Nostalgia y firmas por Hoenir Sarthou
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Otros años, la noche del 24 de agosto era de celebración.
En vísperas del aniversario de la Declaración de Independencia, la noche de la nostalgia nos retrotraía a amores y amistades del alma, a alegrías y dolores inolvidables, a músicas que nos erizaron y nos hicieron vibrar, a historias íntimas y a festejos compartidos.
La noche de este 24 de agosto no fue así. Sin embargo, nunca tuvo más sentido que ahora la nostalgia. Ya no sólo en lo íntimo, sino también en lo colectivo.
Desde fines del pasado verano, el País y el mundo no son lo que eran. Miedo, encierro, distancia física, tapabocas, crisis económica, reducción de los encuentros y de la vida social, al son de advertencias catastróficas, recomendaciones contradictorias y prohibiciones absurdas, infinitamente más dañosas que el mal que dicen querer evitar.
¡Claro que tenemos mucho de qué sentir nostalgia este año! Para empezar, de la vida que teníamos, de la libertad, de los encuentros, del hablar a cara descubierta, de una niñez y una juventud libres de miedos, del optimismo y la esperanza en el futuro. ¿Qué felicidad puede haber cuando la única esperanza es que a uno lo vacunen? Y luego esperar las próximas pandemias que nos anuncian Bill Gates y la OMS.
Sin embargo, este 24 de agosto quizá fue la víspera del nacimiento de otra clase de esperanza. Porque el martes 25 tuvo lugar la primera jornada nacional de firmas en apoyo a la Reforma Constitucional “Uruguay Soberano”.
Para quienes no lo sepan, explico en qué consiste la Reforma: ¿vieron el contrato ROU UPM? Bueno, la Reforma lo declara nulo, es decir, deja sin efecto los privilegios que indebidamente se le dieron a la empresa UPM en ese contrato.
Cuando digo privilegios indebidos me refiero a cosas como el uso gratuito y garantizado del agua del Río Negro para producir celulosa y para devolver al Río millones de litros de agua contaminada, al uso preferencial (por no decir exclusivo) de una vía férrea que pagará el pueblo uruguayo a un costo de 2.200 millones de dólares (más del doble de lo que costó recapitalizar ANCAP), la compra obligatoria de la energía eléctrica que produzca la planta (1.500 millones de dólares por energía que no necesitamos), exoneración de impuestos, zonas francas, un puerto, carreteras, puentes y viaductos construidos o refaccionados para ponerlos a disposición de UPM, la intromisión de UPM en los programas de enseñanza, y, para colmo, el compromiso de estabilidad jurídica por cincuenta años (es decir que ningún cambio legislativo o tributario podrá perjudicar a UPM durante cincuenta años), y de que los posibles litigios entre el Estado y la empresa se resuelvan en un tribunal del Banco Mundial (sí, el mismo que financió la forestación). Sobra decir que ningún trabajador o productor uruguayo cuenta con semejantes ventajas. Y que todo el paquete es redondamente inconstitucional, ya que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para disponer esas cosas, mucho menos en secreto y sin aprobación parlamentaria, habiéndose aprovechado de un silencio de la Constitución, que no regula expresamente esa clase de contratos.
A ese silencio quiere ponerle fin la Reforma, disponiendo que los contratos de inversión futuros (cuando sometan al País a jurisdicción extranjera, o le den a una empresa estabilidad jurídica, o endeuden al Estado más allá de un período de gobierno) deban ser aprobados por el Parlamento por una mayoría especial. De modo que la Reforma no se ocupa sólo del actual contrato con UPM, sino que previene futuros contratos tan ruinosos y disparatados como ese.
Para terminar, la Reforma establece un mecanismo más eficaz que el vigente para el control ciudadano sobre esa clase de contratos. ¿Cómo? Facilitando el recurso de referéndum, que podrá ser promovido por el 10% del padrón electoral, en lugar del 25% que se requiere ahora. Es decir que, si el parlamento se “equivoca” y aprueba un contrato de inversión ruinoso, la ciudadanía podrá someterlo a plebiscito mediante la firma del 10% del padrón electoral, para dejarlo sin efecto. Pondremos fin así al absurdo de que se pueda promover una reforma constitucional con el 10% del padrón electoral y, para habilitar una consulta popular que deje sin efecto a una ley, se requiera el 25%.
Firmar por la Reforma “Uruguay Soberano” significa apoyar las tres medidas que acabo de reseñar: 1) anular el contrato ROU UPM para eliminar los indebidos privilegios de la empresa; 2) prevenir otros futuros contratos de inversión tan leoninos como ese; 3) facilitar el control ciudadano sobre los contratos de inversión que aprueben el Ejecutivo y el Legislativo.
