Cuotas en universidades públicas democratizan educación
En Brasil está por entrar en vigor una ley que reserva la mitad de los cupos de las universidades públicas para estudiantes que cursaron primaria y secundaria en centros estatales, en una medida para democratizar la enseñanza, que requerirá reformas estructurales.
Por Fabiana Frayssinet
Pablo Gentili, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Brasil, está convencido de que la ley es “un avance en la democratización de la educación y, en un sentido más amplio, de la sociedad brasileña en su conjunto”.
La ley de cuota social y racial fue aprobada el día 6 por el Senado, tras 13 años de discusión legislativa, con tan solo un voto en contra y espera ahora su promulgación por la presidenta Dilma Rousseff.
“Las cuotas permitirán abrir la oportunidad de acceso a la enseñanza superior pública, a la educación de mejor calidad, a aquellos sectores de la sociedad que estuvieron históricamente excluidos de ella”, dijo a IPS Gentili, autor del ensayo “Pedagogía de la Igualdad”, editado en 2011 por Siglo XXI en Buenos Aires.
El especialista se basa en estadísticas que muestran el desigual acceso de los sectores más pobres a las universidades públicas federales, codiciadas, irónicamente, por su calidad por quienes tuvieron mejores oportunidades de estudio en los niveles básico e intermedio.
En Brasil la mitad de la población se declara negra o mestiza, pero apenas 10 por ciento de este grupo llega a la universidad. Se trata del sector con más pobres.
“Las oportunidades educativas se distribuyen de forma desigual porque las oportunidades sociales, las condiciones de vida y los derechos también son desigualmente apropiados y aprovechados en una de las sociedades más injustas del planeta”, analizó el argentino Gentili.
“Por detrás de un ‘mito meritocrático’ se esconde la realidad de un país donde los más pobres ven cotidianamente frustradas sus expectativas y demandas de movilidad y progreso social. Los pobres nunca llegan a los espacios que codician y acaparan los sectores más ricos y privilegiados”, agregó.
Ese proceso de elitización de la universidad pública también lo percibe Marcelo Paixão, del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
Especializado en desigualdades raciales en la educación, Paixão aclaró a IPS que “nunca podría estar en contra” del contenido de la nueva ley. Pero no ignora que representará “un desafío” que obliga a las universidades públicas a prepararse.
La norma establece un plazo de cuatro años para que las 59 universidades federales se adecúen a las nuevas reglas. Pero ya en un año más, deberán garantizar por lo menos un 25 por ciento de sus cupos para los alumnos provenientes de liceos públicos.
“La universidad brasileña, principalmente la pública, no está preparada para recibir ese estudiantado con una mayor diversificación socioeconómica y racial”, planteó Paixão.
“Una cosa es dar clases a hijos de la elite que tienen mayor facilidad para abordar temas que demandan por encima de todo un capital familiar y cultural. Otra cosa es recibir personas con un bajo capital cultural y familiar y tener que invertir en ellas para que alcancen el mismo rendimiento que los demás”, comparó.
La ley establece que la mitad de las vacantes reservadas para estudiantes del sistema público sean para quienes perciben un ingreso familiar inferior a 1,5 salarios mínimos, equivalente a unos 450 dólares mensuales.
A la vez determina que dentro de esas plazas, se prioricen los alumnos que se autodeclaren negros, mulatos o indígenas, de acuerdo a la proporción poblacional de cada uno de los 26 estados del país.
El sistema de cuotas raciales tiene presencia en Brasil desde hace 10 años, cuando fue sancionada la primera legislación de ese tipo en el estado de Río de Janeiro.
Actualmente más de 80 universidades tienen alguna medida de acción afirmativa y, en particular, más de la mitad de los centros superiores federales cuentan ya con algún sistema de promoción social o racial en sus procesos de acceso, resumió Gentili.
“Las cuotas raciales y sociales son simplemente una medida de emergencia que trata de corregir una injusticia”, opinó el director de Flacso Brasil. Tras una década en vigor, la ley establece su propia revisión.
La Federación Nacional de Escuelas Particulares anunció que demandará el texto legal ante la justicia, porque lo considera discriminatorio, con el argumento de que establece oportunidades diferentes de acceso a la universidad.
“Hoy la escuela privada atiende a los niveles socioeconómicos A, B, C y D, inclusive en comunidades de baja renta”, dijo a IPS su presidenta, Amábile Pacios. “Un niño no puede ser penalizado por eso”, lamentó.
Pacios recordó la dificultad de los empleadores brasileños de contratar candidatos “que apenas mal dominan las cuatro operaciones (matemáticas) básicas o no consiguen un desempeño satisfactorio en un dictado de 10 palabras”.
“Un país que necesita un sistema de cuotas asume que la escuela pública es de mala calidad”, consideró Pacios, y vaticinó que, al contrario de lo esperado, la nueva ley “fortalecerá la universidad privada porque comenzará a recibir a los mejores alumnos” excluidos por las cuotas sociales de las estatales.
Gentili rechaza ese argumento y otros “prejuicios antidemocráticos”, como afirmar que los pobres deterioran la calidad de la universidad cuando entran a ella.
“Los pobres saben que la universidad es un bien valioso. Justamente por este motivo, cuando acceden a ella se esfuerzan enormemente, haciendo que años de una débil educación secundaria limiten sus efectos de exclusión”, observó.
El experto subrayó que tras una década de políticas afirmativas, ninguna de las universidades que las incorporaron empeoró sus indicadores de calidad educativa. Al contrario, destacó, “han mejorado casi todos sus indicadores de calidad”.
Gentili no cree que haya que esperar “a que la escuela básica mejore para que la universidad pública se vuelva más democrática”. A su juicio, hay que “asumir los dos desafíos de forma simultánea y articulada”.
Es lo que también espera Paixão, para que la nueva ley contribuya a un “proyecto de democracia, distribución de renta y ampliación de las oportunidades de movilidad social”.
“Ahora que la universidad pública va a tener que recibir alumnos de la escuela pública, ¿quién sabe si Brasil no cambia su histórica postura de tratarla con negligencia?”, se preguntó.
Fuente:IPS
