Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con sello propio
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En el marco del seminario internacional organizado por la Universidad de la Empresa (UDE), el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, expuso con firmeza los fundamentos y objetivos de la futura creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay. En su intervención, dejó claro que la nueva cartera no tendrá función jurisdiccional, reafirmando el respeto absoluto por la independencia del Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Díaz subrayó que la iniciativa no busca replicar modelos extranjeros, sino crear un “ministerio a la uruguaya”, ajustado a la Constitución y a la realidad del país. Rechazó cualquier paralelismo con períodos oscuros en los que se vulneró la justicia, y aseguró que este nuevo organismo no afectará competencias constitucionales de la Suprema Corte ni de otros órganos.
El proyecto, según explicó, no será parte del presupuesto quinquenal, para asegurar un tratamiento parlamentario más profundo, a través de una ley específica que garantice debate, consulta y calidad legislativa. Esta decisión se enmarca en un compromiso político transversal que fue asumido por todos los partidos y que figura entre las 63 prioridades del actual gobierno, liderado por el presidente Yamandú Orsi.
Uno de los pilares conceptuales del ministerio será el acceso a la justicia, una deuda histórica con los sectores más vulnerables del país. “El descontento no es por fallos judiciales, sino porque hay quienes ni siquiera pueden acceder a la justicia”, remarcó Díaz. A su vez, propuso un sistema nacional de registros centrado en las personas, para reforzar la seguridad jurídica como derecho intangible.
La nueva institucionalidad permitirá también fortalecer la defensa del Estado en arbitrajes internacionales, evitar pérdidas millonarias y profesionalizar la respuesta jurídica del país en juicios que comprometen recursos públicos.
Finalmente, Díaz sostuvo que esta cartera asumirá un rol central en la defensa y promoción de los derechos humanos, incluyendo su representación ante la Corte Interamericana e instancias internacionales. Con tono decidido, cerró con una promesa: “Es una promesa electoral que vamos a cumplir”.
Esta propuesta busca transformar el vínculo entre ciudadanía y justicia en Uruguay, colocándolo a la altura de las democracias más avanzadas, pero con identidad nacional y visión de largo plazo.
