No a la investigadora, grave decision del FA
El Frente Amplio resolvió no habilitar la creación de una Comisión Investigadora Parlamentaria con respecto al proceso que culminó con la liquidación de PLUNA. Si una situación como la de PLUNA no amerita la creación de una Comisión Investigadora en el Parlamento, ya no sabemmos qué es lo que tiene que pasar en este país para que se investigue.
Porque es una postura engañosa la de aquellos dirigentes frentistas que pretenden hacer creer a la opinión pública que ellos van más allá al enviar todos los antecedentes a la Justicia. En primer lugar porque los antecedentes ya están en la Justicia en virtud de que los legisladores del Partido Nacional presentaron la denuncia penal hace algunas semanas; pero además en segundo lugar porque se pretende mezclar o confundir las finalidades de ambos tipos de indagatorias.
En efecto, la investigación judicial tiene por objeto determinar la comisión de delitos o detectar conductas ilícitas que se tipifican como delitos. Por lo tanto, para el Poder Judicial la indagatoria se dirigirá a establecer si ha habido violación de normas penales; además los sujetos de esa indagatoria serán todos los que formaron parte de aquellos hechos que puedan tener apariencia delictiva, sean o no funcionarios públicos.
Por el contrario, la investigación parlamentaria no tiene potestades para determinar la existencia de delitos; pero puede realizar una evaluación sobre la existencia de responsabilidades políticas y administrativas por parte de aquellos funcionarios públicos que actuaron. En efecto, el hecho de que ciertas conductas no configuren delitos no significa que sean conductas diligentes o que hayan cumplido con el deber de buena administración.
Por ejemplo, haber decidido que el Estado saliera de garantía de la compra de aviones por parte de PLUNA S.A. cuando en esta empresa el Estado era el accionista minoritario, no tiene por qué ser un delito; pero es muy probable que sea un caso de mala administración.
Justamente, las investigaciones parlamentarias tienen un objetivo de evaluación de las conductas políticas y administrativas de los jerarcas públicos. Además las Comisiones Investigadoras pueden resolver enviar las actuaciones a la Justicia, pero su cometido principal consiste en controlar al poder administrador.
Por otra parte, el Frente Amplio, junto con nosotros, en las épocas de oposición, impulsó numerosas y variadas Comisiones Investigadoras sobre diferentes asuntos que, durante los gobiernos de blancos y colorados, se evaluaban como sospechosos de irregularidades.
En varios casos contaron con el voto favorable de uno o de ambos partidos tradicionales. Durante el período en que me tocó estar en la Cámara de Diputados participé de dos Comisiones Investigadoras, una sobre la crisis financiera y bancaria y otra, como miembro denunciante, sobre las actividades de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ambas fueron aprobadas en el Parlamento, a pesar de que el Frente Amplio y el Partido Independiente no teníamos mayoría para que se crearan, en ambos casos los partidos tradicionales (uno o ambos) habilitaron su funcionamiento.
Sin embargo, ahora que el Frente Amplio está del otro lado del mostrador y, lamentablemente, cuenta con mayoría parlamentaria propia, ha decidido bloquear y neutralizar uno de los principales instrumentos con los que cuenta el sistema institucional uruguayo para controlar al poder administrador.
Es muy grave la decisión que acaba de tomar el Frente Amplio. Es una decisión que quiebra una tradición que ese partido había mantenido históricamente, reivindicando el derecho del Parlamento a controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo.
La larga etapa de mayoría parlamentaria frenteamplista está dañando el funcionamiento institucional de este país; porque esta mayoría funciona con los “yesos” capaces de revertir, incluso, las afirmaciones convencidas de muchos legisladores frentistas que habían asegurado que acompañarían la creación de una Comisión Investigadora en este caso.
La mayoría regimentada del partido de gobierno ha decidido quitar toda potestad al Parlamento. Ya ha cumplido una labor destructora con respecto a los “llamados a Sala” o “interpelaciones” que se han convertido en ejercicios vacíos, sin ningún resultado, con independencia de la solidez de los argumentos o de la existencia de evidencias o pruebas que se presenten.
También se ha horadado la significación de los “pedidos de informes” de los parlamentarios que, en muchísimos casos, “duermen el sueño eterno”.
Ahora también se desarma al Parlamento de otro instrumento de control, nada menos que la posibilidad de investigar las actuaciones de la Administración. Se recorre el camino de instaurar un hiper Presidencialismo de hecho, por la vía de hacer uso y abuso de las mayorías parlamentarias absolutas.
La ciudadanía debe tomar debida cuenta de estos hechos y evaluar críticamente la eventualidad de otorgar al partido de gobierno el poder mayoritario de la representación ciudadana en futuras instancias electorales.
Particularmente, en el caso de PLUNA la reacción del partido de gobierno ha sido la de “barrer debajo de la alfombra” y mirar para otro lado. Un paso más que provoca la justa decepción y crítica de muchos ciudadanos que pensaron que el Frente Amplio, como partido de izquierda, era otra cosa.
Curiosamente cada vez se parece más en sus reacciones y conductas a aquellos partidos que combatieron y derrotaron, hace ya tiempo, en las urnas.
Han perdido toda credibilidad por su forma de actuar y legitimidad para reclamar ser diferentes que lo que se supone, vinieron a sustituir. Un grave e irreversible paso en falso.
Pablo Mireres Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Sociólogo. Fue Diputado entre 2000 y 2005. Es Presidente del Partido Independiente y fue candidato a la Presidencia por ese partido.
