Tormenta internacional: Cardama lleva a Uruguay a arbitraje
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El conflicto entre el Estado uruguayo y el astillero español Cardama sumó un nuevo capítulo y ahora escaló al plano internacional. La empresa ya había exigido al gobierno uruguayo a retirar de sus astilleros lo hecho hasta el momento e inició un arbitraje ante la Cámara Internacional de Comercio, con sede en París, tras la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato para la compra de dos patrullas oceánicas, una operación valuada en 82 millones de euros.
En el parlamento Legisladores de los partidos Nacional, Colorado e Independiente acordaron impulsar una acción judicial. Cuestionan a la Mtra. Sandra Lazo y los asesores(puestos por la ministra) Daniel Marsiglia y Damián Rojas que actuaron como investigadores, interrogaron a oficiales de la Armada y manejararon información reservada sin tener vínculo formal con la cartera en ese momento.
Cardama, que se había mantenido en silencio, realizó una comunicación, que habría llegado al Poder Ejecutivo el pasado 11 de mayo. A partir de allí, el gobierno activó su estrategia de defensa y ya prevé ser representado por el estudio jurídico Uría Menéndez.
En filas oficiales aseguran que el movimiento de Cardama era esperable. La interpretación que manejan es que el astillero busca correrse de la órbita judicial uruguaya e instalar la disputa en un escenario internacional que considera más favorable. Sin embargo, en Torre Ejecutiva transmiten confianza y sostienen que el tribunal arbitral terminará concluyendo que no tiene competencia para intervenir.
La empresa fundamentó su reclamo en el artículo 39 del contrato firmado con el Estado, una cláusula vinculada específicamente a diferencias de carácter técnico durante la construcción. Ese apartado establece que, si las partes no logran acuerdo y la controversia no puede ser resuelta por Lloyd’s Register, el caso debe someterse a arbitraje en París, bajo las reglas de la Cámara Internacional de Comercio y con actuaciones en español.
Pero el contrato también marca un límite claro: cualquier litigio relacionado con la interpretación, aplicación o ejecución general del acuerdo debe tramitarse ante los juzgados de Montevideo.
El Ministerio de Defensa, por su parte, trabaja por estas horas en una demanda por daños y perjuicios contra la empresa.
El diferendo recién comienza, pero ya proyecta consecuencias políticas, jurídicas y económicas. Lo que empezó como una fallida compra de patrullas oceánicas se convirtió ahora en un litigio internacional que pondrá a prueba la solidez jurídica del Estado uruguayo y reabrirá el debate sobre cómo se manejaron las decisiones estratégicas en materia de defensa naval.
En base al Observador, Faro de Vigo
