SERÍA MUY GRAVE


Hace unas semanas el Semanario Búsqueda consignó que en una reunión que el Presidente de la República mantuvo con la bancada del partido de gobierno había defendido con énfasis la necesidad de que se pusiera en funcionamiento la empresa de aviación que promueven los ex empleados de PLUNA.

 Parece razonable que el Presidente esté interesado en encontrar una solución a la grave crisis generada luego del cierre de la empresa aérea y que se preocupe por una solución que incluso pueda dar trabajo a muchos de los trabajadores de PLUNA. Sin embargo, la sorpresa surgió cuando el Presidente expresó sus argumentos para defender la necesidad imperiosa de que la empresa abra. Uno espera un argumento fundado sobre la viabilidad del emprendimiento y sobre la seriedad de la propuesta.

 

 

Pero la argumentación del Presidente nos sorprendió. Dijo que este era un asunto político y que con independencia de la viabilidad de la empresa, esta debía funcionar para enfrentar las críticas y cuestionamientos de la oposición. Es más, señaló que era necesario que el proceso de apertura de la nueva empresa culminara antes de que el juez de la causa se expidiera.

 

De acuerdo a la versión del Semanario Búsqueda, el Presidente dijo: “La mejor defensa de PLUNA es que los aviones vuelen antes que los jueces fallen lo que van a fallar. Y hay compañeros que no se dan cuenta de la importancia que tiene eso. Yo no sé si será muy posible. Tiene mucho viento en contra. Tiene mucho obstáculo, pero uno de los lugares que nos van a pegar es con PLUNA. Y la mejor manera de enfrentar eso es que los aviones estén volando y que los compañeros estén comprometidos con eso. Esto ya no es ni por conectividad ni por razones económicas; esto es batalla política. Netamente política. Hay un montón de compañeros que están pensando: será rentable, será posible. ¡Pero no sean giles! —exclamó—Nunca fue rentable, porque si fuera rentable sobrarían los capitalistas que se pechan por eso. En esta coyuntura, con lo que nos ha pasado y con el costo que hemos tenido, ¡tenemos que hacerlo andar o andar o andar! No lo podemos mirar con un criterio de banquero, si me conviene o no me conviene. Tiene que ser. Y esto es lo que hay atrás… Tiene que ser con una propuesta racional en la que vamos a poner 15 millones de dólares, que no sé si ese fondo algún día lo recuperará, no importa. Pero los trabajadores van a cobrar el 75% de lo que les corresponde y lo otro lo cobrarán si les va bien, y si no, no lo cobrarán”.

 

Esperamos varias semanas a que la Presidencia de la República emitiera un desmentido frente a tales afirmaciones. El tiempo ha transcurrido y no ha habido una sola mención que pusiera en cuestión la veracidad de la afirmación.

Entonces, si las palabras del Presidente fueron esas, estamos frente a una situación de inusitada gravedad institucional. El Presidente está sosteniendo y promoviendo que su gobierno apoye un emprendimiento que reconoce que está lleno de dificultades para evitar pagar los costos políticos de un asunto que ha afectado la imagen de su gestión.

El Presidente está impulsando, a conciencia, el criterio de no evaluar si el negocio será o no ruinoso y si deparará o no pérdidas para el Estado. Lo que importa, a su juicio, es no perder la batalla política con la oposición. Expresamente descalifica a los de su partido que pretenden evaluar la propuesta por su validez económica y su viabilidad financiera. Incluso deja entrever que, en todo caso, se podrán perder quince millones de dólares pero que no es un problema.

O sea que en una situación en la que el Estado uruguayo ya está perdiendo entre doscientos y trescientos millones de dólares, ahora promueve por cálculo político y para evitar que le pasen una “factura”, invertir más dinero (que no es de él ni de sus compañeros de partido) para apoyar una solución que él mismo reconoce expresamente que no es razonable.

Si estas afirmaciones no fueran desmentidas y se transformaran en decisiones oficiales, bajo las actuales circunstancias, estaríamos asistiendo a un episodio gravoso para el Estado,  propiciado desde el mismo gobierno. Se está reconociendo que se utilizarán fondos públicos con el afán de evitar un costo político y con independencia de su idoneidad técnica; sorprendente y sumamente grave.

El Presidente tiene la obligación de desmentir estas afirmaciones o, en caso contrario, descartar la salida empresarial señalada.

El Estado está pensando en prestar, a través del FONDES, quince millones de dólares y luego se están evaluando exoneraciones, subvenciones y facilidades. Todo ello con dinero que es de todos los uruguayos. Es obligación de las autoridades y, particularmente, del Presidente de la República, velar por el buen uso de los bienes colectivos.

Nosotros no tenemos una opinión definitiva sobre el proyecto de los ex empleados de PLUNA porque no tenemos una evaluación en detalle de sus características; y entendemos y valoramos el esfuerzo de los impulsores por intentar una solución laboral; pero es el propio Presidente el que parece tener una opinión crítica sobre su viabilidad.

Resulta evidente que si se avanza en la dirección anunciada deberá realizarse una minuciosa investigación sobre las características del emprendimiento y evaluar con detalle la viabilidad de la propuesta que el propio Presidente ha descalificado. De lo contrario, se habrá incurrido en una grave responsabilidad política.