La reforma y el Partido Colorado

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César García Acosta

El anteproyecto del Poder Ejecutivo sobre la reforma jubilatoria debería ser una política de Estado, pero terminará siendo el eje de la campaña electoral de 2024.

Por eso, lejos de percibirla sólo como un dato de la realidad, hay que entenderla como un “leit motiv” que trasvasará la contienda electoral, y que se instalará, de modo agraviante, sobre los mensajes políticos que harán suyos los postulantes a diputados y senadores. A ellos podríamos pedirles mucho más que una declaración de buena voluntad, aunque de poco serviría pretender encorsetarlos con un “fair play” imposible de cumplir. Nadie tiene la madurez suficiente en el país como para abstraerse de los intereses en pugna. Este es el riesgo superlativo de un sistema desgastado, en el que cada idea puesta al servicio de la verdad, se transforma inexorablemente en la síntesis para un debate corporativo que pondrá en pugna a las dos visiones pre existentes; es allí, y no en otro lugar, donde se librarán estas batallas, donde los intereses de quien gobierna, y de quien permanece estanco en la llamada `oposición´, interactuarán en sus propios contextos.

La madurez del sistema de coalición –sea como gobernante u oposición- es lo que quedará de relieve a la hora de la verdad. Si en los republicanos la batalla interna derivase en las voces desentonadas de Cabildo Abierto, disonante de los colorados, o imperativas y hasta arrogantes de los blancos, el desgaste y la caída de la coalición como instrumento electoral, resentiría todos los niveles de la confianza electoral. Esos niveles son los factores bajo riesgo en el relacionamiento político. Por eso, quienes en vez de construir acuerdos de gobierno sólo valoran ser un puñado de políticos para juntar votos, saben el riesgo potencial de desbarrancarse.

Es muy importante que quien ostente la mejor ubicación electoral (los blancos), asuman, como hecho relevante, que su talente será el fiel de la balanza. Escuchar las voces de sus socios minoritarios, es necesario, porque supone construir la razonable herramienta de la cohabitación capaz de minimizar las diferencias, y habilitar el entendimiento con otras ideologías que –como en el caso de la batllista- busca mantener su llama viva en un país al que gobernó durante 90 años.

La voz de la razón

Más allá de su función de contralor político, convengamos que la oposición no gobierna.

No vayamos detrás de objetivos irrealizables.

Para que el país no se desbarranque, tenemos que tener claro que el solo hecho de integrar la coalición, nos hace gobierno. Debemos asumir que -si la reforma de la seguridad social que se propone- no acompasa ingresos con egresos, o no transparenta las prestaciones que se dan, y prioriza el seguro por desempleo frente al asistencialismo ligado a lo laboral, privilegiará a los que no aportan, lo cual irá en desmedro de los derechos de los legítimos aportantes del sistema, quienes seguirán al margen de lo razonable cuando se jubilen. Con o sin reforma,  si el equilibrio no se logra, muchos no serán compensados en el nivel de sus intereses, y el peso relativo de las prestaciones sociales del actual esquema –y eso el anteproyecto tampoco lo prevé- serán de tal peso que incidirán –se lo diga o no- sobre las retribuciones de la aportación a un sistema que lejos de ser voluntario, es obligatorio.

Realmente si nos metemos en una reforma de este porte, deberíamos ir más allá de lo básico, de lo urgente o de lo emergente, y ser firmes en los postulados a defender, por lo que la reforma debería incluir, desde ya, la transformación de la asistencia social para que se la administre al margen del sistema de jubilaciones y de sus tasas de reposición.

Eso es un hecho como la luz y oscuridad. En la política el verdadero desafío debiera estar acompasado al costo país sobre la distribución de los ingresos.

Ese ha sido nuestro aporte como colectividad: el perfil batllista, y en ello –si bien es dable considerar qué debe prevalecer en una reforma como la de la seguridad social- la transparencia de los  números, la justicia del aportante debe ser el factor central que la sociedad debería tener en cuenta para tomar una decisión cuando las alternativas se le presenten.

La voz del batllismo

Por eso antes que nada hay que dejar en claro que esta reforma es para evitar una debacle y no viabilizar el aquelarre institucional que supone modificar leyes sin encarar un sistema integrado en lo social. No es lo mismo hablar de jubilaciones y pensiones derivadas de una aportación legal durante los años de la actividad laboral de una persona, que hablar de asistencialismo.

Dicho esto es bueno ver por dónde debería transitar el debate colorado, ya no sólo en lo intrapartidario, sino en el Parlamento y con miras a la cohabitación política de la coalición republicana.

Sobre el documento del Poder Ejecutivo, el Partido Colorado plantea que los activos que hoy cobran entre $ 40.000 y $ 100.000 no pierdan ingresos de jubilación en relación a lo que obtendrían hoy con el régimen vigente, una vez retirados de la actividad. En la distribución de los aportes del texto propuesto por el gobierno, quienes hoy cobran menos de $ 40.000 tendrán jubilaciones más altas que las que tienen ahora. De ahí el argumento del gobierno de que la iniciativa atiende y favorece a quienes tengan las pensiones más bajas. Esto se entiende correcto: tampoco hay objeciones para el caso de los que tienen ingresos por encima de los $ 100.000, quienes mantendrían más o menos en el mismo nivel su tasa de reposición. El problema, precisamente, ocurre con los que se encuentran en la franja del medio, y que pueden definirse como los titulares de las “jubilaciones medias”.

Manteniendo la arquitectura general del sistema del anteproyecto, se propone mejorar los parámetros del esquema de la prestación.

La edad que propone el anteproyecto se considera muy elevada -65 años, una vez que se pase el período de transición-, por lo que se propone que el beneficio ya corra para quienes tengan 50 años, en el caso de las mujeres, y 55 si los que sobreviven son hombres.

El documento también apunta a que no se comparte el procedimiento del anteproyecto sobre la  licitación para el ingreso de nuevos afiliados, con una permanencia por 24 meses en una sola administradora, porque lesiona la libre competencia entre las AFAP.

Se propone que la Agencia Reguladora de la Seguridad Social -otra de las creaciones e el anteproyecto- no produzca informes de “carácter vinculante”, como se estipula. Es decir, que en la medida que se crea una Agencia Reguladora como un servicio descentralizado sobre el cual el Poder Ejecutivo tiene la tutela y contralor administrativo, se considera que sus informes no pueden tener carácter vinculante para este Poder, porque de otra forma se alteraría todo el orden constitucional vigente. Por eso se propone sustituir la expresión ‘favorable’ por ‘previo y preceptivo’.

Los colorados no comparten lo sostenido en el anteproyecto sobre afectar devoluciones de IVA para planes de ahorro por consumo, ni que el Banco de Previsión Social centralice y administre la actividad de mantenimiento y operaciones de las cuentas (de ahorro) individuales; es decir, de las AFAP. No parece resultar procedente para el mantenimiento de un sistema mixto con un componente de capitalización individual, que se centralice y administre las cuentas por parte del BPS.

Quizá haya que entrar en el marco de este debate, también en la Carta Orgánica del BPS, y con el solo fin de echar luz y transparencia sobre la herramienta que nos sostendrá financieramente en la última etapa de nuestras vidas.

Fuente:Opinar