Las increíbles medidas de seguridad de Martínez

rochatotal// Escribe Pablo Mieres.

Tabaré Vázquez se comprometió a cerrar su período de gobierno con una reducción del 30% de las rapiñas. Sin embargo, se incrementaron un 40%.

Nadie tiene dudas de que una de las causas más fuertes del fracaso del gobierno del Frente Amplio ha sido su política de seguridad. En efecto, la “década Bonomi” quedará marcada en la historia del país como un tiempo de creciente deterioro de la seguridad sin que nadie en el Frente Amplio haya hecho nada por modificar la política instrumentada.

Durante el actual período de gobierno el Ministerio del Interior fue interpelado varias veces y se solicitó la censura parlamentaria; sin embargo, todos los legisladores del Frente Amplio defendieron encendidamente la política de seguridad de Bonomi una y otra vez.

En 2015 el Presidente Vázquez anunció solemnemente el compromiso de cerrar su período de gobierno con una reducción del 30% de las rapiñas. Sin embargo, cuatro años y medio después los números indican, no sólo que no pudo reducir las rapiñas ni un 1%, sino que se incrementaron, nada más ni nada menos, que un 40%. Un “record” inigualable de fracaso evidente.

En cualquier gobierno con mínima reacción ante los resultados, se debería haber intentado un cambio de equipo de conducción y una nueva política de seguridad. Sin embargo, en el “mundo del Frente Amplio” nada de eso ocurre.

No importa en absoluto cuál es la evaluación de la política. El Ministro y su equipo son de confianza del Presidente y, por lo tanto, independientemente de sus resultados, se queda en su cargo.

Una cosa similar ha ocurrido con la educación. Otra política fracasada, otras promesas incumplidas, pero el Prof. Wilson Neto cumplirá más de siete años en la Presidencia del CODICEN aunque todos los indicadores muestren que debió haber sido sustituido hace largos años.

Entonces, llega la campaña electoral, y el candidato del Frente Amplio designa como su representante en materia de política de seguridad al Sociólogo Gustavo Leal. Integrante durante todos estos años del equipo del Ministerio del Interior y asesor directo de Bonomi.

Es decir, entonces, que el candidato del Frente Amplio se identifica con la política fracasada de su gobierno y apuesta a un continuismo absoluto.

Sin embargo, cuando leemos sus propuestas en materia de seguridad, se proponen varias medidas que, durante todos estos años fueron reclamadas por nosotros sin ninguna respuesta.

Hemos dicho hasta el cansancio que el gran error de la política de seguridad del gobierno del Frente Amplio había sido el desmantelamiento de las comisarías y el abandono de la policía del territorio. Se ha dejado a los vecinos librados a su suerte, concentrando las fuerzas policiales en pocos lugares y desarrollando como modelo de combate al delito el famoso PADO, que no es otra cosa que una medida auxiliar que está muy lejos de ser una política de seguridad en sí misma.

Siempre, durante todos estos años, se respondió que la estrategia de la policía en los barrios era anticuada y que, además, podía ser fuente de mayor corrupción.

Se desmantelaron también las comisarías en las zonas rurales y se han utilizado varias centenas de policías para custodiar a las víctimas de violencia de género en vez de generalizar el uso de tobilleras electrónicas que han probado ser mucho más eficaces para la prevención de este tipo de delito.

A su vez, se señaló durante todos estos tiempos, que la policía no contaba con el respaldo de la autoridad en los niveles necesarios.

Hace cuestión de un año comenzaron a desarrollarse los llamados operativos “Mirador” que no eran otra cosa que tratar de recuperar barrios que habían quedado en manos de la delincuencia debido a la notoria ausencia de la policía cuyas comisarías barriales habían sido desmanteladas. Estos operativos eran la prueba del fracaso de la política de seguridad del gobierno y su ejecución puso al descubierto de que no pueden lograr sus objetivos si no se recupera de manera permanente la presencia policial en los barrios. Gustavo Leal ya lleva cuatro operativos Mirador para desalojar a la banda de delincuentes “Los chingas” que retornaban un tiempo después de realizado el operativo debido a que el territorio quedaba nuevamente “regalado”.

Por otro lado, en materia de política carcelaria la situación no ha sido para nada mejor. Las condiciones en que viven las personas privadas de libertad son, para buena parte de ellos, absolutamente inaceptables y violatorias de los derechos básicos. El fracaso de la política carcelaria es otra de las grandes sombras de este gobierno.

Pues bien, cuando quedan menos de dos meses para votar, el candidato presidencial del Frente Amplio, acompañado de su principal referente en esta materia que, simultáneamente es uno de los hombres responsables de la “década Bonomi”, nos informa que todo lo que habían dicho que no servía se convierte urgentemente en parte de las medidas a implementar en el próximo gobierno.

En efecto, se propone el fortalecimiento de las comisarías (negado reiteradamente durante todos estos años) y el resurgimiento de la desaparecida policía comunitaria; se propone la reinstalación de las comisarías en las zonas rurales del país para controlar el estrepitoso aumento del abigeato y todo tipo de inseguridad en el campo; además se anuncia que se instalarán todas las tobilleras electrónicas necesarias para atender y custodiar a las víctimas de la violencia de género.

También se anuncia un gran cambio en materia penitenciaria que contrasta con la ausencia de modificaciones relevantes del período.

Todo lo que no se hizo, se anuncia como promesas ahora al filo de las elecciones.

Este es el problema. Las propuestas de Martínez sobre seguridad son increíbles; esto quiere decir que carecen de credibilidad.

Es imposible pedirle a la ciudadanía que crea que se impulsarán estos cambios, cuando durante una década entera de la administración del Frente Amplio, contando con todos los recursos que solicitaron, no sólo no se impulsaron, sino que fueron descalificadas y cuestionadas por inapropiadas.

Este es el problema de fondo. Podemos discutir sobre las medidas que hay que tomar para recuperar la seguridad perdida, pero si se perdió la credibilidad de nada sirve proponer las mejores.