Ruidos, sordidez, incomunicación y fracaso de la Fiscalía

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Por Dra. Elena Grauert

El Código del Proceso Penal, aprobado por la Ley 19.293 del año 2015, fue aplaudido y aprobado en una gran mayoría de parlamentarios, con el foro de abogados, en general, afín al cambio.

El sistema acusatorio que da a la Fiscalía el deber de investigar y acusar previa formalización, es el gran cambio. También la separación de Juez de Garantías del Juez de juicio, así como la oralidad de los juicios penales y la presencia del Juez, un cambio radical.

Pero, lamentablemente, una cosa es la letra fría y otra la realidad. Con el correr de los años, desde que comenzó a aplicarse el nuevo procedimiento, hemos visto como se ha desvirtuado, en algunos casos pudo haber abuso del procedimiento abreviado, por el cual el fiscal con el abogado defensor acuerdan penas que luego someten a la justicia, que normalmente homologa lo acodado. Pero no hubo ni pruebas, ni un proceso, razón por la cual algunos dicen “antes había procesados sin condena o sentencia, ahora hay condenados o sentenciados sin proceso ni diligenciamiento de prueba”.

Los fiscales y las Fiscalía, que eran en su mayoría funcionarios públicos que colaboraban con la justicia en su función acusatoria, hoy son el centro de sistema, dado que en el proceso acusatorio son ellos los líderes de llevar adelante los mismos, tiene la voz, recaban las pruebas, hablan con posibles imputados, transformándose en quienes para la población terminan impartiendo justicia.

Si bien el Código de Procedimiento Penal habla del principio de que los fiscales tienen el deber de buscar e investigar las pruebas, tanto a favor del presunto imputado como las contrarias que sean en favor de la inocencia, para alcanzar la verdad material, los hechos de los últimos tiempos nos muestran gente confundida, que sale a la prensa casi en forma obscena, hablando de sus causas, en donde el deber de reserva de la carpeta fiscal, padece de miles de filtraciones, con una “barra” que se pone a opinar, generándose un ruido atroz, que sin duda termina perjudicando el fin que perseguido en la búsqueda de esa verdad.

Mi pregunta y la digo con muchísimo respeto: ¿están preparados los fiscales penales para ejercer una función cuasi-jurisdiccional en los que deben llevar adelante una investigación, acusar o sobreseer?

En cualquier llamado para ingresar a la carrera judicial, se exige primero que nada estar formado para cumplir el honor de la función jurisdiccional, hay una formación de postgrado que las da el CEJU que es el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el cual “se origina en el año 1987 por un acuerdo tripartito entre la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Educación y Cultura y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, creándose una comisión que debía encargarse de organizar el curso para aspirante”.

Hoy todos quienes ascienden a la carrera judicial, deben cumplir con el postgrado y entre las bases de cualquier llamado se cita a Francisco Gamarra -juez- diciendo “la vocación judicial… no es primaria, sino que se subordina a una categoría más amplia, vocación por el derecho…” Afirmando, además, en términos que se comparten, que “la vocación judicial se forma, de amor al derecho, a la verdad y a la Justicia, de desinterés y laboriosidad, de imparcialidad y carácter, de serenidad y honradez”.

Estas personas, desde el vamos, saben que de sus decisiones depende el futuro de otras personas, e imparten justicia sobre bienes tan preciados como la libertad, la propiedad, el derecho más íntimo como lo relacionado con la familia. La función jurisdiccional y la formación de jueces por intermedio del CEJU imprimen además de la formación en el derecho, una conducta ética de imparcialidad y probidad que se imprime en la función misma.

Esto es justamente lo que ha faltado en los últimos acontecimientos ocurridos en Fiscalía, desde que comenzó el caso Astesiano a la fecha, la falta de formación y en el accionar en cuanto a la forma como comportarse, incluso en el manejo de la prensa, ha llevado a un “vedetismo” de los fiscales, que en realidad la causa que debería ser el centro de la cuestión, se desdibuja y pasan a importar los dimes y diretes internos, casi como si se tratara de la revista “Caras”. Nadie sabe qué pasó, porque finalmente el Sr. Leal fue acusado, y hoy, lamentablemente y nuevamente, cualquiera sea la actitud de la fiscal, está sujeta al escarnio público heredado, por la falta de reserva, probidad y cuidado que se tuvo en el caso.

No ha sido el único caso, han existido otros, pero éste sorprendentemente por el factor político partidario y de manejo de poder que conlleva, puso de relieve la grieta, y si bien los jueces no están exentos de ideología, su formación y continuo contralor hacen que tengan más cuidado y mantengan mejor la reserva antes de actuar.

Está claro que el novel nuevo Código del Proceso Penal, debe ser modificado, pero además el Poder Ejecutivo tiene el deber de promover un cambio invirtiendo en más cantidad de Fiscales y Defensores de Oficio, exigiendo, a su vez, la formación en los fiscales del CEJU o similar a sus integrantes.

Hoy, tanto el gobierno como la oposición, no deberían cruzarse de brazos y conformarse con la inacción, por no llegar a las mayorías para el cambio del Fiscal de Corte. Incluso en la hipótesis de no arribar a acuerdos, el cambio debería darse por el Fiscal más antiguo.

Los últimos episodios han demostrado un inmenso cansancio, una falta de compromiso con el deber ser y liderazgo del Fiscal de Corte que actúa tarde y a mi juicio erráticamente.

El principio de objetividad se ha olvidado, al menos en atención a la ecuanimidad y credibilidad, (ya que durante todo el procedimiento se actuó dejando que los acontecimientos se impusieran, con filtraciones de todo tipo). Claramente se debió dejar que la Fiscal Fossati terminar su trabajo y no como lo que sucedió dando la imagen es que se accionó a favor de una corriente política o respondiendo sin pruebas a la petición de un abogado. Si hoy se archiva el caso, nadie va a creer en la veracidad de lo actuado. En cambio si realmente era un invento, los propios hechos iban a hablar por sí mismos. Además, en el caso de llegar a la formalización, todo está bajo el contralor de la justicia.

Por lo que todos estos acontecimientos, las amistades y enemistades, las denuncias entre fiscales, los dimes y diretes y ruidos golpeándose contra la sordidez de la incomunicación y falta de trasparencia, demuestran el fracaso de la gestión, que hacen necesario la reconciliación y designación de un Fiscal de Corte que rencause el sistema, escuchando a todos, proactivo. que grite por más inversión en justicia, así como la necesaria formación en fiscales. No es contra el Fiscal Gómez, que todos dicen que es muy buena persona, es a su favor dando un paso al costado y que nuevos aires traigan más oxígeno a un ambiente muy contaminado