INDDHH exige frenar la sísmica en el mar uruguayo
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En una acción inédita, la Institución Nacional de Derechos Humanos pidió a la Justicia detener la prospección sísmica offshore por considerar que provoca daños ambientales irreversibles, viola la Constitución y expone al Estado a incumplir sus compromisos climáticos internacionales.
La prospección sísmica offshore para la exploración de hidrocarburos en aguas uruguayas sumó un nuevo capítulo judicial. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) presentó una acción de amparo ante la Justicia con el objetivo de que se disponga el cese inmediato de toda actividad vinculada a la prospección sísmica y a la eventual explotación de recursos asociada a la misma.
El recurso fue interpuesto contra el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ancap y las empresas petroleras Searcher Geodata, CGG Services, APA Exploration y PGS, que cuentan con autorizaciones ambientales para llevar adelante proyectos de exploración sísmica 3D en el espacio marítimo.
La acción judicial se conoce en un contexto de creciente judicialización del proyecto. En paralelo, esta semana un juez declaró incompetente al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8º Turno para atender una medida cautelar presentada por organizaciones sociales, mientras se aguarda que la Justicia defina la competencia y convoque a una audiencia en los próximos días.
Daño ambiental grave e inminente
Según sostiene la INDDHH en su escrito, la acción de amparo busca “el cese de un daño grave e inminente y la prevención de perjuicios susceptibles de prolongarse en el tiempo”, ante un riesgo ambiental que considera ya advertido y reconocido por las propias partes involucradas.
La institución advierte que, una vez iniciadas las tareas de prospección sísmica, los daños serán “ciertos e irreversibles”, por lo que el amparo constituye, a su entender, el único medio idóneo para evitar una lesión inminente al ambiente.
El 2 de febrero arribó a Uruguay el buque BGP Prospector, que operará para la empresa CGG Services, lo que refuerza —según la INDDHH— el carácter urgente del planteo judicial.
Inexactitudes en los estudios ambientales
El recurso presentado señala la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental integrales que contemplen los efectos acumulativos y sinérgicos de la actividad proyectada. También cuestiona la insuficiencia de las medidas de mitigación previstas y la inexistencia de estudios independientes acompañados de sistemas de control efectivos.
La presidenta de la INDDHH, Mariana Mota, afirmó en rueda de prensa que el impacto ambiental de la prospección sísmica “no es negado por nadie”, ya que incluso las propias empresas reconocen los daños en sus informes ambientales. “La mitigación no quiere decir que el daño no exista, sino que el daño se va a dar efectivamente y el punto es cuál es el costo de esa actividad”, señaló.
Impacto sobre la biodiversidad y la pesca
La institución advierte que la actividad petrolera, tanto en la etapa de exploración como de explotación, afecta a especies marinas protegidas, ecosistemas acuáticos y la biodiversidad oceánica. En particular, el método de sísmica marina, que utiliza cañones de aire comprimido, genera ondas acústicas de alta intensidad que impactan sobre cetáceos, peces y otras especies marinas.
Los informes presentados por las empresas adjudicatarias califican como “alta” la afectación ambiental sobre la pesca comercial, los mamíferos marinos, los reptiles marinos y áreas de particular relevancia para la conservación.
Cuestionamientos legales y climáticos
La INDDHH sostiene que las autorizaciones ambientales otorgadas resultan incompatibles con el deber del Estado de orientar el desarrollo hacia un modelo sostenible y resiliente al cambio climático. Asimismo, advierte un posible incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Uruguay, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París.
El recurso también invoca el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho humano a un ambiente sano, así como la Ley General de Protección del Medio Ambiente y la normativa sobre áreas naturales protegidas.
Dudas sobre control y fiscalización
Como parte de las pruebas, la INDDHH solicitó que se cite como testigos a representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Defensa Nacional. El objetivo es indagar sobre la afectación a los recursos marinos, la capacidad de inspección de las actividades en el mar y los riesgos vinculados a la seguridad y a la falta de medios de fiscalización adecuados.
Una vez presentada la demanda, la sede judicial cuenta con un plazo de tres días hábiles para convocar a audiencia. En esa instancia, los organismos y empresas demandadas podrán contestar el recurso y ofrecer pruebas, dando inicio a una etapa probatoria cuya duración aún es incierta.
