Oportunidades perdidas.
Ejecutivo se reunió con legisladores del FA por modificaciones al Estatuto de Funcionario Público…
Conrado Ramos
Esta semana la prensa publicó que representantes del P.Ej se reunieron con los legisladores del FA de la Comisión de Constitución y Códigos, para presentarles las modificaciones al Estatuto de Funcionario Público.
Según se informó, las modificaciones están destinadas a levantar los gruesos errores de inconstitucionalidad que tenía la propuesta anterior, referidas a la definición del Funcionario Público, así como algunas reivindicaciones de carácter gremial planteadas por COFE. En virtud de que no aún no se ha hecho pública la divulgación de dichos cambios, resta desear que se hayan recogido las advertencias de los expertos constitucionalistas que fueron consultados en las audiencias promovidas por dicha Comisión Parlamentaria.
Sin embargo, es muy probable que otro tipo de observaciones que no estén referidas a aspectos de inconstitucionalidad, o a legítimas reivindicaciones corporativa, es decir, que no tienen una comunidad epistémica, o gremial detrás de ellas, no vayan a ser tenidas en cuenta.
Me refiero a los cuestionamientos que hice al ser citado a la propia Comisión de Constitución y Códigos, a instancias del Partido Independiente, que fueron en su momento escuchadas pero en absoluto discutidas, ya que luego de una buena hora de exposición de mis argumentos, no se me hizo ninguna pregunta al respecto. No creo volver a tener oportunidad de expresar públicamente mis puntos de vista, ya que el Gobierno no ha abierto espacios públicos con la sociedad civil para poder debatir y hacer aportes al respecto.
Debo haber sido quien más le insistió en su momento al Presidente de la República en que era necesario tener un nuevo Estatuto de Funcionario Público, pero como instrumento legal que sirviese de plataforma para refundar el Servicio Civil, sobre nuevas bases que, manteniendo los principios de garantía del Estado de Derecho, lo pusiera a tono con la modernización de la gestión pública. Este Estatuto, fundado sobre las mismas estructuras escalafonarias que el anterior (solo levemente modificadas) no es el instrumento adecuado para ello.
La OECD, donde confluyen países de distinta tradición política-administrativa, viene recomendando estructurar los Servicios Civiles sobre la base de familias ocupacionales transversales (a distintos Ministerios y organismos de gobierno), integradas por ocupaciones que comparten características similares. Brasil es un ejemplo de país que viene avanzando gradualmente en esta línea a partir de asesorías brindadas por este organismo. Este tipo de estructuración en familias ocupacionales amplía las posibilidades de carrera de los funcionarios, y facilita la planificación de la capacitación de los mismos. Algunas veces esas ocupaciones requieren de una titulación o capacitación muy específica, y otras veces pueden ser más genéricas.
Uruguay no lo hace así, y el Nuevo Estatuto tampoco. El Servicio Civil uruguayo, de acuerdo al Proyecto de Nuevo Estatuto, se seguirá clasificando en escalafones y subescalafones que reflejan, algunos el grado de titulación profesional o técnica que se tiene (de 3 anos técnico profesional, de 4 profesional, o de 5 profesional superior), y otros el tipo de tareas que se realizan (administrativo, oficios y servicios generales). La clasificación escalafonaria (que será el cargo legal) significará el 70% del salario del funcionario, mientras que el otro 30% se supone que será adjudicado según la “ocupación” que se desarrolle dentro del escalafón y subescalafón, definida como la función o tarea operativa que se debe desarrollar.
En el Estatuto no se especifican cuáles son las ocupaciones, ni las razones científicas por las que se les da un valor del 30% de la masa salarial. Pero lo que más preocupa es el rol subordinado de la ocupación a la categoría escalafonaria más amplia, que no está siempre definida por la tarea, sino en algunos casos por la cantidad de anos que dura una titulación técnica o universitaria. Si soy un funcionario experto en compras y estudié una carrera de 4 anos, estoy clasificado en el subescalafón profesional, por lo que seguro tendré perspectivas de carrera más acotadas y ganaré menos que un funcionario que está clasificado en un escalafón de profesional superior, con una titulación de 5 anos. Se supone entonces que todas las ocupaciones del escalafón profesional superior, deberían aportar más valor social que las de cualquier otro escalafón, o no tendría sentido ubicarlas en un nivel superior solo porque llevaron un ano más de estudio.
Esto ocurre, porque se incorpora la idea de ocupación (es decir, lo que realmente el funcionario hace) sólo tangencialmente y sigue siendo en cambio más importante el vetusto principio corporativo del supuesto prestigio de ciertas titulaciones profesionales o ausencia de ellas. En realidad lo que debería determinar las posibilidades de carrera y el salario de un funcionario público, es el valor público que su tarea (y no la cantidad de anos que estudió) agrega a la sociedad. Claro, esto implica ponerse a estudiar todas las ocupaciones del sector público, hacer ejercicios de benchmarking con entre las distintas áreas del Estado y con el sector privado, y rediseñar progresivamente el sistema salarial para adecuarlo a las necesidades de un Estado moderno. Es más fácil, y más barato en el corto plazo (y por eso el silencio del Ministerio de Economía) seguir clasificando a los funcionarios en base viejas estructuras escalafonarias (aunque se las maquille).
La agrupación en familias de ocupaciones (auditores e inspectores, planificadores, expertos en políticas sociales, oficiales de correccionales, etc.), permite hacer carrera según se avance en el expertise y puesto de responsabilidad dentro del grupo familiar (que puede estar o no acompañada de una mayor titulación, según sea el caso específico), y no quedar atrapada en el concepto de título que me dio mi formación.
No debería haber atajos, aunque sí una adecuada planificación para ver cómo transitar hacia un Servicio Civil más moderno y eficiente en su gestión. En mi frustrada presentación en el Parlamento, recurrí a proyectar las páginas web de los Servicios Civiles candienses, norteamericanos y australianos, quienes además de justificar las ventajas que tiene dicha forma de organización de sus Servicios Civiles, tienen equipos permanentes que estudian las agrupaciones en familias ocupacionales, y las actualizaciones a los perfiles y competencias necesarias para desarrollar una ocupación específica dentro de estas familias ocupacionales. Este trabajo se hace en coordinación con la clasificación que el país hace de sus ocupaciones en el sector privado. Es un arduo trabajo y debe desarrollarse de forma permanente, pero es la forma de hacer bien las cosas.
Porqué no pensar en utilizar la cooperación técnica internacional a disposición del Gobierno, o acudir a la academia para invitar a exponentes expertos de otras latitudes para discutir las distintas formas de estructuración de los Servicios Civiles modernos. En muchas otras materias esto se hace (Tributaria, Ley de Participación Público Privada, Ley de Minería, etc.), pero parece que en esta materia esto no es necesario. No se trata de copiar otras prácticas de gestión de recursos humanos, sino de estudiar cuál es la tendencia en otros países y evaluar qué es lo más conveniente para el nuestro.
Un Nuevo Estatuto de Funcionario Público hubiese sido la posibilidad de repensar el Servicio Civil que queremos y cómo lo queremos remunerar, es decir, cuál es el valor que la sociedad y el sistema político deciden que una ocupación pública debe tener, y qué saberes y actividades el Estado quiere promover exitosamente. Como norma marco que es, no tendría por qué entrar en grandes detalles, pero sí debería brindar la estructura adecuada para avanzar en esta línea.
