Así no podemos seguir
rochatotal//
Por Julio María Sanguinetti
Lo que está pasando con la Fiscalía, las investigaciones judiciales y los “chats”, ya pasa de castaño oscuro y no le hace bien al país, a sus tradiciones republicanas.
En el Uruguay se han derogado, de hecho, garantías fundamentales de la vida civil en libertad.
La Constitución dice que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo ataquen el orden público ni perjudiquen a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados”. Hoy ya no hay nada privado. Todo se exhibe, total o parcialmente. Y no por orden judicial, sino por trascendidos de trascendidos.
La misma Constitución dice que toda forma de comunicación es “inviolable” y no puede interceptarse o registrarse sino conforme a las leyes “y por razones de interés general.” No hay duda que hoy se publica todo impunemente, especialmente aquello que no es “de interés general” sino de interés particular de alguien.
Como viejo periodista, recuerdo los tiempos del sagrado “secreto del presumario”, cuando la Justicia hacía su investigación preliminar, antes de decretar o no un procesamiento y no había modo de entrarle. Ni los jueces hablaban ni los funcionarios “filtraban”. Solo estaba la noticia cuando había una decisión.
Como es notorio, ha cambiado el régimen procesal penal. Hoy la investigación la conduce la Fiscalía y luego llega al juez una vez se considere que hay mérito. Siempre se adujo que de este modo había más garantías porque quien juzgaba no era quien había conducido la investigación y por lo tanto iba a actuar conforme al juicio que se hubiera formado en su curso.
No somos penalistas, de modo que no podemos emitir una opinión técnica, pero es evidente que el sistema hace agua por todos lados. Especialmente porque estamos sumergidos en un penoso proceso de judicialización de la política, que, inevitablemente, politiza la justicia. Ésta se configura como poder para dirimir contiendas entre particulares o entre el Estado y los ciudadanos, pero no para juzgar todo episodio administrativo que se discuta o cualquier historia que afecte a un político. Es un proceso perverso, que viene degradando a la justicia, “cuando no pasa nada” y a la política que aparece rodeada de un clima de impunidad, que no es real. Porque un procedimiento puede ser equivocado, un gasto un despilfarro, una política un error, pero no por ello hay delito.
Otra perversión análoga es la de la “constitucionalización” de los debates legales. Todo lo que no se puede resolver en el Parlamento o se resolvió como no les gusta a algunos, se intenta decidir cambiando la Constitución. Un disparate tan irresponsable como el actual plebiscito constitucional sobre la seguridad social.
Volviendo al tema judicial, en algún momento y de alguna manera hay que detener esta secuencia diabólica de los “chats”, que por definición son privados y que expuestos de modo interesado, terminan siendo difamatorios o malinterpretados. El caso de estos chats del mentado Astesiano en el episodio del accidente del Presidente del PIT-CNT, cuando embriagado chocó varios autos y luego se alejó del lugar, es emblemático de esa explotación absurda. Se habla de la investigación “ilegítima” de la policía cuando el que estaba en falta era el que alteraba el orden público, dañaba propiedades privadas en estado de ebriedad y todavía se fugaba. La policía estaba obligada a actuar e investigar la conducta del infractor. Se tergiversa todo y se inventa una suerte de crisis institucional.
Ha llegado la hora de definir la situación de la Fiscalía de Corte. No se puede continuar con una excelente Fiscal de simple interina ni con las dudas sobre la permanencia del titular.
Alguien, además, tiene que investigar en serio las filtraciones. Hay responsables. No se puede seguir con la parsimonia actual, porque estamos degradando todo, la justicia y la política. Los que un día disfrutan, al siguiente padecen. Y a la inversa. En este vaivén no gana nadie, salvo los enemigos de la democracia, que existen aunque a veces ni ellos mismos se dan cuenta, sea por acción o por omisión. Un Fiscal denuncia ahora que ha sido “hackeado” y ello es gravísimo. Elegidos quienes disputarán la Presidencia, nada harían mejor que sacar el tema del debate, decidir la titularidad de la Fiscalía, tomar un camino firme, y anunciar la determinación de que habrá responsabilidades para quienes violan los debidos secretos de una investigación. Quienes piensen que llegarán al gobierno tendrían que ser los primeros interesados en salir de este marasmo en que estamos.
