No más zonas rojas

rochatotal

Por Ope Paquet

Se dice que en el territorio de Montevideo -y acaso también en el de otras ciudades uruguayas- hay “zonas rojas” a las que la Policía no puede entrar sin preparativos extraordinarios. Parece que a las zonas rojas del territorio habría que agregar, como límites de hecho a la autoridad del Estado, zonas rojas de la sociedad a las que la ley no puede regular.

Me refiero a recientes declaraciones del Sr. Fernando Pereira, actual presidente del Pit-Cnt, hechas a Informativo Sarandí y luego recogidas por El País digital del 19 de mayo. Al comentar la posibilidad de que el proyecto de LUC que está siendo estudiado por el Parlamento, contenga disposiciones que limiten o prohíban la ocupación de los lugares de trabajo por los trabajadores, el presidente del PitCnt dijo: “Ya me lo han preguntado: ¿Ud. está dispuesto a violentar? Y sí”, expresó. “Vamos a ocupar igual. Lo saben desde el primero al último de los gobernantes; los derechos no se suspenden por ley”.

Pasó una semana desde la publicación de esas declaraciones y no hubo, que yo sepa, desmentidos, aclaraciones ni rectificaciones; ni de Pereira, ni del Pit-Cnt.

Respeto a Fernando Pereira; lo considero una persona bien intencionada y un dirigente sindical honesto y serio. Por eso mismo, y porque es nada menos que el presidente del PitCnt, estimo que sus declaraciones no se deben pasar por alto en cuanto contienen un claro desafío, no ya al actual gobierno sino al Estado uruguayo.

Pereira dice que aunque la ley lo prohíba, él y sus representados (habla en plural) van a ocupar igual.

Obviamente, no cree que eso esté mal. “Los derechos no se suspenden por ley”, dice a manera de fundamento de su posición. Él cree que existe un derecho a la ocupación, al que concibe como una extensión del derecho de huelga, y cree además que el derecho de huelga es anterior a la Constitución. “La huelga es un derecho de hecho, la Constitución es hija de la huelga y no al revés”, dijo.

Según nuestra Constitución, aún los derechos individuales más importantes (vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad) pueden ser regulados por la ley (artículo 7). Para la huelga hay también una previsión similar en el artículo 57, que dice que la huelga es “un derecho gremial” y que sobre esa base “se reglamentará su ejercicio y efectividad”.

Por lo tanto, aunque la ocupación fuera una extensión del derecho de huelga -que no lo es-, la ley podría regularlo, porque la Constitución así lo prevé, expresamente.

Pero no nos equivoquemos: Pereira no está planteando una discusión jurídica. Él lo dice, claramente: “Si a nosotros nos quitan un derecho que ganamos en la cancha lo vamos a seguir disputando en la cancha, no es un problema de legalidad”. Por eso, como él mismo lo explica, no está pensando en un referéndum contra la ley que eventualmente lesionara los derechos sindicales; “no es un problema de legalidad”. El asunto se dirimirá “en la cancha”, es decir, por las vías de hecho; en este contexto, no hay otra manera de entender esa expresión.

O sea: para el presidente del PitCnt, la ley no puede regular los derechos sindicales. Es el propio movimiento sindical el que decide cuáles son sus derechos, hasta dónde llegan y cómo se ejercen. Y todo esto es así no porque lo digan la Constitución, ni las leyes, ni los jueces, ni el pueblo soberano en un referéndum (“no es un problema de legalidad”); esto es así porque lo afirma el movimiento sindical, que está dispuesto a sostener esa posición “en la cancha”.

Estas ideas chocan de frente contra la Constitución y contra la concepción más elemental de la democracia y el Estado de Derecho. El abc de la democracia dice que el pueblo es soberano, que elige a los gobernantes mediante el sufragio y que los gobernantes elegidos por el pueblo tienen el derecho y el deber de gobernar, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El pueblo está compuesto por todos los ciudadanos y cada uno tiene un voto, cualquiera sea la familia o la clase social a la que pertenezca, o el dinero que tenga. La ley votada por los representantes del pueblo, dentro de los límites de la Constitución, es obligatoria para todos los habitantes de la república. El gobierno libremente elegido por el pueblo, que actúa en el marco de la Constitución y de las leyes, es un gobierno legítimo y su autoridad debe ser respetada y acatada en todo el territorio nacional y por todos quienes lo habitan. Este es, reitero, el abc de la democracia, y es contra estos principios básicos que chocan las declaraciones de Fernando Pereira, presidente del PitCnt.

Mientras todo quede en el plano de las declaraciones, no tiene por qué haber problemas. La democracia es el régimen político que permite convivir a quienes discrepan en cuestiones fundamentales.

Pero Pereira no está opinando en una tertulia radial, sino que está anunciando lo que hará el movimiento sindical “en la cancha”; y eso es otra cosa. El gobierno no puede aceptar el menoscabo de su autoridad; si ella es resistida, tendrá que recurrir a la fuerza pública para imponerla. Así ocurrió muchas veces, desde el 85 a la fecha, con gobiernos de distintos colores partidarios que dispusieron e hicieron efectiva, con el auxilio de la Guardia Republicana cuando fue necesario, la desocupación de lugares de trabajo.

La existencia de antecedentes, empero, no ayuda demasiado. Cuando se empieza a recorrer las vías de hecho, es imposible saber de antemano hasta dónde se va a llegar.

Lo que sí se sabe de antemano es que los choques y los enfrentamientos no mejoran el clima de la convivencia democrática, sino todo lo contrario. No repitamos errores del pasado. El gobierno democráticamente elegido tiene el derecho y el deber de gobernar. Quienes se opongan al gobierno pueden hacerse oír en el Parlamento, acudir a los tribunales, apelar al soberano a través del referéndum y, además de todo lo anterior, prepararse para la próxima elección.

Lo que no pueden hacer, lo que no se puede admitir que hagan, es resistir por la vía de los hechos a la autoridad pública.

En una república bien constituida no puede haber zonas rojas, ni para la Policía, ni -mucho menos- para la ley.