La confusión como estrategia

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Por Julio María Sanguinetti

El ascenso del Frente Amplio y de toda esa vasta organización de entidades corporativas que representan lo que suele llamarse “izquierda” ha tenido una formidable y exitosa palanca en el uso de la confusión como estrategia de crecimiento.

Desde esa perspectiva, nuestro Partido, por su tradición reformista, liberal y progresista, ha sido el objetivo predilecto de una persistente prédica que de un modo u otro confisca lo mejor de nuestra tradición y, al mismo tiempo, deforma la realidad para instalar, especialmente en la juventud desprevenida, ideas falsas.

Así como Rivera, el continuador del “artiguismo posible”, el capitán reconocido por el Fundador como su mayor colaborador, es descalificado por un genocidio inexistente, a la inversa, a Batlle se le expropia. El líder colorado por definición, el devoto del Gobierno de la Defensa, el Presidente que lidera la guerra de 1904, el mayor reformador social de la historia desde los gobiernos colorados, controvertido por los políticos nacionalistas precisamente por su coloradismo presuntamente intransigente, ahora resulta que “es de todos”. Aun de aquellos que en nombre del socialismo lo descalificaron por años en virtud de su reformismo “burgués”, que adormeció la conciencia revolucionaria de las masas…

Un partido que se ha identificado con su figura en histórica, tradición e imagen, ya no sería titular de su figura. Su retrato ha estado en nuestras listas partidarias durante un siglo, nuestra Casa del Partido desborda de sus retratos, nos definimos como “batllistas” desde entonces, pero ahora en la propaganda se le usa maliciosamente en contra de su propio partido.

Toda nuestra legislación electoral, desde la ley de 1925 hasta la última de 1999, inequívocamente se orienta a la protección de cada lema y a la prohibición del uso de “cualquier palabra o similares que pueda ofrecer semejanza por razones gramaticales, históricas o políticas”, como lo dice la de 1939. Reiteradamente se condena todo a aquello que induzca a “confusión” al ciudadano y así lo ha entendido nuestra Corte Electoral, que en los últimos tiempos ha observado a entidades diversas que han usado el Batllismo en su propaganda electoral militando en el Frente Amplio. No considera que haya “delito” electoral y por eso no ha pasado de observaciones y advertencias pero ya su reiteración muestra una voluntad inequívoca realmente dolosa. Nadie puede dudar de que se pretende “confundir”. Aquí no hay nada inocente, es deliberado.

Que Batlle es una figura histórica que como tal desborda al partido, por supuesto. Pero una cosa es aceptar ese concepto en la apreciación histórica y otra muy diferente es su uso propagandístico, intentando confundir al electorado con la idea de que el Batllismo estaría en contra de la LUC.

Es una violación de las leyes electorales en su letra y en su espíritu. Además, y por encima de todo, es una falta de ética. Lo saben bien los que utilizan ese “ícono” para enredar.

Por aparte, digamos también claramente que en la LUC nada hay en contra del pensamiento de Batlle sino todo lo contrario. Es una norma para defender a la sociedad del delito afirmando el Estado, el Estado de Derecho, el Estado batllista. Para afianzar la educación pública, la batllista, la que degradan dirigentes gremiales frentistas hoy condenados ante la opinión pública por sus abusos. Para prestigiar a nuestros Entes Autónomos, creados y desarrollados por el Partido Colorado y el Batllismo, debilitados en esta horas por la gestión frentista en Ancap, los abusos increíbles en Antel o el disparate monumental de Gas Sayago, cuyo fracaso seguimos pagando.

El eslogan ridículo de la “privatización” de la enseñanza lo vienen alegando gremiales cuya principal resultancia ha sido, justamente, el debilitamiento de la pública con sus paros irracionales y la degradación del ambiente de las comunidades educativas por su divisionismo y politización.

En fin, confiamos en que la Corte Electoral disponga lo necesario para impedir la continuación de esta práctica viciosa. Y confiamos también en que, dada la experiencia, el Poder Legislativo pueda definir con mayor precisión la protección de los símbolos partidarios en amparo de un elector que tiene derecho a votar (o firmar) con claridad. Sin ser inducido deliberadamente al error.