PONER LAS EMPRESAS PUBLICAS AL SERVICIO DEL PAÍS


Pablo Mieres

En este país las empresas públicas tienen una gravitación extraordinaria. En una economía pequeña y orientada hacia las exportaciones, las empresas públicas que han asumido históricamente, en régimen de monopolio o de competencia, el control de los insumos básicos de nuestro aparato productivo nacional, se convierten en un actor de un peso descomunal en el concierto de nuestra economía nacional.

En efecto, buena parte de la explicación de nuestras dificultades u oportunidades para competir en el mundo dependen sustancialmente de las decisiones que toman las principales empresas públicas de nuestro país. El combustible, las telecomunicaciones, la energía, el agua potable, buena parte del crédito disponible y buena parte de los seguros que garantizan la actividad empresarial son resorte directo de decisiones políticas que toman las empresas públicas correspondientes y sus orientaciones afectan de manera sustancial los costos de producción y, por lo tanto, los precios de nuestros productos en el mundo.

 

Así las cosas, uno diría entonces que nuestro país tiene una fenomenal ventaja, puesto que en la medida que el Estado es dueño de esos instrumentos tan gravitantes, entonces puede favorecer directamente las posibilidades de competitividad de nuestros actores productivos en el mundo.

Pues no. Es todo lo contrario. Las empresas públicas en nuestro país han ido derivando hasta convertirse en un fin en sí mismo. Se baten el parche por la más mínima decisión que toman, gastan lo que se les canta y luego negocian con el gobierno nacional para que este se aproveche de sus resultados, generándose una suerte de pacto mafioso en el que pierde es el país productivo y el ciudadano de a pie.

Efectivamente, el gobierno nacional de turno ha aprovechado antes y ahora para succionar los recursos excedentes que estas empresas generan con el objetivo de expandir su avidez por el gasto público que, muchas veces, resulta opaco e ineficiente.

Las empresas públicas han sido en las épocas de blancos y colorados y lo son igualmente ahora en los tiempos del Frente Amplio, plataformas de lanzamiento de candidaturas de sus principales jerarcas. Esta enorme masa de recursos ubicados en una posición estratégica se utiliza, en muchos casos, para proyectar imágenes de supuestos éxitos promovidos por una inversión publicitaria muchas veces millonaria en dólares que, sin embargo, carece de  fundamento alguno.

Hay que dar vuelta la pisada. Hay que poner las empresas públicas al servicio del país productivo y de los ciudadanos y no de sus jerarcas o del gobierno de turno.

¿Qué pasaría si los excedentes de la gestión de las empresas públicas se volcaran directamente a abatir los precios de los servicios que brindan, en vez de fugarse alimentando un gasto público que muchas veces es opaco o ineficiente? Seguramente mejoraría la competitividad de nuestros productos en el mundo favoreciendo las posibilidades de crecimiento económico y aumento de las fuentes de trabajo en nuestro sector productivo; pero además todos los ciudadanos en sus hogares podrían consumir luz, teléfono, agua y energía eléctrica a precios más bajos.

¿Qué pasaría si se prohibiera que las empresas públicas en régimen de monopolio hicieran publicidad? ¿Para qué gastan fortunas en “darse bombo” a sí mismas por ofrecer un servicio que sólo ellas ofrecen y que, por lo tanto, nada cambia con o sin esa publicidad? Se ahorrarían muchos recursos que también podría trasladarse a un abatimiento de las tarifas públicas.

¿Qué pasaría si las empresas públicas cumplieran con lo establecido en la Constitución y no se pusieran a gastar recursos que son de todos para hacer obras que o son superfluas o en algunos casos nada son ajenas a su objeto? Se cumpliría con la Constitución y, además, se evitarían gastos que nada tienen que ver con el objeto para las que fueron creadas. El ejemplo reciente del ANTEL Arena es una imagen que rompe los ojos, por la evidencia de su improcedencia y por el hecho de que allí se habrán invertido decenas de millones de dólares que podrían haberse aplicado a bajar los costos de las telecomunicaciones de los uruguayos.

El Estado tiene establecido, a través de los diferentes ministerios, los cometidos y las decisiones sobre la distribución del gasto público social. ¿En razón de qué fundamento las empresas públicas usan recursos públicos para hacer ayudas sociales, contribuciones y donaciones que muchas veces están direccionadas en función de los lugares de procedencia de los Directores de turno? ¿Por qué las empresas públicas con plata que es de todos los uruguayos, se dedica a hacer clientelismo favoreciendo a algunas instituciones y a algunos ciudadanos, ingresando en tareas que no tienen nada que ver con el objeto para las que fueron creadas?

¿Por qué las empresas públicas han creado una verdadera maraña de empresas subsidiarias (hijas, nietas y bisnietas), disponiendo de una enorme cantidad de recursos que pertenecen a todos los uruguayos, para formar decenas de sociedades anónimas que escapan al contralor del Tribunal de Cuentas y a los controles y limitaciones del derecho público, sin que nadie tenga ni idea de lo que pasa con ellas y con el riesgo adicional que su fracaso podría traer aparejado?

Finalmente, ¿no sería deseable que los jerarcas de las empresas públicas tuvieran prohibido postularse a cargos públicos electivos por el siguiente período al que ejercieron como Directores, para evitar que ese enorme poder que tuvieron en sus manos se pudiera destinar a sostener una campaña electoral inmediata, de manera tal de que no utilicen su estadía al frente de una empresa pública para acumular poder en la perspectiva de una postulación política?

Seguramente si se hicieran todas estas reformas que señalamos, lograríamos que las empresas públicas de nuestro país, que son un patrimonio nacional muy valioso, potenciaran su efectivo aporte al desarrollo del país y al bienestar de sus ciudadanos.

Este es un tema central de la agenda de los próximos tiempos y nosotros estamos decididos a ponerlo arriba de la mesa, con el objetivo de asegurar que se realicen importantes cambios en la dirección de que las empresas públicas funcionen al servicio de nuestra sociedad y no del poder de turno.