Estados Unidos: ¿la cultura de las armas por encima de todo?

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La Constitución de Estados Unidos, en su Segunda Enmienda, establece que los ciudadanos tiene derecho a tener y portar armas. Pero el aumento de los tiroteos en el país ha forzado el debate sobre el empleo y la necesidad de dicho texto.

La eterna disputa política y social sobre la conveniencia de seguir permitiendo la compra de armas de fuego se encendió nuevamente en Estados Unidos después del tiroteo masivo del martes en Uvalde, al sur de Texas, donde un joven mató a 19 menores y dos adultos en una escuela de primaria. La legislación que condensa este debate es la Segunda Enmienda de la Constitución, que algunos consideran anacrónica, mientras que otros la defienden por ser, dicen, guardiana de su derecho fundamental.

Unos días después de cumplir 18 años, Salvador Ramos decidió hacerse un regalo a sí mismo. Para celebrarlo, el autor de la masacre en una escuela de Texas se compró dos rifles tipo ‘AR-15’, una popular gama de armas semiautomáticas.

Este regalo le fue fácil de conseguir: realizó su pedido en una tienda de artículos deportivos, de forma completamente legal. Pese a ser algo inconcebible en muchos país, en la nación norteamericana esa práctica es considerada por muchos como un derecho intocable.

En el caso de Salvador Ramos, la consecuencia de su compra supuso 19 niños y dos profesoras asesinados el martes por el joven en Uvalde, al sur de Texas. Son las últimas víctimas por arma de fuego en Estados Unidos, donde 17.202 personas han fallecido por disparos desde el inicio de este año, según datos del ‘Gun Violence Archive’.

Más armas civiles que personas

Entre otros números alarmantes, la organización suiza ‘Small Arms Survey’ informa que hay 120 armas de fuego por cada 100 estadounidenses. Y si estas cifras son posibles, es gracias a la famosa Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Con escasas 27 palabras, esta garantiza el derecho de todo ciudadano estadounidense a portar armas:

“Siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no debe ser infringido”.

Es una de las enmiendas más antiguas de la Constitución, pues data de 1791. Y a lo largo de la historia, se ha elevado a la categoría de derecho individual inalienable, al mismo nivel que la libertad de expresión, de prensa, o de religión. Una visión que los redactores originales no tenían necesariamente.

En efecto, en aquella época, cuando las 13 colonias británicas proclamaron su independencia y redactaron su Constitución, la Policía y el Ejército eran sólo embrionarios. Entonces, era habitual que la población organizara milicias; es decir, grupos de ciudadanos armados, para defender al Estado. De hecho, las milicias se dieron fundamentales durante la Revolución Americana.

A raíz del temor de que una potencia extranjera intentara invadir el país recién nacido, se añadió la Segunda Enmienda a la Constitución. En Estados Unidos, que acababa de salir de una guerra, el hecho de llevar armas era algo que nadie cuestionaba.

Una enmienda objeto de debate interpretativo

No obstante, la aplicación moderna de esta enmienda provoca hoy en día un gran debate entre los estadounidenses, y la ambigüedad surge sobre todo de su curiosa redacción. En efecto, este texto fue elaborado por el escritor William Lambert, y no por un jurista, por lo que puede plantear varios problemas semánticos.

Primero, la noción de milicia ha evolucionado desde la Revolución Americana. Algunos argumentaban entonces que los redactores de la Constitución de 1791 no pretendían otorgar a los ciudadanos el derecho individual a poseer armas, sino establecer un derecho colectivo a la defensa en caso de agresión externa.

Otro detalle minúsculo genera una disputa de gran tamaño: la coma que sigue a “Estado libre”. Esta puntuación divide teóricamente el texto en dos partes, haciendo de la frase “siendo una milicia bien regulada necesaria para la seguridad de un Estado libre” una especie de hecho preliminar. El derecho a portar armas quedaría entonces desvinculado de la pertenencia, o no a una milicia.

Apoyando esta afirmación, un grupo antiarmas presentó en 2001 un memorando donde explicaba que el uso “inusual” de la coma significaba que los autores de la enmienda se referían a las milicias, no a los individuos; y que en este sentido, el derecho a poseer un arma de fuego estaba condicionado a la existencia de milicias.

Un texto anacrónico que no tiene vigencia en una época de armas automáticas A lo largo de sus 231 años de vida, la Constitución de Estados Unidos nunca ha sido modificada. Al ser preguntado sobre ese matiz semántico, el Tribunal Supremo defendió en 2008 el derecho inalienable de los estadounidenses a portar armas. La sección “protege el derecho de un individuo a poseer un arma, independientemente del servicio en una milicia, y a usar esa arma para un propósito legal, como la autodefensa en el hogar”, argumentó entonces el Alto tribunal.

El martes, tras la masacre en el sur de Texas, el polémico cineasta Michael Moore, autor del impactante documental ‘Bowling for Columbine’, puso en duda que los padres fundadores de la nación hubieran escrito dicha enmienda de haber sabido el efecto que tendrían las balas modernas, inventadas casi medio siglo después.

Sin embargo, a pesar de los numerosos debates, en la realidad estadounidense el principal requisito para obtener un arma sigue siendo haber cumplido 18 años. Esa es la edad, según la normativa federal, para adquirir armas largas, como una escopeta o un rifle; mientras que para armas de fuego cortas o de mano, es de 21 años.

No obstante, los estados tienen capacidad para flexibilizar esta legislación. De esta manera, en Alaska, Maine, Minnesota o Vermont, la edad permitida para comprar armas es de 16 años. Lo mismo pasa con otros requisitos para comprar armamento: la ley federal obliga al negocio vendedor a verificar los antecedentes penales y criminales del comprador, pero esa norma varía de un estado a otro. Por lo tanto, es, por ejemplo, difícil obtener un arma en Illinois o en el Distrito de Columbia, donde rara vez se expiden permisos; pero Mississippi no exige la comprobación de antecedentes para la compra privada de armas.

Una reforma estancada en el Congreso

El presidente Joe Biden lleva tiempo reclamando al Senado que refuerce el control de las armas de fuego, pero las continuas tensiones entre demócratas y republicanos hacen imposible la modificación de la Constitución estadounidense.

Un mensaje en Twitter de un legislador republicano en el Congreso de Florida ilustró esta semana esa encarnizada batalla sobre el control de las armas en el país. “Tengo noticias para la vergüenza que dice ser nuestro presidente: intente tomar nuestras armas y aprenderá por qué se escribió la Segunda Enmienda en primer lugar”, escribió Randy Fine, un partidario del expresidente Donald Trump.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también fue muy directo en una intervención en el pleno de la Cámara sobre la necesidad de establecer controles a las armas de fuego, y acusó a los republicanos de preocuparse más de complacer a la Asociación Nacional del Rifle que de “las familias que lloran a las víctimas de la violencia con armas de fuego”.

El lobby más poderoso del mundo

La Asociación Nacional del Rifle, cuyo objetivo es defender el derecho a poseer y portar armas, es considerada la organización de presión más poderosa del mundo. Fueron sus 5,5 millones de miembros los que argumentaron que la ‘Ley Brady’, que introducía un plazo de cinco días entre la compra y la recogida de un arma de fuego para evitar los “actos de locura”, era inconstitucional. Tres años después, lograron su derogación por el Tribunal Supremo.

Durante años, los partidarios de la Segunda Enmienda han considerado esta como la consagración de sus derechos. Pero quienes buscan una mayor regulación de las armas de fuego en Estados Unidos, advierten que este derecho amenaza otro: el derecho a la vida.

Con EFE, AFP y medios locales, Aurore Bayoud