Cardama: el Frente Amplio logró aprobar su moción tras la salida de Cabildo Abierto
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La investigación parlamentaria por el caso Cardama concluyó con una resolución aprobada exclusivamente con los votos del Frente Amplio. Pero el resultado no cerró la polémica: la oposición denunció un manejo cuestionable de la sesión, mientras el oficialismo defendió el procedimiento utilizado.
La discusión por la compra de las patrulleras oceánicas al astillero español Cardama tuvo un desenlace cargado de tensión política en la Asamblea General. El miércoles 14 de octubre, el Frente Amplio consiguió aprobar su propuesta para remitir a la Fiscalía los antecedentes de la investigación parlamentaria, pero lo hizo después de que los dos diputados de Cabildo Abierto abandonaran la sala.
La resolución obtuvo 65 votos afirmativos entre 128 legisladores presentes. El resultado permitió al oficialismo avanzar con su informe, aunque la sesión terminó envuelta en una disputa sobre el tratamiento de las demás propuestas y la forma en que se dio por concluido el debate.
El caso, que comenzó con la contratación de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional y derivó en la rescisión del contrato por irregularidades detectadas en las garantías, volvió a mostrar las diferencias entre el Frente Amplio y los partidos de la oposición.
Cuatro informes y ninguna posición común.
La Asamblea General debía considerar las conclusiones de la comisión investigadora bicameral que examinó el proceso de adquisición de las dos OPV al astillero español.
Llegaron a la sesión cuatro informes o propuestas de resolución, vinculados al Frente Amplio, la Coalición Republicana, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. Aunque las posiciones políticas eran diferentes, el tratamiento de los antecedentes ante la Justicia ocupaba un lugar central en la discusión.
La propuesta del oficialismo planteó remitir el informe de mayoría a la Fiscalía General de la Nación y enviar la documentación reunida durante la investigación a la Fiscalía competente en materia de delitos económicos y complejos. El objetivo es que la Justicia examine los hechos señalados y determine si existen responsabilidades penales, tanto de funcionarios públicos como de particulares.
La discusión política, sin embargo, estuvo lejos de limitarse al contenido de los informes. El punto decisivo terminó siendo cómo se votarían las distintas propuestas y si todas llegarían a consideración del pleno.
La salida de Cabildo Abierto cambió el escenario
La Asamblea General está integrada por 130 legisladores. En la sesión, el Frente Amplio tenía 65 representantes y el resto de los partidos sumaba otros 65. Con esa distribución, ninguna de las dos partes podía dar por asegurada una mayoría propia si todos permanecían presentes.
Los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, resolvieron retirarse de sala. Perrone explicó posteriormente que su intención era evitar que el empate impidiera que alguno de los informes llegara a la Fiscalía.
El legislador también sostuvo que su partido no había trabajado con toda la información confidencial que el Ministerio de Defensa había entregado al Parlamento y que no consideraba adecuado pronunciarse sobre documentos a los que no había tenido acceso en las mismas condiciones que otros sectores.
La explicación de Cabildo Abierto fue que su salida buscaba destrabar la situación, no respaldar políticamente al Frente Amplio. Sin embargo, el efecto parlamentario fue claro: con los dos legisladores fuera de sala, el oficialismo pudo alcanzar los 65 votos necesarios para aprobar su resolución.
El resultado abrió una nueva discusión. Para el Frente Amplio, se había logrado que los antecedentes pasaran a la Justicia. Para la oposición, la forma en que se llegó a esa decisión y el tratamiento que recibieron sus propuestas dejaron motivos de cuestionamiento.
El pedido de cuarto intermedio y los cruces en sala.
Antes de la votación, el diputado colorado Adrián Juri pidió un cuarto intermedio de dos minutos para intentar que los representantes de Cabildo Abierto regresaran y participaran de la votación. Esto no iba a suceder, de acuerdo a lo expresado.
El planteo no prosperó porque el Frente Amplio no lo acompañó. La sesión siguió adelante y el oficialismo sometió a consideración su propuesta.
El senador nacionalista Sebastián da Silva cuestionó la posición del Frente Amplio y sostuvo que la negativa al cuarto intermedio favorecía, en los hechos, la decisión de Cabildo Abierto de retirarse. Otros legisladores opositores también expresaron su malestar por el desarrollo de la sesión.
Finalmente, la moción del oficialismo fue aprobada con 65 votos. Pero el momento de mayor tensión llegó después, cuando se planteó qué ocurriría con los restantes informes.
¿Por qué no se votaron las otras mociones?
Una vez aprobada la propuesta del Frente Amplio, el senador Daniel Caggiani, que presidía la Asamblea General, se dispuso a levantar la sesión. Desde la oposición reclamaron que se sometieran a votación las otras propuestas presentadas.
El diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que la aprobación del informe oficialista no impedía considerar los restantes, porque contenían planteos diferentes. Desde esa posición, la decisión de no votarlos dejó a la oposición sin la posibilidad de que la Asamblea General se pronunciara sobre sus propios textos.
Caggiani defendió otro criterio. Argumentó que el mecanismo de votación había sido acordado previamente en una instancia de coordinación entre los partidos y que, una vez aprobada la resolución considerada principal, las siguientes propuestas resultaban contradictorias con lo ya resuelto.
La mesa de la Asamblea General fue respaldada por los votos del Frente Amplio, nuevamente con la ausencia de Cabildo Abierto. Después se votó el levantamiento de la sesión.
La controversia quedó planteada en dos planos. Por un lado, la resolución aprobada permite que la Fiscalía analice los antecedentes de la investigación. Por otro, la oposición cuestionó que no se votaran los informes restantes y consideró que la mayoría oficialista había cerrado la discusión sin permitir que todas las propuestas fueran consideradas. El desenlace dejó una resolución aprobada, pero no un acuerdo político sobre lo ocurrido con la compra de las patrulleras.
La discusión también dejó expuestas las diferencias entre los partidos sobre la contratación original, las responsabilidades que deben investigarse, el dejar sin efecto el contrato por parte del gobierno y el manejo de la información reservada.
Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar la documentación y determinar si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones. La votación del Parlamento abrió esa puerta; no sustituyó la investigación judicial ni anticipa su resultado.
