POLITICA Y DINERO
El politólogo Daniel Chasquetti puso oportunamente el “dedo en el ventilador”…
Pablo Mieres.
El politólogo Daniel Chasquetti puso oportunamente el “dedo en el ventilador” en una reciente columna en la que señala la miopía de nuestro sistema de partidos al no incluir en la agenda la necesidad de implementar ajustes significativos en nuestras reglas de juego vinculadas al financiamiento de los partidos. La referencia a Brasil y su impactante crisis aumenta la significación de abordar esta temática. Su reflexión resulta muy atinada y su reclamo es muy pertinente y necesario.
Tenemos que incorporar nuevas reformas sobre el financiamiento partidario, tanto referidas a las reglas de juego de la campaña electoral como del financiamiento cotidiano. Esta tarea debería cumplirse cuanto antes, puesto que cuanto más cerca estemos de las próximas elecciones más difícil será abordar este tema.
En 2009 se aprobó una norma que avanzó en este sentido y debemos señalar que fue un logro con respecto a la opacidad absoluta que reinaba en nuestro ordenamiento jurídico en esa materia. Pero, también debemos reconocer que la normativa vigente es tímida y permite mantener ciertas opacidades o ausencias de control que deberían corregirse.
En efecto, a nuestro modo de ver sería necesario incluir modificaciones en tres aspectos fundamentales: (a) el contralor de las cuentas y balances de los partidos, (b) las reglas de juego sobre las campañas electorales y (c) los montos de aporte del Estado a los partidos políticos.
Con respecto al primer aspecto, resulta evidente que los partidos políticos debemos constituir un ámbito de contralor de nuestra gestión económica y financiera mucho más exigente. En efecto, resulta claro que la actual situación implica sólo la obligación de presentar una rendición de cuentas de las campañas electorales, sin que estas rendiciones de cuentas sean objeto de una auditoría efectiva sobre su certeza y realidad.
Esto es así porque se ha asignado tal competencia a la Corte Electoral que no posee los instrumentos ni la organización para controlar desde el punto de vista contable la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas. En tal sentido, la propuesta de Chasquetti de crear un organismo específico, “una pequeña DGI”, es compartible, aunque quizás no sea necesario crear un organismo específico sino directamente atribuir al Tribunal de Cuentas la potestad de auditar e informar sobre las rendiciones de cuentas de los partidos políticos.
Efectivamente, los partidos políticos somos organizaciones de interés público y recibimos recursos del Estado, por lo que debido a esa naturaleza, sería muy adecuado que el Tribunal de Cuentas auditara, no sólo los gastos de campaña sino también los balances anuales durante el período interelectoral.
Esta sencilla medida representaría un significativo incremento de las exigencias de funcionamiento y transparencia de los partidos políticos y de las garantías públicas sobre el accionar político de los mismos.
En segundo lugar, a nuestro juicio, deberíamos revisar la normativa que regula dos aspectos sustanciales de las campañas electorales que, además, representan los montos más importantes en los presupuestos de campaña: la publicidad mediática y la impresión y distribución de las hojas de votación.
La publicidad mediática debería redefinirse, estableciendo por un lado un sistema equitativo de asignación de espacios publicitarios gratuitos para los partidos y candidatos y, por otro lado estableciendo límites en los tiempos que puedan ser contratados por cada partido o candidato.
Por otro lado, la responsabilidad de la impresión de las hojas de votación debería convertirse en una tarea exclusiva del Estado, el que debería garantizar la disposición de las hojas de votación de todas las alternativas electorales en todos los circuitos durante todo el horario de votación. En ese sentido, se debería prohibir la impresión y distribución de las hojas de votación a cargo de los partidos y agrupaciones y, al mismo tiempo, la Corte Electoral debería establecer mecanismos de ejercicio del voto que garanticen el acceso de todos los votantes a toda la oferta electoral. La incorporación de mecanismos de voto electrónico con impresión de la hoja en forma simultánea, tal como se instrumentó en Buenos Aires el año pasado es una buena referencia.
Como contrapartida de estas innovaciones, la contribución del Estado a las campañas electorales debería disminuir en proporción a la reducción de gastos de los partidos. En la medida que se reducen los gastos de campaña debería reducirse la contribución del Estado.
Son algunas ideas de una agenda que, a nuestro juicio, debería abordarse sin demora.
