras. La carrera por el control de los suelos para el comercio de carbono solo puede empeorar esto", añadió.

El Proyecto de Carbono Agrícola de Kenia promueve prácticas agrícolas sustentables como la agroforestería, que son buenas para la tierra y aumentan la producción alimentaria, reconoció. Sin embargo, sería mucho mejor financiarlo con los fondos para la adaptación al cambio climático que prometieron aportar los países industrializados.

"Los mercados de carbono son altamente volátiles", dijo Steve Suppan, del Institute for Agriculture and Trade Policy, con sede en Estados Unidos.

En noviembre, la tonelada de carbono se cotizó a apenas seis dólares, 50 por ciento de su precio de enero. En buena medida, esto es consecuencia de la crisis financiera europea. Los precios del carbono simplemente son demasiado poco confiables para que la mayoría de los inversores los consideren a largo plazo, señaló Suppan.

Además, medir cuánto carbono se secuestra es un procedimiento extremadamente técnico e incierto a largo plazo, así que inversores como el Banco Mundial reducen 60 por ciento su valor.

"Los créditos del carbono del suelo solo generarán ganancias diminutas para los agricultores, permitiendo que los mayores contaminadores sigan contaminando", dijo Suppan.

Lo que necesita la agricultura africana es reducciones reales de las emisiones, junto con un sustancial financiamiento para la adaptación al cambio climático, agregó.

Nnimmo Bassey, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, dijo que "los créditos de carbono del suelo son una falsa solución" al cambio climático.

Bassey reclamó a los países ricos, responsables de la crisis climática, que reafirmen sus compromisos de establecer "recortes legalmente vinculantes de las emisiones, en línea con la ciencia y la igualdad".

"El presidente sudafricano Jacob Zuma debe apoyar a África y ser intransigente… Necesitamos que los países ricos hagan recortes profundos, drásticos y vinculantes de las emisiones, y finanzas climáticas reales y públicas, no un mandato para una nueva ola de colonialismo financiero" a través de disposiciones contenidas en el Fondo Verde para el Clima, señaló en un comunicado el activista Bobby Peek, del capítulo sudafricano de Amigos de la Tierra.

Fuente IPS

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¿CONSUMES O CONSUMAS?

Por Juan Damián

  La promesa publicitaria  termina en un acuerdo de venta-compra.
   La Promesa Bíblica termina en un proyecto de amor.
   En el final de la tanda siempre hay cosas.
   En el final de la Palabra siempre hay personas.
La diferencia no está en la superficie o al término del proceso. Está en la raíz: el punto de partida.
La tanda surge y se rige por el interés, la conveniencia, la ventaja, el lucro: en el punto de llegada es "capital el Capital".
En la Biblia la propuesta inicial que puntea su línea y su dinámica, está puesta en el otro, la otra, en los demás y juntos.
En el mensaje publicitario el interés está en el anunciador.
   En el mensaje Bíblico el interés está en el anunciado.
   La publicidad comercializa. La Biblia promueve el don. A la publicidad le preocupa el individuo. Al Dios de la Biblia también un pueblo.
Por favor, analiza una tanda... Promete que tus dientes nunca tendrán caries... que la mancha de la camisa desaparecerá... que tu pelo nunca se dañará. Que el paraíso se compra y se liquida ahora, está detrás de las vidrieras, ahí, a la vuelta de la esquina.
Lee algunos textos de la Escritura. Abraham (Gen. 12) ya no será un individuo aislado, sino descendencia que constituirá un pueblo. Con Moisés (Éxodo) no habrá un pueblo emigrante, sino una tierra (de ellos) prometida.
  En los Profetas no habrá un corazón de piedra sino de carne. Y el lobo y el cordero (que parecen enemigos) comerán juntos.... Y mucho más...
   En la Biblia se precisa la participación y el compromiso del destinatario (Alianza) de la Promesa. Se requiere fe, confianza, fidelidad.
En la tanda sólo basta gastar. Se requiere comprar, pagar, ... dinero (y tirar).
   El resultado de la tanda es consumir. La cosa, el producto ya está hecho (y envuelto).
   El resultado del proceso bíblico es consumar. No está terminado. Depende de ti concluirlo. Es decir culminar de concretarlo.
En la tanda te llenas de cosas.
   en la Biblia te liberas de cosas.
   En el camino de la publicidad está la ilusión de usar.
   En el camino de la Biblia está la esperanza de poder ser, dar y darse.
   En lenguaje difícil, la tanda es centrípeta (fuerza hacia dentro).
En la pedagogía bíblica de Dios es centrífuga (fuerza hacia afuera). Consumir es recibir para sí (comerlo, devorarlo, deglutirlo...)
   Consumar es hacer, hasta el final. Algo así como totalizar.
   En el consumo la alegría está en el placer de comprar, usar, etc.. 
   Las páginas de la Biblia apuntan a una alegría de servir solidarizándose y amar.
Fuente: Prensa Ecuménica

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