El puerto de Montevideo vuelve a quedar en el centro del conflicto: empresas advierten por el impacto en la economía
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El paro portuario alcanza ahora a todo el país y las cámaras empresariales advierten sobre mayores costos, dificultades para la producción y problemas en el comercio exterior. El gobierno busca mantener servicios mínimos mientras trabajadores y empresas siguen enfrentados.
El puerto de Montevideo atraviesa nuevamente una situación de fuerte tensión. Este lunes 21 de setiembre comenzó un paro nacional de 24 horas convocado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), que afecta al puerto de Montevideo y también a otras terminales del país.
La medida surgió después de que el Poder Ejecutivo estableciera servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por Katoen Natie. El sindicato cuestiona esa decisión y reclama sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad.
El paro comenzó a las 7 de la mañana y está previsto que finalice a la misma hora del martes 22. Durante ese período también se cerraron los accesos para camiones con cargas destinadas a las distintas terminales y muelles.
Pero el conflicto ya dejó de ser solamente una discusión entre trabajadores y una empresa. Las cámaras empresariales salieron este lunes a advertir que la situación se volvió “insostenible” y señalaron que las interrupciones están afectando la producción y el comercio exterior, las pérdidas son millonarias.
Según la declaración difundida por las gremiales, en los últimos 16 meses hubo interrupciones en 15 de ellos. Las cámaras sostienen además que durante 2026 se acumularon 44 días con interrupciones, frente a 35 registrados durante todo 2025, y estiman que en promedio se ve afectado alrededor del 70% de los movimientos de contenedores.
Las consecuencias que señalan son concretas: dificultades para recibir insumos, aumento de costos, problemas para algunas empresas y posibles envíos de trabajadores al seguro de paro.
También hay un efecto menos visible, pero importante: la incertidumbre.
Para un país que pretende consolidarse como centro logístico regional, la continuidad del funcionamiento portuario es un elemento clave. Las empresas sostienen que las interrupciones repetidas afectan la confianza de los clientes y pueden perjudicar la imagen de Uruguay como plataforma de comercio exterior.
Mientras tanto, desde el gobierno se defiende el derecho de huelga y se sostiene que se están garantizando los servicios mínimos establecidos.
La oposición reclama una respuesta más fuerte y plantea declarar la actividad portuaria como servicio esencial de manera permanente. En ese sentido, el senador Sergio Botana presentó un proyecto de ley para incluir las actividades portuarias dentro de una lista de servicios esenciales.
El problema, entonces, tiene dos caras. Por un lado está el derecho de los trabajadores a realizar medidas sindicales- aunque algunas se han ido de contexto-. por otro, la necesidad de que un servicio fundamental para el comercio exterior pueda funcionar con un nivel de previsibilidad suficiente.
El punto de discusión ya no parece ser solamente quién tiene razón en el conflicto laboral. La pregunta que empieza a pesar es cuánto puede soportar la economía uruguaya una interrupción reiterada de su principal puerta de entrada y salida de mercaderías.
Y allí el debate deja de ser exclusivamente sindical o empresarial, ahora a pasado a ser un asunto de país, en una economía que tiene serios problemas de crecimiento.
