En el camino K
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Por Dr. Rodolfo Saldain
La iniciativa de reforma constitucional de la central sindical uruguaya tiene amplios puntos de coincidencia con la ley kirchnerista del año 2008 que eliminó el régimen jubilatorio basado en el ahorro y se lo sustituyó por un régimen puramente estatal a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Los recursos que integraban las cuentas personales de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización fueron confiscados. Exactamente lo que propone el texto de la papeleta de reforma constitucional del Pit-Cnt.
La entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en medio de una crisis financiera internacional, resolvió “hacer caja” con los ahorros jubilatorios de los argentinos. El riesgo país se duplicó rápidamente y se generó un marcado aumento del costo de financiamiento para el gobierno y las empresas argentinas. El resto de la historia es conocido.
El periodista Joaquín Morales Solá, en su columna habitual en el diario La Nación del 21 de octubre de 2008 dijo que “Los futuros jubilados no estaban muy seguros con el vendaval financiero que azota al mundo. Ahora lo estarán menos (…). Desde que el primer Perón usó los fondos de las jubilaciones, por entonces puramente estatales, ningún otro gobierno argentino pudo evitar la seducción de hurgar en el dinero de los futuros viejos”. La debacle económica del país hermano ha llevado a que la incidencia de pobreza en los mayores de 65 años en el último trimestre del año 2023 se ubicara en el 17,6% , 9 veces superior a la observada en Uruguay.
En el modelo K de confiscación la totalidad de los activos que componían las cuentas individuales de los afiliados pasaron a un Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En el modelo Pit-Cnt pasarían a un fideicomiso de administración que -con viento a favor[1]cubriría un 20% de los mayores gastos que se generaría… si se resiste la tentación de echarles mano.
En el modelo K el Estado nacional garantizaba a los afiliados y beneficiarios del régimen que desaparecía iguales o mejores prestaciones que las que gozaban bajo la ley anterior. En el modelo Pit-Cnt la papeleta dice que “la entrada en vigor de la presente reforma no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores en materia de prestaciones de seguridad social”.
¿Bajo qué supuestos de evolución salarial y de rentabilidad podrá garantizarse que no habrá menoscabo en derechos si se interrumpe el flujo de ahorro y capitalización? ¿Cómo se garantizará que no habrá pérdida en derechos en caso de fallecimiento si los fondos ya no serán propiedad de las personas y no serán heredables? ¿Cómo se garantizará que quien difiere el retiro tres años luego de configurada la causal jubilatoria pueda acceder al 9% del saldo de su cuenta en forma de capital, si ya la cuenta personal habrá desaparecido y habrá dejado de ganar la rentabilidad que financia ese beneficio? No hay forma de garantizar a los confiscados que no habrá menoscabo. El papel soporta expresiones de deseos, pero no las hace realidad.
Una diferencia con el modelo argentino de confiscación es que allá se previó un tratamiento diferencial para los ahorros voluntarios, aquellos que han sido hechos para mejorar la jubilación sin obligación (depósitos convenidos o voluntarios). Hay personas que tienen en sus cuentas personales decenas de miles de dólares por esos conceptos, aportados por ellos mismos o sus empleadores. Los redactores del texto que propone el Pit-Cnt y sus aliados no distinguen y estos ahorros también quedarían comprendidos en la confiscación.
El presidente Tabaré Vázquez anunciaba en 2016 como uno de los desafíos «trabajar fuertemente para no perder el grado inversor; siendo este el activo financiero intangible más importante que tiene Uruguay». ¿Por qué era y es importante? ¿Qué tiene que ver con la vida cotidiana de las personas? Tiene muy significativo impacto inmediato en todos los uruguayos. Permite reducir los pagos por intereses que pagan los gobiernos para financiar sus gastos. Menores pagos de intereses permiten destinar esos recursos a áreas prioritarias como hogares con menores ingresos, salud, educación, infraestructura, entre otras cosas. Por ejemplo, destinar recursos a mejorar la calidad de cuidados de larga duración de personas mayores, como las fallecidas en la tragedia de Treinta y Tres de hace unos días. Esa será una política social cada vez más demandante de recursos para atender a la población mayor, especialmente la de menores ingresos.
Uruguay tiene el menor riesgo crediticio de la región, pese a tener un nivel de endeudamiento similar que muchos de ellos. Entre los factores que lo explican está la prudencia macroeconómica que permitió recuperar el grado de inversión. Y el año pasado la aprobación de la reforma al sistema previsional permitió elevar ese nivel de calificación crediticia al más alto alcanzado en nuestra historia. Precisamente la aprobación de una reforma de la seguridad social que es una señal de que el sistema político está dispuesto y es capaz de llegar a acuerdos para promulgar reformas que son políticamente costosas, complejas de negociar y que tienen un impacto que va más allá del gobierno de turno y abarca a muchos gobiernos.
¿Qué puede esperarse si prosperara la iniciativa del Pit-Cnt? Quedaría todo eso en entredicho. Afianzar una reputación puede llevar décadas, destruirla un minuto.
