Arazatí reformulado bajo la lupa: el Tribunal de Cuentas evalúa si el contrato cambió de esencia
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Tras la cancelación del proyecto original en Arazatí, el Tribunal de Cuentas analiza si la relocalización y redimensionamiento de la iniciativa —ahora centrada en Casupá y Aguas Corrientes— respeta el objetivo original del contrato firmado entre el Estado y el consorcio privado. El debate no es técnico: es jurídico, político y ambiental.
El Tribunal de Cuentas vuelve a escena
El Tribunal de Cuentas (TCR) revisará este jueves el acuerdo renegociado entre el Estado uruguayo y el consorcio privado Aguas de Montevideo, tras la decisión del gobierno de cancelar el proyecto Arazatí a mediados del año pasado. El análisis se centrará en determinar si las modificaciones introducidas alteran el objeto original del contrato, condición clave para definir si corresponde una observación formal.
La revisión surge luego de que el Poder Ejecutivo decidiera relocalizar y redimensionar el proyecto Arazatí —también conocido como Neptuno—, que originalmente preveía la instalación de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí, departamento de San José. Aunque el nuevo diseño ya cuenta con el aval de OSE, aún resta el pronunciamiento del TCR.
Un contrato que cambió de lugar… ¿y de finalidad?
Según informó La Diaria, el Tribunal deberá evaluar si, tras las modificaciones introducidas por el actual gobierno, el acuerdo sigue respondiendo al objetivo primario que justificó la asociación entre el Estado y el consorcio privado integrado por Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast.
El punto central no es menor: si el proyecto dejó de ser el mismo en términos sustantivos, el contrato podría quedar jurídicamente comprometido.
Qué cambia en el nuevo proyecto
La planta potabilizadora ya no se ubicará en Arazatí. El nuevo emplazamiento será un predio contiguo a la actual planta de Aguas Corrientes, en Canelones. La infraestructura proyectada tendrá una capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, que, sumados a la usina existente, elevarán la disponibilidad total a cerca de 900.000 metros cúbicos diarios.
El proyecto incluye además la construcción de una aductora de 40 kilómetros hasta Cuchilla Pereira, punto de ingreso al sistema de abastecimiento de Montevideo.
Cuestionamientos ambientales y de seguridad
Aquí se concentran las principales alertas. La obra implicaría la expropiación de más de 100 padrones y la inundación de unas 2.126 hectáreas, parte de ellas con bosques nativos. A esto se suma un vacío sensible: no se conocen planes de contingencia ante eventuales accidentes en la represa.
En caso de desborde o rotura, no está claro cuál sería el caudal liberado ni el impacto inmediato sobre poblaciones vecinas, algunas de las cuales podrían verse afectadas en cuestión de minutos.
El argumento oficial: agua hasta 2045 y menor costo
Desde el gobierno que encabeza Yamandú Orsi, el objetivo declarado es garantizar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana hasta el año 2045. Además, se sostiene que el nuevo diseño tendría un costo un tercio menor al previsto originalmente para Arazatí.
El contrato renegociado incorpora, además, una represa en el arroyo Solís Chico, que aportará una reserva de 6 millones de metros cúbicos de agua bruta, junto a una planta potabilizadora de menor porte, con capacidad de 24.000 metros cúbicos diarios, destinada a cubrir la demanda de la Costa de Oro, desde el arroyo Pando hasta Jaureguiberry.
Una definición con peso político
La resolución del Tribunal de Cuentas no será un mero trámite administrativo. De su dictamen dependerá si el Estado puede avanzar sin observaciones en un proyecto clave para el futuro del abastecimiento de agua, o si deberá enfrentar un nuevo capítulo de cuestionamientos legales, ambientales y contractuales.
