Obligatoriedad de no aglomerarse.
rochatotal//Ricardo Méndez Molina.
El secretario de Presidencia Álvaro Delgado aseguró en conferencia de prensa que “preocupa al gobierno la realización de fiestas que no están autorizadas, con una gran cantidad de personas, ya que esto pone en riesgo la salud de la población”. Delgado dijo que si bien tienen conocimiento que detrás de esta situación “hay trabajo”, manifestó que “sigue siendo responsabilidad de quienes organizan estos eventos”. Sobre esto, el secretario pidió confianza en los pequeños pasos que da el gobierno para reactivar la economía del país de forma progresiva.
Por su parte, el ministro de Salud Daniel Salinas dijo que de seguirse realizando fiestas prohibidas “sería imposible contener una multitud de brotes”.
“Si uno le da un pequeño espacio al virus, el virus va hacer lo que sabe hacer, contagiar gente”, ya que “en lugares cerrados las personas están en permanente contacto con abrazos, besos y vasos compartidos”.
El Ministerio de Salud Pública emitió hoy un comunicado recordando que sigue vigente la obligatoriedad de no aglomerarse, teniendo en cuenta la alerta sanitaria por el nuevo coronavirus. Ante la constatación de reuniones que superen el límite de 60 personas y se extiendan por más de dos horas y media, las autoridades aplicarán sanciones que irán desde multas hasta denuncias penales.
“Montevideo, 16 de setiembre 2020
Recordamos a la población que, dado que continuamos en alerta sanitaria debido a la pandemia de la Covid-19, sigue vigente la obligatoriedad de no aglomerarse. Las fiestas autorizadas son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados, con un límite de hasta 60 personas, una duración máxima de hasta 2 horas y media (con recomendación de que sean fiestas infantiles) y el cumplimiento de todas las medidas sanitarias del protocolo correspondiente.
En los casos en que las autoridades públicas constaten la realización de fiestas en las que se pudiera poner en riesgo la salud de las personas por no cumplir con las normas establecidas se procederá a la aplicación de las siguientes medidas:
1. Multas (30 a 1000 UR: $ 37.142 a $ 1.238.070)
2. Clausura, de tratarse de establecimientos públicos o privados
3. “Denuncia penal”
