Cuando la explicación empeora el problema

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Hay escándalos que nacen de actos graves y hay otros que se construyen, ladrillo a ladrillo, con cada respuesta mal dada. El caso de la camioneta de Yamandú Orsi pertenece, al menos hasta ahora, a la segunda categoría. Y eso, paradójicamente, lo hace más preocupante desde el punto de vista político.

Todo comenzó con un trabajo periodístico del programa Así nos va, de Radio Carve. La periodista Patricia Madrid detectó, al comparar las declaraciones juradas del presidente, que Orsi había consignado una Hyundai Santa Fe 2024 valuada en 79.000 dólares, pero la factura de compra mostraba que había pagado 54.000. Una diferencia de 25.000 dólares que no tenía explicación en ningún documento oficial. Eso fue suficiente para encender la polémica.

La estrategia inicial del mandatario fue la del desafío: “Le voy a mandar la boleta a esa periodista. Cuando vea la factura usted va a ver qué precio es” (la periodista ya tenía una copia)El problema es que la factura, lejos de cerrar el debate, lo abrió de par en par. Confirmó el descuento. Y desde entonces, cada nueva explicación agregó una capa de confusión encima de la anterior.

Las declaraciones juradas no cierran, esto también muestra la poca importancia que se les da a las mismas, solo cuando explota algo y se ve las falencias. El financiamiento de las campañas políticas, más allá de una leve reforma realizada, muestra que sigue teniendo  agujeros negros que el sistema político no quiere profundizar. Faltan controles.

En un primer momento, desde Presidencia se informó que Orsi había pagado con la entrega de un solo automóvil —un Hyundai 2020 de su propiedad— y una transferencia en dólares. Eso ya no cuadraba del todo, pero era manejable. Días después, Búsqueda reconstruyó que los vehículos entregados habían sido dos, no uno. El segundo era una Renault Stepway que había sido donada por la automotora CarOne durante la campaña electoral y que Orsi había rifado como actividad de recaudación, sin que nadie ganara el premio. O sea: el presidente usó como parte de pago un auto que no era estrictamente suyo, sino que había llegado a sus manos a través de su campaña política. Ese detalle no menor había sido omitido en la primera versión oficial. Todo una nebulosa .

Se comentó desde presidencia que el auto había sido pagado por Orsi, otra versión es que había sido regalado al presidente. Dos versiones.

Desde Presidencia intentaron calificar el descuento de 25.000 dólares como una “gentileza” de la concesionaria Oliva Automotores, argumentando que Orsi no era funcionario público al momento de la operación, que se realizó el 21 de febrero de 2025, ocho días antes de su asunción. El argumento tiene algún sustento legal, pero ninguno político. Que la compra se haya hecho unos días antes del 1° de marzo no cambia que el comprador era el presidente electo de Uruguay, algo que cualquier concesionaria de automóviles sabe perfectamente. La investidura, aunque aún no estuviera formalmente en ejercicio, pesaba sobre la transacción.

“Si hay un descuento me tiro de cabeza…”dijo el Presidente a la prensa, minimizando en esa expresión los hechos.

No solamente hay que serlo sino también parecerlo.

Aquí calza perfectamente  el Art. 13 de la Ley 19823 ,Código de Ética de la Función Pública, que expresa:

(Probidad).- El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

   También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las normas de conducta en la función pública.

El lunes por la noche Orsi publicó un video – en una emisión sin simbolismos presidenciales, en una orfandad comunicacional y de imagen, artesanal se diría – pidiendo disculpas y ofreciéndose a pagar la diferencia si algún organismo de contralor determinaba que hubo una falta. Pero pocos minutos después de difundido el video, Búsqueda publicaba nuevos detalles que volvían a complicarlo, revelando que el presidente había omitido mencionar el vehículo donado en su comunicación pública. Un video de tres minutos que pretendía cerrar el capítulo, terminó siendo el prólogo de otro.

Para intentar terminar con la controversia, Orsi anunció que donaría la Hyundai Santa Fe a la Administración Nacional de Educación Pública para el traslado de niños en el interior del país. El gesto tiene buena intención, obligada, era una braza que quemaba, pero también tenía un problema: llegaba demasiado tarde y rodeada de demasiados hilos sin atar. Donar el vehículo no responde las preguntas sobre la declaración jurada, sobre el auto de la campaña, la rifa ,parecería sin autorizaciones de los organismos pertinentes, sobre la tasación exacta de cada vehículo entregado como parte de pago, ni sobre si el descuento fue una práctica comercial corriente o un trato preferencial vinculado al cargo.

El manejo de la crisis, no podía ser peor, para completar el presidente llama a cuatro periodistas (El País, Observador,La Diaria y Búsqueda)para explicar algunas cosas ya sabidas, algún movimiento bancario que se les dijo les iban a enviar después ,esto les llegó y algún medio dijo que el documento no estaba muy nítido para acreditar la cuenta. Todo muy artesanal y causando un fuerte malestar en el resto del periodismo.

Hoy el caso está en manos de la Jutep. El organismo recibió seis denuncias anónimas y ha priorizado el expediente “por la relevancia institucional que tiene quien está siendo denunciado”. Sus fallos, sin embargo, no son vinculantes: no tienen consecuencias jurídicas directas más allá de señalar eventuales irregularidades. Y encima el Partido Colorado ya cuestionó la imparcialidad del organismo, dado que su directorio tiene mayoría frenteamplista. Sea cual sea el fallo, alguien lo va a impugnar. El caso Danza y su nombramiento en ASSE da pie para presagiar el desenlace o de tener la oportunidad, la Jutep, de lavar su imagen.

Lo que está en juego aquí no es solo una camioneta. Es algo más difícil de recuperar: la credibilidad del relato de austeridad y transparencia que el Frente Amplio construyó durante décadas de oposición y que Orsi encarnó en su campaña. El episodio “dinamita los discursos de desapego material que el oficialismo suele agitar en los comités de base”. No porque el presidente sea necesariamente corrupto —eso está lejos de estar demostrado— sino porque manejó el asunto con una torpeza que contrasta dolorosamente con la imagen de hombre sencillo y honesto que él mismo cultivó.

El problema de fondo no es el descuento. Es que cada nueva revelación llegó desde afuera, desde periodistas –aunque se podría decir que algunos detalles se filtraron desde adentro- el aire viene viciado desde adentro de la fuerza política de gobierno. Un presidente que dice moverse “con la verdad” debería haber contado la historia completa desde el primer día, sin esperar que otros la reconstruyeran pieza por pieza. Cuando la transparencia hay que arrancarla, ya no es transparencia.

Uruguay tiene instituciones que funcionan y una cultura política que exige rendición de cuentas. Eso es bueno, y este caso lo prueba. Pero también le pone a Orsi una tarea urgente que va más allá de donar una camioneta: recuperar la confianza de la gente que creyó en él precisamente porque anunció algo diferente.