FNR: sostener el sistema sin que el paciente termine siendo el financiador ?
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La ex vicepresidenta de la República y ex senadora, Lucía Topolansky, llegó al Palacio Legislativo a presentarle a la Presidenta de la Asamblea General, Ing. Carolina Cosse, una carta que refiere a la conformación de una comisión pública honoraria de notables, para tratar la Ley Nº16.343 que creó la Comisión Nacional de Recursos. La misiva expresa: “Siendo el Poder Legislativo de los tres del Estado, el que representa en forma directa en su totalidad la voluntad ciudadana, creo es el ámbito oportuno para convocar a una comisión pública de notables compuesta por médicos y juristas, más legisladores de las comisiones de salud de ambas cámaras a los efectos de trabajar, analizar, pensar sobre la Ley Nº16.343 que creo el Fondo Nacional de Recursos. Creo que como sociedad nos debemos una reflexión pública, seria y profunda para mejorar siempre nuestra atención sanitaria y corregir o agregar lo que sea necesario. las dificultades y el déficit “muy grande” del Fondo Nacional de Recursos y la disfuncionalidad de la Ley, porque “las leyes no son estáticas, porque la realidad, la ciencia, el conocimiento cambian y debemos ver cómo mejorar, ver todo y, con estas recomendaciones (de la Comisión), realizar un proyecto de ley”, aseguró en dicha reunión.
Hay algo que sobrevuela toda la discusión sobre el Fondo Nacional de Recursos (FNR): la presión económica que viene creciendo en todo el sistema de salud. Cada vez tenemos tratamientos más efectivos —eso es una buena noticia— pero también mucho más caros, sobre todo en oncología, enfermedades raras y terapias biológicas.
El problema aparece cuando, frente a la necesidad de más plata, la respuesta institucional termina siendo buscar nuevas formas de financiamiento que, en los hechos, se convierten en nuevas cargas para la gente que usa el sistema.
Un ejemplo de esto lo vimos hace poco con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, donde se habló de cosas como un timbre o aporte vinculado a ciertos actos profesionales para financias su sistema . Más allá de lo específico de ese caso puntual, deja una reflexión que vale para todo el sistema: cada costo nuevo que se agrega termina, de una forma u otra, recayendo en el ciudadano.
Con la salud pasa algo parecido. Si la plata del FNR no alcanza para cubrir la demanda que sigue creciendo, el riesgo es que las “soluciones” terminen siendo: más aportes obligatorios, nuevas tasas o timbres, más restricciones administrativas, más trabas burocráticas para acceder a los medicamentos.
Y ahí aparece la contradicción de fondo: un sistema pensado para garantizar igualdad puede acabar levantando nuevas barreras de acceso.
La tensión entre sostenibilidad y derecho a la salud
El Estado tiene una responsabilidad real: administrar recursos que son limitados. No puede financiar cualquier tratamiento sin mirar evidencia científica, resultados y costos. Eso es innegable.
Pero hay otra obligación que pesa igual: la persona enferma no puede ser la variable de ajuste del sistema.
Lo que reclaman muchos pacientes es que, cuando aparece una enfermedad grave, todo el proceso se transforma en una pelea contra la burocracia. El médico indica el tratamiento, el paciente pide la cobertura, el sistema evalúa si corresponde, y si lo rechaza, ahí empieza el via crucis administrativo o judicial.
Muchas familias terminan necesitando un abogado para conseguir una medicación que puede ser decisiva para la vida o la calidad de vida de alguien. Y eso deja una sensación fuerte de desigualdad: el que tiene más herramientas —plata, contactos, conocimiento— tiene más chances de pelear y conseguir lo que necesita.
¿Reformar el FNR: oportunidad o nueva traba?
Una revisión de la normativa puede ser algo bueno, siempre que apunte a: agilizar las decisiones, incorporar tratamientos nuevos cuando hay evidencia, hacer más transparentes los criterios, evitar que todo termine en los tribunales, y sobre todo: negociar mejores precios con los laboratorios.
Pero se vuelve un problema si el objetivo real, debajo de todo, es simplemente recortar gasto a base de más restricciones.
Porque, en el fondo, esto no es solo una discusión de números. Es una pregunta filosófica y política: ¿el sistema tiene que adaptarse para proteger al paciente, o es el paciente el que tiene que adaptarse a las limitaciones del sistema?
Conclusión
El desafío del FNR es encontrar un equilibrio nada sencillo: mantener la solidaridad sanitaria sin que la búsqueda de ese equilibrio financiero se convierta en una carrera de obstáculos para quien necesita atenderse.
El financiamiento es necesario, sin duda, pero cada nueva fuente de recursos hay que pensarla con cuidado. Porque si la respuesta es siempre la misma —más costos para los que ya aportan, o más trámites para acceder a los tratamientos— corremos el riesgo de que la salud deje de ser un derecho garantizado para todos y pase a depender de cuánta plata tienes para asesorarte jurídicamente, o de vinculaciones, o de cuánto aguante tienes para reclamar.
Fotos Dpto. de Fotografía del Parlamento
