Uruguay: ¿hacia dónde conduce el rumbo ideológico del oficialismo?
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Hay hechos políticos que, considerados por separado, pueden parecer decisiones diplomáticas, actividades parlamentarias o expresiones legítimas de determinadas corrientes de pensamiento. Sin embargo, cuando se los observa en conjunto, comienzan a dibujar un escenario que merece algo más que una simple crónica informativa.
En las últimas semanas, una sucesión de episodios vinculados al Frente Amplio, a sus principales referentes y a la conducción del Parlamento ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión de fondo: ¿cuál es el rumbo político e ideológico que pretende imprimirle el oficialismo al país?
No se trata de cuestionar la libertad de expresión, la solidaridad internacional ni el derecho de los legisladores a promover actividades. Se trata de analizar qué mensajes se transmiten desde las principales instituciones de la República, qué prioridades se establecen y qué relación existe entre esas decisiones y los problemas concretos que hoy enfrenta Uruguay.
Porque gobernar también es establecer prioridades. Y representar a todos los uruguayos exige comprender que el Parlamento no es la sede de una corriente ideológica, sino la casa de todos.
De la diplomacia a la militancia: las señales que deja el Frente Amplio
Uno de los primeros episodios fue el anuncio de la designación del exintendente de Canelones Marcos Carámbula como embajador uruguayo ante Palestina, a partir de 2027. El canciller Mario Lubetkin explicó que se optó por una figura política de confianza y con capacidad de articulación, en lugar de recurrir a un diplomático de carrera.
La decisión merece una discusión que va más allá de la persona elegida. ¿Qué objetivos concretos persigue Uruguay con esta designación? ¿Qué resultados diplomáticos se esperan de una representación de ese nivel? ¿Y qué lugar ocupa esta decisión dentro de las prioridades de nuestra política exterior?
Hay una precisión que corresponde hacer: ¿Palestina es un Estado? Es reconocido como un Estado por una mayoría de países miembros de las Naciones Unidas. En 2012, la Asamblea General de la ONU le otorgó el estatus de “estado observador no miembro”
Uruguay reconoció oficialmente al “Estado Palestino” el 15 de marzo de 2011, durante el primer gobierno del presidente José Mujica.el Canciller era Luis Almagro .Se comunicó formalmente a la Autoridad Palestina mediante una carta entregada al embajador palestino en Argentina, Walid Muaqqat, reconociendo a Palestina como un Estado independiente y soberano.
Pero la designación de Carámbula no aparece aislada.
El Frente Amplio y el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) solicitaron formalmente la suspensión y el cierre de la oficina de innovación que vinculaba a Uruguay con la Universidad Hebrea de Jerusalén; el argumento principal, expresado desde diversos sectores de la izquierda y la comunidad académica, radica en el rechazo a las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza.
¿Que hizo el gobierno?. El presidente Yamandú Orsi y el canciller Mario Lubetkin determinaron “pausar el acuerdo” entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Universidad Hebrea de Jerusalén debido a la situación humanitaria en Medio Oriente.
En agosto, Carolina Cosse encabezó la apertura del Tercer Congreso Panamericano, un encuentro que reunió en Montevideo a más de 150 dirigentes, legisladores, expresidentes y representantes de fuerzas progresistas y de izquierda de 15 países. El objetivo declarado fue articular una agenda común frente al avance de la derecha y la ultraderecha en el continente. La vicepresidenta no se limitó a cumplir una función protocolar. Participó del debate político y expuso su visión sobre el papel del Estado y las diferencias entre los modelos de izquierda y derecha. Se realizó en el Palacio Legislativo, Teatro Solís y en la sede del Parlamento del Mercosur.
Es legítimo que las fuerzas políticas se organicen, intercambien experiencias y busquen construir alianzas internacionales. Lo que merece reflexión es el papel institucional desde el cual se realizan esas actividades. Carolina Cosse no es solamente una dirigente del Frente Amplio: es la vicepresidenta de la República y quien preside la Asamblea General. Esa doble condición exige una responsabilidad especial para preservar la distancia entre la representación del Estado y la actividad partidaria.
El Parlamento y la polémica por el Día de la Mujer Palestina
El 26 de octubre, el Palacio Legislativo fue escenario de una actividad por el Día de la Mujer Palestina, organizada por la Embajada de Palestina en Uruguay, con participación de representantes institucionales, políticas y sociales.
La polémica se había instalado días antes por la participación, mediante videoconferencia, de Majida Al-Masri, exministra palestina e integrante del Buró Político del Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP).
Aquí hay un asunto que no puede minimizarse ni tampoco tratarse con ligereza.
