Tarifas públicas
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Ajustes de tarifas, gasto público y déficit fiscal: el orden de los factores altera el resultado
Pablo Mieres
El origen del debate que se ha generado en torno al ajuste de las tarifas públicas está vinculado directamente con la decisión del gobierno del Frente Amplio, tomada a comienzos de este año, señalando que no iba a aumentar las tarifas.
Esta decisión fue absolutamente contradictoria con la que el propio Frente Amplio había tomado en todos los años anteriores. En efecto, cada año en enero el gobierno resolvía aumentar las tarifas de los servicios públicos para garantizar un ingreso a rentas generales que amortiguara el gran déficit fiscal que durante estos últimos años el gobierno del Frente Amplio fue acumulando progresivamente.
Hay que recordar que, al asumir el gobierno de Tabaré Vázquez en marzo de 2015, prometió que al finalizar su gestión el déficit fiscal se reduciría al 2.5% del PIB. Sin embargo, entregó el gobierno con un déficit fiscal de 4.7%, casi el doble de su compromiso político.
Durante todos estos años, desde 2015 a la fecha, el gobierno del Frente Amplio no tomó medidas de reducción del gasto público. Es más, año a año pronosticó tasas de crecimiento de la economía más altas de las que luego se verificaban y, en línea con esas proyecciones, aprobó los niveles de gasto público. Luego, las proyecciones de crecimiento no se cumplían, pero el gasto efectuado no se corregía a la baja.
Con esta dinámica, el déficit fiscal fue aumentando, dejando al país en una situación delicada y vulnerable en esta materia. Es por eso que, año a año, el gobierno de Vázquez fijó aumentos de tarifas para contribuir a que el déficit no se disparara aún más.
Sin embargo, de manera sorprendente, luego del resultado electoral, el gobierno de Vázquez resolvió no aumentar las tarifas, trasladándole el costo político de esa decisión al nuevo gobierno.
Se ha dicho, desde el Frente Amplio, que no aumentar las tarifas es lo que, desde la oposición, se reclamó durante todos estos años, reclamando y exigiendo un impacto de reducción de costos para todos los sectores productivos.
Efectivamente, el camino de la recuperación de la competitividad perdida por todos los sectores productivos y, por lo tanto, el camino de la recuperación del crecimiento económico del país, incluye un abatimiento de los costos de las tarifas públicas.
Sin embargo, el abatimiento de las tarifas públicas para ser sustentable, debe estar precedido de un impulso firme a la reducción del gasto público.
En efecto, la reducción del gasto público es una premisa indispensable para la reducción de las tarifas públicas. Por eso, nuestro reclamo permanente fue la puesta en marcha de un programa de reducción del gasto público que permitiera, luego, la reducción de las tarifas públicas.
Sin embargo, el gobierno del Frente Amplio no quiso trabajar en la reducción del gasto público, generando un déficit fiscal creciente.
Simplemente, vale la pena decir que, si no se realiza un aumento de tarifas, se estaría aceptando que estas no aumenten durante dos años, es decir desde enero de 2019 a enero de 2021. Vale recordar que el IPC acumulado en 2019 alcanzó la cifra de 8.79%, cifra que además está por encima del rango esperado por el propio gobierno del Frente Amplio.
Por lo tanto, si el nuevo gobierno no ajusta las tarifas afectará aún más las cuentas públicas aumentando también el riesgo de pérdida del “grado inversor” de nuestro país.
El objetivo sigue siendo la reducción de las tarifas públicas porque son un componente relevante de la ecuación de costos de todo nuestro aparato productivo. Y este compromiso sigue tan vigente como siempre. Lo que ocurre es que el requisito imprescindible para lograr este objetivo es la previa reducción efectiva del gasto público.
En eso está hoy concentrado el nuevo gobierno y habrá novedades durante los primeros meses de gestión, claras y firmes.
Pero el retraso en el ajuste de las tarifas fue una decisión tomada por el gobierno del Frente Amplio con un objetivo muy evidente de trasladarle un costo político al nuevo gobierno.
No fue una decisión elegante, como tampoco ha sido ni elegante ni republicana la actitud asumida por la gran mayoría de los directores de las empresas públicas pertenecientes al Frente Amplio, salvo excepciones que hay que destacar, al negarse a enviar los informes solicitados por OPP para tomar las decisiones correspondientes.
Estas actitudes siguen alimentando la convicción de que el Frente Amplio no termina de asimilar ni digerir su derrota, asumiendo posturas que no le hacen bien a su propia imagen. Es muy evidente el afán apresurado y malhumorado por pasar facturas. La gente no es tonta y toma nota.
El nuevo gobierno va a gobernar y llevará adelante sus compromisos de campaña con firmeza y energía. La competitividad del aparato productivo uruguayo sigue siendo el principal objetivo para recuperar el camino del crecimiento de nuestra economía.
