Fractura colorada y debate sobre la legitimidad del referéndum
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La reciente votación en la Cámara de Diputados sobre los cambios a la Ley Integral contra el Lavado de Activos (Ley 19.574) dejó algo más que una modificación normativa: expuso una fractura interna en el Partido Colorado y reabrió el debate sobre el alcance político del referéndum que en 2022 confirmó artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El artículo más controvertido fue el que reduce el tope máximo para operaciones en efectivo.
Antes de la LUC: 40.000 UI.
Con la LUC: 1.000.000 UI (aprox. US$ 160.000).
Nuevo proyecto aprobado: 200.000 UI (aprox. US$ 33.000) o el 5% del valor total de la operación, con un máximo de 450.000 UI.
Este cambio implica un retroceso parcial respecto a la flexibilización que introdujo la LUC en 2020, normativa que fue parcialmente sometida a referéndum en marzo de 2022 por iniciativa del Frente Amplio y el PIT-CNT. En esa instancia, la ciudadanía decidió no derogar los artículos cuestionados, lo que fue interpretado por la coalición como un respaldo popular al texto vigente.
La ruptura colorada
Siete diputados colorados (Maximiliano Campo, Walter Cervini, Paula de Armas, Matías Duque, Giovani Peres, Conrado Rodríguez y Walter Verri) votaron junto al oficialismo y habilitaron la aprobación del nuevo tope por 55 votos.
El caso de Walter Verri fue especialmente simbólico: defendió la LUC en su momento, pero ahora argumentó que ninguna ley es “inamovible” por haber sido ratificada en las urnas.
La posición contraria, expresada por legisladores del Partido Nacional como Federico Casaretto, sostiene que modificar un punto refrendado hace menos de cuatro años erosiona la voluntad popular expresada en las urnas.
La consecuencia política inmediata es clara: el Partido Colorado no actuó en bloque y dejó expuesta una tensión estratégica dentro de la coalición.
¿Contradicción política, anticonstitucional, autonomía legislativa?
Aquí se abren varias lecturas:
Desde la crítica política: Se argumenta que el Frente Amplio intentó derogar estos artículos por vía referéndum y no logró los votos necesarios. Reimpulsar el cambio ahora, mediante mayoría parlamentaria, puede interpretarse como una forma indirecta de revertir lo que la ciudadanía decidió mantener. Para sectores de la coalición, esto implica una contradicción con la narrativa de defensa de la LUC.
El argumento de la inconstitucionalidad
La controversia surge porque el tope de USD 140.000 fue establecido por la Ley de Urgente Consideración (LUC), y esos artículos específicos fueron ratificados por la ciudadanía en el referéndum de marzo de 2022. Algunos legisladores y juristas sostienen que, al haber sido una decisión popular directa, el Parlamento no debería “corregir” o modificar ese monto tan pronto, argumentando que se estaría pasando por alto la voluntad expresada en las urnas.
La postura del gobierno y otros sectores argumentan que el Parlamento mantiene su potestad legislativa para adaptar las leyes a las recomendaciones de organismos internacionales (como el GAFI) para evitar que Uruguay entre en “listas grises” por flexibilizar controles de lavado.
Desde la defensa institucional: El referéndum no “congela” una norma para siempre.
El Parlamento conserva plena potestad de modificar leyes según nuevas mayorías. El contexto internacional en materia de prevención del lavado y exigencias de organismos multilaterales , que ha presionado, puede justificar ajustes técnicos. El proyecto no se limita al tope en efectivo. Modifica más de 30 artículos, incorpora nuevos delitos precedentes (ciberdelitos superiores a 100.000 UI, fraude financiero, introducción de desechos tóxicos) y amplía la categoría de sujetos obligados no financieros. Sin embargo, el debate público quedó concentrado en el artículo simbólicamente asociado a la LUC y al referéndum.
El impacto político en términos estratégicos
Para el Frente Amplio: logra introducir un cambio relevante en un punto que había sido bandera de la oposición a la LUC.
Para el Partido Colorado: queda tensionado entre su identidad histórica de defensa de libertades económicas y una postura más alineada con estándares internacionales de control financiero.
Para la coalición: se instala un antecedente de ruptura disciplinaria en un tema de alta carga simbólica.
Conclusión
Más que un debate técnico sobre montos en unidades indexadas, la votación puso en discusión la relación entre democracia directa y democracia representativa. ¿Puede el Parlamento modificar una norma ratificada por la ciudadanía pocos años después? Sí, jurídicamente.
¿Tiene costo político? Claramente también.
La fractura colorada no solo fue aritmética; fue de conductas, principios. Y deja abierta una pregunta hacia el futuro electoral: ¿hasta dónde llega la lealtad programática cuando cambian las mayorías?. El panorama en la interna colorada tiene rumbo muy incierto.
Foto :Brecha
