Neptuno: pese a la observación del TCR el gobierno reiterará el gasto
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El proyecto Neptuno volvió al centro del debate político e institucional tras la decisión del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) de “observar” las modificaciones introducidas en el contrato original. Pese al pronunciamiento, el gobierno anunció que reiterará el gasto y defenderá la legalidad y el interés público de la iniciativa.
Una votación dividida
El TCR, presidido por Francisco Gallinal, analizó las modificaciones contractuales y resolvió observarlas por mayoría. El argumento central del dictamen sostiene que los cambios “alteran sustancialmente el objeto del contrato”, vulnerando los principios de igualdad y concurrencia establecidos en la normativa vigente.
Según el proyecto de resolución aprobado, si el contrato hubiera contemplado desde el inicio las condiciones surgidas de la renegociación, podrían haberse presentado otros oferentes o haberse formulado propuestas en términos distintos a los adjudicados. Para el tribunal, no se acreditó de forma suficiente que las modificaciones respondan a circunstancias objetivas sobrevinientes de interés público que habiliten una alteración de esa magnitud.
Entre los aspectos señalados como sustanciales figuran:
El traspaso a OSE de la captación de agua bruta, originalmente prevista a cargo del contratista.
La asunción por parte de OSE de diversas tareas de gestión inicialmente asignadas al privado.
La transferencia total del mantenimiento a OSE luego del primer año.
La eliminación de componentes como la reserva de agua bruta (RAB) y la estación de bombeo intermedia de agua tratada (Ebiat), lo que, a juicio del TCR, reduce significativamente las obligaciones del contratista.
El dictamen recuerda que si bien la renegociación contractual es admisible, su límite natural es no alterar el objeto esencial ni las contraprestaciones centrales del vínculo original.
La defensa a ultranza del gobierno
Desde OSE, su presidente, Pablo Ferreri, rechazó los fundamentos del TCR. Afirmó que la observación “no pone en cuestión” el interés público que sustenta el proyecto y sostuvo que el criterio adoptado por el tribunal contradice opiniones de destacados catedráticos de Derecho Administrativo, cuyos informes fueron solicitados por el consorcio, OSE y la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entidad que financia la iniciativa.
Ferreri también cuestionó lo que definió como un “cambio de criterio” del TCR respecto de antecedentes en los que se admitieron modificaciones contractuales de mayor entidad sin observaciones, y negó que los cambios alteren el núcleo del contrato. Según explicó, la operación de la planta siempre estuvo en manos de OSE y la captación de agua bruta se ajustó para evitar eventuales conflictos con el artículo 47 de la Constitución, que reserva a la empresa pública la gestión del recurso.
Repercusiones políticas e institucionales
La decisión del TCR abre un nuevo capítulo en la controversia sobre Neptuno. Desde la oposición se interpreta la observación como un respaldo institucional a las críticas formuladas sobre la renegociación, mientras que el oficialismo insiste en que se trata de una diferencia de criterios técnicos y jurídicos.
El anuncio de que el gobierno reiterará el gasto tensiona el escenario político: si bien la reiteración es un mecanismo previsto en el ordenamiento, supone asumir el costo político de avanzar pese a la objeción del órgano de contralor.
Además, el debate trasciende lo estrictamente jurídico y se proyecta sobre la campaña electoral, en un contexto donde la gestión del agua y la seguridad hídrica se convirtieron en temas sensibles tras la crisis reciente. El caso Neptuno vuelve así a instalar la discusión sobre el alcance de las asociaciones público-privadas, los límites de la renegociación contractual y el equilibrio entre control institucional y decisiones de política pública.
En definitiva, más allá del desenlace administrativo inmediato, el episodio deja planteado un interrogante mayor: hasta dónde puede llegar la flexibilidad contractual en proyectos estratégicos sin comprometer los principios de transparencia y competencia que rigen la contratación pública.
Foto Presidencia de la República
