Condenar al gobierno venezolano es un imperativo democrático

Pablo Mieres

Existe un criterio divisorio que separa con nitidez a quienes poseen criterios democráticos de los que no los poseen, este se define por la aceptación de que las reglas de juego y las normas jurídicas que regulan a una comunidad están por encima de las opiniones y decisiones propias.

La clave de una cultura democrática es aceptar que, más allá de que yo crea que tengo razón o lo que me parezca justo o valioso, el respeto a las reglas de juego es un principio superior que limita mi accionar político.

Esto es sencillamente acatar que lo jurídico está por encima de lo político. Y esta postura básica, que marca con claridad los límites entre la arbitrariedad y la tolerancia, es la línea divisoria entre quienes poseen espíritu democrático y quienes no lo poseen. Y esta diferenciación no tiene nada que ver con la definición de izquierda o derecha que cada uno asuma.

De hecho, existe la izquierda autoritaria como también existe la derecha democrática. No sólo hay autoritarios en la derecha, que vaya si los hay y cuánto los hemos sufrido en nuestro país, también existen autoritarios de izquierda y sino preguntémosle a millones y millones de individuos sojuzgados bajo los regímenes del llamado “socialismo real” por décadas.

Por eso, cuando un gobierno no respeta los derechos humanos de las personas, cuando controla o censura a los medios de comunicación, cuando reprime las manifestaciones públicas de la gente, es sencillamente un gobierno autoritario; con independencia de su orientación ideológica. Desde siempre ha habido autoritarismos de derecha y autoritarismos de izquierda. No son ninguna novedad.

Lo que duele y preocupa, es que en el partido de gobierno la sensibilidad democrática para evaluar a los diferentes gobiernos sea tan distinta según la orientación ideológica de que se trate. De hecho su Mesa Política acaba de aprobar por unanimidad una declaración de solidaridad con el gobierno de Maduro que acaba de perpetrar una cruenta represión con tres muertos y decenas de heridos a una manifestación de estudiantes en su país.

En el Frente Amplio debería haber un poquito más de memoria sobre la solidaridad recibida durante la noche dictatorial. Efectivamente, fue justamente desde Venezuela que el pueblo uruguayo recibió señales muy firmes de solidaridad, al punto de que el gobierno democrático venezolano rompió relaciones con la dictadura uruguaya a raíz del episodio del secuestro de Elena Quinteros.

Por eso, más que de cualquier otra parte, los venezolanos deberían recibir nuestra solidaridad en circunstancias en que sus derechos se ven avasallados, aunque en este caso se trate de un régimen que se autoproclama de izquierda. Pues no, nada de eso ha ocurrido. El Frente Amplio se ha pronunciado en defensa del régimen agresor que lidera el señor Maduro.

La cuestión de los derechos humanos y de la democracia no es una cuestión subordinada a la definición ideológica de turno. Es un a priori superior que está por encima de la ideología que se profesa. Cuando se violan los derechos humanos de la gente simplemente se violan los derechos humanos y es muy vergonzoso que la evaluación sobre la gravedad de esas violaciones dependa de si uno es más o menos amigo de esos gobernantes.

No existen argumentos que justifiquen lo que acaba de ocurrir en Venezuela. Nuestro país debería estar liderando una iniciativa diplomática para que a nivel de América Latina se produzca un seguimiento y una reacción sobre lo que ha ocurrido en ese país, lamentablemente el gobierno uruguayo ha optado por una declaración genérica y se ha lavado las manos mirando para el costado frente a los atropellos del régimen que gobierna Venezuela.

Pero además no es cierto que la gente que ha manifestado contra el gobierno venezolano sea fascista, los opositores al gobierno venezolano abarcan un enorme arco ideológico plural que incluye representantes de fuerzas de izquierda moderada. Tampoco es cierto que las manifestaciones estén manipuladas desde el exterior por el imperialismo, es curioso escuchar los mismos argumentos que se escuchaban cuando en Uruguay manifestábamos contra la dictadura en nuestro país. Menos aún que tengan un objetivo o una modalidad de expresión violenta, se trataba de una protesta pacífica y multitudinaria contra un gobierno incapaz de dar respuesta a los graves problemas que tiene el país como resultado del fracaso estrepitoso de sus políticas.

Es cierto que el gobierno de Maduro asumió el poder como resultado de un proceso eleccionario, no menos cierto es que el resultado fue cuestionado y la transparencia fue muy dudosa; pero que un gobierno asuma por la vía del voto popular no garantiza que sea democrático, si luego en su accionar se violan los derechos y las libertades. Justamente, en una democracia también los gobiernos tienen límites sobre lo que pueden o no pueden hacer.

En Venezuela hace ya bastante tiempo que el gobierno ha transgredido esos límites. Es una verdadera hipocresía que los sectores de la izquierda frenteamplista no asuman con seriedad la condena a estas violaciones de los derechos humanos simplemente porque se trata de un gobierno que se proclama de izquierda.