ANTEL ARENA: HAY QUE HACER LAS COSAS BIEN

Pablo Mieres

El recurso de los ediles de los partidos tradicionales de Montevideo ante la Cámara de Diputados reclamando por la inconstitucionalidad del acuerdo firmado entre la Intendencia Departamental de Montevideo y ANTEL es, en dos sentidos bien diferentes, una demostración de cómo no se deben hacer las cosas si se busca actuar de acuerdo a derecho.

 

En efecto, resulta muy evidente la inconstitucionalidad de la decisión del Directorio de ANTEL al asumir como tarea propia la reconstrucción del Cilindro Municipal para transformarlo en un estadio para la realización de espectáculos culturales y deportivos. Ya hemos desarrollado los argumentos por los que se produce la inconstitucionalidad, sencillamente porque los entes públicos se rigen por el principio de especialidad que establece que estos no pueden hacer lo que no está expresamente establecido en la normativa que los rige.

Los entes públicos solo pueden hacer lo que la norma jurídica les atribuye expresamente como competencia. En el caso de ANTEL la competencia es exclusivamente referida y limitada a las telecomunicaciones, así reza la norma legislativa que regula a este ente del Estado y por más vueltas que la Presidenta de ANTEL le haya buscado al tema, estirando como un chicle el concepto de telecomunicaciones, lo cierto es que en ninguna de sus acepciones o alcances se puede concluir que construir un estadio pueda entenderse como parte de ese concepto.

Por tanto, la decisión del Directorio es decididamente inconstitucional y, en tal sentido, no puede dejarse pasar sencillamente esta situación, tolerando una flagrante violación de la Constitución. El Poder Ejecutivo debió haber cuestionado y frenado la decisión del ente público que está bajo su control; sin embargo, lamentablemente nada hizo y por el contrario ha respaldado la actuación del Directorio del ente en este asunto.

Sin embargo, el recurso presentado por los ediles de los partidos tradicionales tampoco es procedente porque sus potestades están referidas a la actuación de la Intendencia Departamental de Montevideo y esta no ha violado las normas que rigen su actuación al firmar el convenio con ANTEL. La Intendencia puede conveniar con quien quiera dentro de sus potestades y no fue más allá de ellas cuando firmó un convenio por el que otorga a otra parte la potestad de reconstruir el Cilindro.

Es ANTEL el que viola la Constitución, pero no la Intendencia, por lo que recurrir por inconstitucionalidad ante la Cámara de Diputados por la actuación de la Intendencia no procedía, ni era pertinente.

Entonces, si efectivamente, como en general todos creemos, es bueno que se reconstruya el Cilindro Municipal y también resulta positivo que se construya un estadio de las características del indicado, ¿cuál era el camino correcto para que este proceso culminara de manera ajustada a derecho?

Existían dos caminos correctos. Por un lado, el gobierno podría haber decidido que ANTEL traspasara los recursos requeridos a rentas generales y por vía legislativa se podrían haber asignado al Ministerio de Deporte y Juventud o al Ministerio de Educación y Cultura, que son los dos organismos del Estado con competencias directas sobre el tema referido.

El otro mecanismo disponible era que el Poder Ejecutivo hubiera enviado un proyecto de ley al Parlamento para asignar a ANTEL el cometido de la construcción del estadio, extendiendo sus cometidos y saneando de este modo la notoria inconstitucionalidad.

Sin embargo, el gobierno no quiso hacer ni una ni otra cosa. En un ejercicio de soberbia y omnipotencia propia de la tan manida mayoría absoluta, resolvió llevarse otra vez por delante las disposiciones constitucionales para satisfacer su voluntad en forma unilateral y contraria a derecho.

Esta es una más y van…

Nunca habíamos visto un gobierno tan despreocupado por las reglas de juego y tan propenso a violar la Constitución y el orden jurídico. En este caso, además, lo que es un agravante, pudiendo haberlo hecho bien de manera muy simple. Sencillamente no lo hizo por pereza o por falta de sensibilidad jurídica.

También van varias veces que el Poder Judicial le enmienda la plana mediante las correspondientes declaraciones de inconstitucionalidad y aunque no le guste al gobierno, se la ha tenido que bancar.

El Estado de Derecho debe ser respetado en toda su extensión, aunque ello sea más pesado para un gobierno en donde la máxima de que “lo político está por encima de lo jurídico” tiende a convertirse en otra regla similar al “como te digo una cosa, te digo la otra”.

Pues bien, desde ya anunciamos que agotaremos los caminos institucionales para evitar este nuevo atropello al Estado de Derecho.

Así estamos.