No quiero debatir ni dialogar
rochatotal//
Por Elena Grauert
El año pasado la fuerza de izquierda votó y apoyó calurosamente el proyecto de ley 19.827, del 25 de setiembre de 2019, que establece el debate obligatorio de los candidatos a Presidente.
En dicha oportunidad, estaba ejerciendo como diputada y no apoyé el proyecto, en virtud de que la libertad es un derecho que debe preservarse y si bien puede ser bueno debatir y confrontar e ideas, no necesariamente todo lo que es bueno debe reglamentarse y mandatarse, porque pueden haber circunstancias que amparen otras situaciones.
Pusimos en aquel momento el caso de un buen mandatario que pudiera tener dificultades para la expresión oral, lo cual podría generar una desventaja frente a un eventual contrincante, que la norma no tenía en cuenta.
Pero, el borrar con el codo, lo que hace un año impusieron con el brazo levantado, es una inmensa contradicción.
En primer lugar , porque un debate entre los candidatos a Intendente, sería bueno por la simple confrontación de ideas entre los mismos, pero en segundo lugar entiendo que una instancia de índole jerarquizaría el segundo nivel de gobierno, sobre todo en Montevideo, que es una elección olvidada, donde la gente se siente lejos de la Intendencia y sin duda ha dejado de tener la relevancia política y gubernamental que la misma se merece en cuanto a la cercanía con la gente, siendo casi que un órgano administrativo más.
Por tal motivo, discutir sobre el proyecto de ciudad, donde vive casi la mitad de la población del país, no es un tema menor de estrategia política, la negativa a debatir lo único que demuestra es que “debato para lo que me conviene y no tengo más remedio e incluso lo hago obligatorio y no debato cuando no conviene”. Si tengo el poder de las mayorías, apruebo y derogo normas si correspondan a mi conveniencia política, sin tener en cuenta nada más que ese espurio fin.
La negativa a debatir, lo que demuestra es justamente, la razón por la cual no acompañé la obligatoriedad del debate, dado que es una norma que limita la libertad, sin perjuicio de lo cual filosóficamente el debate, la trasmisión de ideas, la comunicación y la transparencia de gestión, son un deber republicano, una cuestión de principios que todas las personas públicas que pretendan ejercer un cargo, deben cumplir. No son necesarias ni la sanción ni la obligatoriedad, dado que la negativa la condenará la ciudadanía y sin duda es un incumplimiento al deber de sana competencia.
Es la misma actitud insana de confrontación, de generar grietas, bandos, cuando no se reconoce al gobierno nacional, ni al Presidente de la Republica y deciden no ir a hablar con él y lo declaran. No es Lacalle Pou, es la institución Presidencia de la Republica, cuyo titular fue elegido, y con quien, en caso de ser electos Intendentes, necesariamente se tienen que vincular, ¿es bueno declarar esa actitud patotera ¿cómo un valor?; ¿es sano para la democracia o es una actitud corporativa e irracional, que busca crispar ánimos y no buscar el dialogo?
El objetivo de la Democracia y la República es generar un diálogo sano y transparente, que nos permita una convivencia en paz y civilizada. La confrontación y la permanente conducta de cortar puentes, no es una actitud sana y lo único que demuestra es lo poco que estos sectores han aprendido de sus propios errores.