El FDLP es una organización que Israel considera terrorista y cuyo brazo armado ha sido señalado por su participación en acciones violentas, incluidos los ataques del 7 de octubre de 2023. La presencia de una integrante de su dirección política generó el rechazo de legisladores de la oposición, que solicitaron a Carolina Cosse que impidiera esa participación.
La vicepresidenta respondió que el Parlamento es la casa de la democracia y que no le corresponde decidir quién puede expresarse en las actividades solicitadas por los legisladores.
El argumento de la libertad de expresión merece respeto. Pero también cabe preguntarse si abrir las puertas del Palacio Legislativo a determinadas figuras y organizaciones implica solamente permitir que se expresen o si, por el contrario, supone otorgarles una legitimación institucional.
No es lo mismo defender los derechos del pueblo palestino, condenar la muerte de civiles y reclamar una solución pacífica al conflicto que relativizar o justificar la violencia de organizaciones armadas. Son asuntos diferentes y deberían mantenerse claramente separados.
Tampoco corresponde atribuir a Majida Al-Masri participación personal en atentados sin pruebas que lo acrediten. La discusión está centrada en su pertenencia a la dirección política del FDLP y en los antecedentes atribuidos a esa organización.
Fidel Castro: un homenaje desde el Parlamento uruguayo
Como si estos episodios no fueran suficientes para alimentar el debate, este jueves 5 de noviembre está prevista en el Palacio Legislativo una actividad bajo la consigna «100 años de Fidel en solidaridad con Cuba».
El encuentro contará con la participación de la embajadora cubana en Uruguay, Lissett Pérez, la senadora Bettiana Díaz y los diputados Magela Riandi, Carlos Reutor y Cecilia Badín. También está prevista la proyección del documental El sueño de Fidel y una intervención musical de cierre a cargo de Héctor Numa Morales.
La iniciativa generó cuestionamientos desde la oposición, particularmente del diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, quien criticó que el Parlamento sea utilizado para homenajear a Fidel Castro.
Y aquí aparece otra cuestión de fondo.
Fidel Castro fue una figura central de la historia latinoamericana del siglo XX. Encabezó la Revolución Cubana, pero también gobernó durante décadas un sistema de partido único, sin competencia política plural, con restricciones a las libertades civiles y persecución de opositores.
Se puede defender el derecho de Cuba a no sufrir bloqueos, injerencias externas y presiones internacionales. Se puede expresar solidaridad con su población y reclamar mejores condiciones de vida para los cubanos. Pero una cosa es solidarizarse con un pueblo y otra muy distinta es convertir en homenaje institucional la figura de quien encabezó un régimen sin pluralismo democrático.
El Parlamento uruguayo tiene una responsabilidad que trasciende las simpatías políticas de sus integrantes. Su función es representar a una sociedad plural, con distintas tradiciones, convicciones y concepciones de la democracia.
Una coincidencia de episodios o una definición de rumbo.
Cada uno de estos acontecimientos puede tener una explicación particular. Ninguno, por sí solo, alcanza para definir la orientación de un gobierno. Sin embargo, la sucesión de decisiones y actividades permite abrir una discusión política que el oficialismo no debería esquivar.
La designación de un dirigente histórico del Frente Amplio para una representación diplomática de especial sensibilidad; la convocatoria de referentes de la izquierda continental desde la Vicepresidencia; la utilización del Palacio Legislativo para una actividad con una dirigente de una organización cuestionada por sus vínculos con acciones terroristas; y ahora un homenaje parlamentario a Fidel Castro, conforman una secuencia que merece ser analizada.
La pregunta no es si el Frente Amplio tiene derecho a expresar sus convicciones. Naturalmente que lo tiene. La pregunta es si quienes hoy ocupan responsabilidades de gobierno distinguen suficientemente entre sus preferencias ideológicas, sus compromisos partidarios y las obligaciones institucionales que asumieron ante todos los uruguayos.
Uruguay tiene una tradición democrática construida sobre el pluralismo, la alternancia, el respeto a las libertades y la convivencia de ideas diferentes. Esa tradición no debería quedar subordinada a ninguna afinidad internacional ni a ninguna reivindicación histórica.
Mientras tanto, los ciudadanos esperan respuestas sobre empleo, seguridad, educación, salud, costo de vida y oportunidades. Son problemas que no se resuelven con congresos ideológicos, homenajes históricos ni declaraciones de solidaridad internacional.
La política exterior y las actividades parlamentarias tienen su lugar. Pero el país también necesita saber cuáles son las prioridades de quienes gobiernan.
Porque una cosa es tener una identidad ideológica y otra es pretender que esa identidad se convierta en el horizonte institucional de toda la República.
Y esa es, precisamente, la discusión que estos episodios dejan planteada.
