Un Fiscal polémico

rochatotal.

El Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, siempre está en medio de polémicas. Por voluntad propia o por las circunstancias, su perfil mediático lo expone a las discusiones, lo que sin duda es nocivo para la gestión de la Fiscalía. Al haber hecho pública una investigación administrativa pudo haber cometido una falta importante. Además, no es procedente andar rebuscando en los antecedentes ideológicos o partidarios de los funcionarios.

En febrero pasado, la entonces Fiscal de Colonia, Dra. Eliana Travers, archivó la investigación contra el exintendente de ese departamento, Dr. Carlos Moreira, por la presunta renovación de pasantías a cambio de favores sexuales. De acuerdo con el dictamen de la fiscal Travers, en el curso de la investigación se concluyó que los audios que tomaron estado público fueron editados y que no surgieron otros “elementos objetivos suficientes” que permitan imputar a Moreira las figuras de concusión, abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley o abuso sexual en grado de tentativa.

Por cuestiones procesales, la nueva fiscal, la Dra. Natalia Charquero, tuvo que ratificar el archivo, lo que levantó una denuncia del periodista Carlos Peláez respecto a la militancia política de Charquero en las elecciones de 2014, curiosa denuncia a la que se sumó luego el periodista Gabriel Pereyra, quien reprodujo en su cuenta de Twitter una fotografía subida al Facebook por la actual Fiscal con el entonces candidato Lacalle Pou en 2019, precisamente el año en que la doctora Charquero asumió la Fiscalía.

El segundo archivo del asunto motivó que el Fiscal de Corte, jerarca administrativo de todos los Fiscales, dispusiera una investigación administrativa, no para conocer las razones del fallo, sino para saber si la Dra. Charquero mantiene vinculaciones partidarias que están prohibidas. El Fiscal tiene competencias para realizar una investigación administrativa, pero debe censurársele que la misma se haya publicitado, sometiendo a la Dra. Charquero al acoso periodístico y público. Se mencionó en las redes, por ejemplo, que parientes de la Fiscal de Colonia tenían cargos de confianza en la actual administración, como si eso fuera un delito o una prueba de algo sospechoso. Es necesario recordar que no hubo reparos de ninguna índole contra la funcionaria que archivó inicialmente la investigación, Dra.Travers.

El camino iniciado por el Fiscal Dr. Dïaz es peligroso, porque repasar los antecedentes políticos de los Fiscales o sospechar de sus resoluciones, puede abrir una cadena interminable, que ha llevado a algunos dirigentes políticos a recordar públicamente que el propio Díaz tuvo anteriormente militancia en el Partido Comunista. Sea cual sea su corazón político, no hay dudas de que ha marcado ideológicamente su gestión, impulsando un Código del Proceso Penal ingenuamente benigno, que ha tenido que ser revisado en varias oportunidades en sentido contrario al original y que todavía no se sabe bien qué ventajas concretas ha aportado al sistema penal. Díaz marcó la cancha al sostener que “los ricos no van presos”. Sostuvo textualmente que “Eso quiere decir que a las leyes las hacen generalmente los representantes de las clases más pudientes, entonces, es fácil entender que una rapiña o un hurto son delitos, pero hay una resistencia a considerar que el lavado de activos también lo es”, declaró. El Fiscal ajustó la organización de la Fiscalía a esa orientación ideológica, usufructuando amplios poderes, lo que debería evitarse en el futuro, con jerarcas más imparciales y ecuánimes.

Ante la investigación a la Fiscal de Colonia, el diputado colorado Felipe Schipani hizo un pedido de informes sobre la cuestión administrativa -no sobre la materia jurisdiccional, lo que no corresponde- y el diputado de Cabildo Abierto Dr. Eduardo Lust fue más allá y le presentó una carta al presidente de la República solicitando la remoción de Díaz. Esta gestión provocó diversas reacciones. El presidente Dr. Lacalle dijo que cuando el gobierno tenga que expedirse sobre ese tema, lo hará, pero a su tiempo, desacreditando por ahora la solicitud de Lust. A su vez, el líder de Cabildo Abierto, general retirado Manini Ríos, descartó que una negativa del presidente Lacalle significara la ruptura de la coalición, como había indicado anteriormente el Dr. Lust. Manini Ríos exigió “tratar estos temas con responsabilidad”, en una alusión que indudablemente estuvo dirigida a los procedimientos y dichos de su propio legislador.

Lo que ocurre es que tanto por las normas constitucionales como legales -numeral 13 del artículo 168° de la Constitución y artículo 44° de la ley orgánica de la Fiscalía, ley número 19.483 del año 2017- para designar o remover al Fiscal de Corte se requieren 3/5 de votos del Senado, es decir, 19 votos. La coalición gobernante tiene 18 votos, por lo que esa remoción o la futura designación de un nuevo fiscal, debe ser acordada, en cualquier caso, con el Frente Amplio. Hay que recordar, además, que Díaz tiene mandato hasta el año próximo, 2022.

El diputado Dr. Lust, quien además es profesor de derecho constitucional, sostuvo que puede haber otros mecanismos para la remoción del Fiscal de Corte, pero en todo caso cualquier otra vía sería muy discutible. Las normas mencionadas obligan a esa mayoría especial, mencionada en forma expresa, por lo que evadir ese doble requerimiento constitucional y legal sería muy inconveniente.

Lo que queda claro es que, para el mejor funcionamiento de la Fiscalía, sería oportuno que el Fiscal Díaz mantenga un bajo perfil, no publicite indebidamente sus actuaciones y ni se le ocurra imponer un inadmisible chequeo de procedencias ideológicas, similar al que impuso la dictadura con las odiosas y recordadas categorías A, B y C en que se encasillaba a los ciudadanos y a los funcionarios públicos. *Fuente Correo de los Viernes