LA ECONOMÍA BANCARIZADA: La otra cara de la inclusión financiera

Iván Posada

Largo y sinuoso camino el del Frente Amplio. Desde las bases programáticas que en 1971 postulaban la nacionalización de la banca hasta este presente, en que haciendo valer su mayoría absoluta, aprueba la ley de bancarización.  

Por cierto, la formalización de la economía es un objetivo compartible. Cumplir las reglas de juego entraña beneficios para la sociedad  toda. Sin embargo, el problema está en los instrumentos que se eligen para tal fin. Y en este caso, el instrumento que prima sobre los otros es la bancarización. Aún cuando reconoce a las entidades representativas de la economía social la posibilidad de participar en los créditos de nómina, en realidad, son los bancos los únicos que están en condiciones de ingresar desde el vamos al nuevo sistema. Los sectores de la economía social que integran la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP) y la Asociación Nacional de Afiliados (ANDA), no están en condiciones de cumplir las exigencias que la ley establece, menos aún cuando el nuevo sistema se pondrá en marcha treinta días después de la aprobación del decreto reglamentario. En el supuesto caso que estas entidades solucionen sus problemas de escala y de fondeo, llegarán tarde al reparto de la torta.

 

 

Reitero. Compartimos la idea de formalizar la economía, pero el marco legal debe permitir, efectivamente, la participación de todos los actores del sistema de intermediación financiera, para que la competencia sea real. La ley optó solo por el oligopolio bancario, y aunque formalmente el acceso está abierto a todos, en los hechos, estará vedado por los costos que implica generar una estructura que sea competitiva con el sector bancario. Con las condiciones establecidas en la ley no habrá competencia posible. La mesa está servida. Al fin de cuentas, cuando pasemos raya, los bancos tendrán la frutilla de la torta. Y la torta también.

Dicen que el proyecto es de “inclusión financiera” porque permite a los sectores de ingresos medios y bajos, acceder al sistema bancario y obtener a través de los créditos de nómina, tasas de interés más bajas. El crédito será sobre su propio sueldo, con  tasas de interés real positivas, no menores al 14%. Tratándose de un crédito con retención sobre el sueldo, demasiado caro. De hecho, el préstamo social del Banco República que va operar como una referencia ineludible para el sector bancario, tiene una tasa de ese orden para préstamos de hasta 6 meses de plazo. Pero además, muchos uruguayos que hacen “piruetas” para llegar a fin de mes, seguirán recurriendo inevitablemente, a otros créditos, a tasas de interés aún mayores.

Del otro lado del mostrador, el principal negocio bancario es el otorgamiento de créditos. El crédito de nómina les da la posibilidad de acceder a un segmento de población que estaba fuera del negocio bancario. En todo caso, parte de ese mercado es atendido en exclusividad por el Banco República. 

 

 

Pero además, para formalizar la economía es necesario un proceso gradual. Un cambio cultural profundo. Nuestra gente no tiene costumbre de usar la tarjeta de débito. Para los que están habituados al uso de la tarjeta de crédito, éstas suponen acceder a promociones y a financiamiento diversificado, en la medida que las familias tienen más de una tarjeta, emitidas por distintas entidades bancarias. La gran mayoría de las familias usan la tarjeta de crédito para pagar sus consumos a mes vencido. La tarjeta de débito supone que ese consumo pasa a ser pagado al contado. ¿Acaso piensan las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) impulsoras de este proyecto que la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 2 o 3 puntos  puede incidir en un cambio de conducta de los uruguayos? Si la respuesta es afirmativa revela una ingenuidad paradigmática. O peor aún, un desconocimiento del comportamiento de las personas.

 

Está probado que los incentivos de rebaja del IVA no funcionan. El caso de los tarjetahabientes del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) que cobran las Asignaciones Familiares lo prueba. Quienes usan la tarjeta de débito para pagar los bienes de consumo familiar están exonerados del IVA. Sí, del 100% del impuesto. Sin embargo, tres de cada cuatro, prefieren retirar el dinero del cajero y hacer sus transacciones en efectivo. Los cambios culturales, la modificación de  costumbres arraigadas en los uruguayos no se logran cambiar de un día para otro, como parecen creer las autoridades del MEF. El voluntarismo no cuenta. Debieran saberlo. El caso PLUNA debiera haberles servido para saber que los agentes de mercado actúan por motivos más complejos, inherentes a la psicología humana. 

La justificación de este proyecto es la rebaja del IVA. Cuando en el año 2007 se aprobó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se comprometieron a rebajar el IVA. Parece que en los siete años que han pasado no han tenido oportunidad de hacerlo, a pesar del crecimiento extraordinario de nuestra economía. Como en el juego de la mosqueta. El Poder Ejecutivo ya tiene esa facultad desde hace bastante tiempo y no ha hecho uso de ella. Y ahora, casi al final del segundo mandato, nos dicen que para financiar la rebaja del IVA necesitan formalizar la economía.

La ley prevé el ingreso de un nuevo actor al mercado: el emisor de dinero electrónico. En los hechos, en el mercado hay un único actor que está en condiciones de establecer una red a nivel nacional: ABITAB. Pero como ya ha sido dicho, tal como está redactada la iniciativa, ese actor también llegará tarde a la mesa. Los costos de ingreso al mercado terminarán siendo determinantes para que cualquier nuevo actor tenga serias dificultades para su inserción en el mercado.

Pero hay otras luces amarillas. La ley establece la mercantilización de la nómina. El trabajador puede optar por el banco en que se deposita su salario. Aparentemente es una ventaja para el trabajador. Sin embargo, la mercantilización de la nómina va a generar ineficiencias. Mayores costos para las MYPES. Es preferible, para una competencia más sana, que sean los empleadores quienes determinen donde se depositan los sueldos de sus empleados.  

 

 

 

La ley determina asimismo la interoperabilidad de los cajeros automáticos. A priori se puede pensar que la posibilidad de que las personas retiren dinero en efectivo de cualquier cajero automático va en beneficio de los propios usuarios. No obstante, esta imposición desestimula la competencia entre las redes de cajeros existentes. Al igual que en el caso anterior, la opción legal determina ineficiencias para la economía en su conjunto. Por el contrario, la ausencia de interoperabilidad entre cajeros promueve que cada una de las redes compita por dar un mejor servicio, mejorando la accesibilidad de los usuarios a las mismas.

La ley impone la gratuidad de las cuentas en que se deposita el salario de los trabajadores. Pero ya es sabido que no hay almuerzos gratis.  Alguien pagará. En economía, estos costos, estas ineficiencias, se conocen como subsidios cruzados. Por ejemplo, a través de las tasas de interés que cobra el oligopolio de los bancos.

Por cierto, también se generan nuevos costos en la administración de propiedades, en las transacciones inmobiliarias o de vehículos, en fin, hasta donde llegó la imaginación de los “genios” del MEF.

Hay otros costos que no han sido considerados. Para una población envejecida como la uruguaya, el acceso a los cajeros será un obstáculo que favorecerá el desarrollo de nuevas actividades delictivas que irá en perjuicio de los más ancianos.

Lamentablemente, un objetivo plausible de formalizar la economía, que pudo ser compartido por todo el sistema político, termina siendo, como tantas otras veces, el proyecto exclusivo del oficialismo frenteamplista. Una muestra más del voluntarismo excluyente y de la manifiesta soberbia de quienes se creen dueños de la verdad. Y que a pesar de los repetidos tropiezos, no aprenden.