El contribuyente en la mira: tributos altos y un calendario sin piedad

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Es verano, estamos distraídos y llegan los aumentos.

Hay sistemas injustos por diseño y otros que se vuelven injustos por acumulación. El esquema tributario que enfrentan hoy los ciudadanos no es el resultado de un error aislado, sino de una lógica persistente que recauda sin medir consecuencias. Patentes de rodados, multas, servicios de Entes,contribuciones inmobiliarias e impuestos departamentales no solo son elevados: están concentrados en un calendario que asfixia al contribuyente y empuja, casi inevitablemente, al incumplimiento.

Entre diciembre y marzo, las familias atraviesan una verdadera tormenta financiera. Diciembre llega con los gastos propios de las fiestas tradicionales, un momento que culturalmente implica encuentros, traslados y consumo. Enero suma las licencias, que lejos de ser un descanso económico suelen significar más gasto que alivio. A eso se agregan los Reyes Magos, con su carga emocional y económica, especialmente para hogares con niños. Y cuando todavía no hubo tiempo de recomponerse, comienzan a caer, uno tras otro, los vencimientos más pesados del año.

Patentes de rodados, seguros de autos y viviendas, contribuciones inmobiliarias, impuesto de Primaria y, casi en simultáneo, los gastos del inicio de clases: útiles, libros, uniformes, transporte. Todo concentrado en apenas tres meses. No hay escalonamiento razonable, no hay flexibilidad real, no hay una mirada integral sobre la economía doméstica. El mensaje implícito es claro: pague como pueda, y si no puede, aténgase a las consecuencias.

Consecuencias que no son menores. Atrasarse no solo genera recargos e intereses; activa un sistema punitivo que parece diseñado más para castigar que para cobrar. Multas altas, sanciones automáticas y una lógica que presume mala fe donde muchas veces hay simple imposibilidad. El ciudadano deja de ser contribuyente para convertirse en infractor. No importa si perdió el empleo, si atravesó una enfermedad, si tuvo que priorizar la comida o la educación de sus hijos. El sistema no pregunta: multa.

Esta concentración de vencimientos no es casual ni neutra. Responde a necesidades de caja del gobierno y de los gobiernos departamentales, cada vez más dependientes de ingresos rígidos para sostener estructuras costosas y compromisos financieros asumidos sin suficiente debate público. El problema es que esa necesidad se traslada, sin filtros ni amortiguadores, a los bolsillos de la gente.

Se habla mucho de justicia tributaria, pero poco se practica. No hay justicia en exigir todo al mismo tiempo. No hay equidad en multar al que no puede pagar como si eligiera no hacerlo. Y no hay sensibilidad social en un calendario que ignora cómo viven, trabajan y se endeudan las familias.

Reordenar los plazos, escalonar los pagos, introducir criterios sociales y eliminar sanciones confiscatorias no es populismo ni demagogia: es sentido común. Persistir en este esquema, en cambio, es seguir profundizando un modelo que recauda primero y escucha después. Y cuando el Estado deja de escuchar, el malestar deja de ser individual para volverse colectivo.