Observatorio del Derecho a la Alimentación Escuela de Nutrición de la Udelar
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El miércoles pasado, en la sesión en que se aprobó el Impuesto Emergencia Sanitaria 2-Covid-19, la senadora Graciela Bianchi, del Partido Nacional, afirmó que “hambre es no tener que comer” y señaló que, pese a la crisis derivada del coronavirus, está “asegurado” que todos los hogares uruguayos reciban la comida diaria “por acción del Estado y de la sociedad civil” .
“La inseguridad alimentaria grave en Uruguay se ubica en 6.4% y la inseguridad alimentaria moderada en 23.2%, según el último reporte de FAO (…) Cabe destacar que en Sudamérica estas cifras alcanzan al 7.7% y 29.4% de las personas, respectivamente”, plantea el Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Udelar, en un pasaje del comunicado a la opinión pública que difundió este miércoles.
La expresión surge en respuesta a las afirmaciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi durante la sesión en la que se aprobó el gravamen transitorio para los salarios públicos más altos.
El texto sostiene que “el hambre es por definición ‘una sensación física incómoda o dolorosa causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria'” y que “cuando el consumo insuficiente se sostiene en el tiempo, el hambre se vuelve crónica, impidiendo el desarrollo de una vida normal, activa y saludable”.
El Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Udelar, que integra una red en América Latina y el Caribe con más de 70 universidades de 17 países de la región, respondió a dichas declaraciones. “Determinar la cantidad de uruguayos que padecen hambre e inseguridad alimentaria solo acepta el uso de instrumentos validados, que mucho distan de visiones parcializadas, subjetivas y limitadas”, objetó.
Además, el Observatorio respondió que “en un país donde la disponibilidad de alimentos está asegurada, que la sociedad civil tenga que sostener la alimentación de miles de uruguayos, evidencia la grave situación de injusticia alimentaria y violación del derecho de todo ciudadano de elegir libremente cómo, cuándo y con qué alimentarse”.
Asimismo, sostuvo que el porcentaje de personas que se encuentra en una situación de inseguridad grave o moderada (29,6%) “da cuenta que la voluntad y el accionar político, no han sido suficientes para construir instrumentos que faciliten o favorezcan, un acceso justo y sostenible a los medios de vida, que se necesitan para producir o adquirir los alimentos”.
Si bien en el comunicado el Observatorio reconoce las acciones del Estado y de la sociedad civil para asegurar el acceso a alimentos, plantea que es inaceptable afirmar que no existen personas padeciendo hambre. “Negar la situación que hoy sufren muchas uruguayos y uruguayas, es una irresponsabilidad que atenta contra las obligaciones que el Estado debe cumplir para garantizar el Derecho a una Alimentación Adecuada”, finaliza.
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