Gas Sayago a la Justicia
rochatotal//
La malograda “velita al socialismo” de Mujica, que con tanto empeño mantuvieron “prendida” Sendic, Cosse y compañía, nos costó a los uruguayos más de 250 millones de dólares. Tanto, que si contáramos con esos recursos actualmente le podríamos proporcionar un salario mínimo por mes hasta fin de año a 45.000 familias. El Frente Amplio, que hoy demanda recursos demagógicamente, debería explicar primero los gastos en “viajes”, “masajes”, “gimnasia”, “clases de piano” y “frutos secos”.
El martes pasado, el directorio de UTE anunció en conferencia de prensa que trasladará los resultados de una auditoría externa sobre Gas Sayago a la Justicia. Según declararon los actuales jerarcas de la estatal eléctrica, existen múltiples evidencias de que el proyecto de regasificadora “no era viable desde su inicio”.
No obstante, las autoridades frenteamplistas de la época siguieron adelante con el proyecto, incluso cuando en el año 2015 el Estado uruguayo cobró una garantía de 100 millones de dólares debido al incumplimiento del consorcio GNLS, concesionario de la planta regasificadora. De haber dado por finalizado el proyecto en ese preciso momento, las pérdidas hubiesen sido ínfimas.
Sin embargo, debido a esta actitud intransigente, por la que felizmente sus autores deberán responder ante la Justicia, el malogrado emprendimiento “mujiquista” implicó hasta la fecha una pérdida de 213 millones de dólares -a los que, según el informe de auditoría, deben agregarse 37 millones por concepto de eventuales condenas; 8 millones por el desmantelamiento de los pilotes ubicados en el Río de la Plata; y 3 millones de gastos de funcionamiento mientras dure la liquidación.
En esta triste historia, las responsabilidades políticas son múltiples. Vayamos por partes. En 2011, por iniciativa del entonces Presidente José Mujica, fue creada Gas Sayago S.A con el cometido de impulsar la construcción de una terminal de regasificación en Puntas de Sayago y desarrollar el Proyecto Gas Natural Licuado del Plata.
El paquete accionario de la empresa se integró en un 100% con capital estatal, un 79 % correspondiente a UTE y un 21 % a ANCAP. En mayo de 2013, el entonces presidente de ANCAP, Raúl Sendic -procesado recientemente con prisión-, aseguró que la “diversificación y la disponibilidad de la energía que Uruguay va a tener a partir de la planta regasificadora” había sido “un paso muy acertado” y que se estaba “muy cerca” de la adjudicación de la obra y del inicio de los trabajos.
Cuatro meses más tarde, el entonces Ministro de Industria, Roberto Kreimerman -que abandonó el Frente Amplio en 2019 para integrar el partido de extrema izquierda, Unidad Popular-, anunció el acuerdo con la empresa GDF Suez para la puesta en funcionamiento de la regasificadora. Es un “un hito en la estrategia de diversificación energética” del Gobierno, aseguró Kreimerman. Tras cerrar el contrato, GDF Suez contrató a OAS para la construcción de la planta.
En simultaneo, el entonces presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, aseguraba que la regasificadora era el “broche de oro” que cerraba definitivamente el cambio de la matriz eléctrica del país.
Pese al autobombo de la “soberanía energética”, UTE estaba construyendo parques eólicos por más de 1000 MW, “los cuales está demostrado que eran suficientes para abastecer la demanda de energía”, según informó la actual Presidente del Ente.
Asimismo, la jerarca informó que “la clave para la viabilidad del proyecto era la participación de Argentina” y “ya en el 2012 era claro que no participaría, dado que no aportó el capital para constituir la sociedad”.
En este escenario, agregó la Presidente de UTE, “sin la participación de Argentina, con una demanda de energía eléctrica que se cubriría principalmente con energías renovables y con montos de las obras un 84% superiores a los estimados, igualmente se prosiguió con el proyecto”.
En ese entonces, el Director Nacional de Energía, Ramón Méndez -que el año pasado acusó a uno de los coordinadores del GACH de haberse “vendido al gobierno”-, recorría los medios de comunicación asegurando que “los números se hicieron suponiendo que Argentina no participa del negocio”, pero que él estaba “convencido que Argentina va a participar y esto representará importantes ganancias para UTE y ANCAP”.
Muy suelto de cuerpo, Méndez aseguraba que Uruguay gastaría “cero peso” y que toda “la plata” y “el riesgo” lo asumirían los privados. Además, en la misma entrevista, el exjerarca aseguraba que la Regasificadora estaría en funcionamiento durante el primer semestre de 2015.
Obviamente, sucedió todo lo contrario. Ese año, el consorcio GNLS -conformado por Gaz de France Suez y la japonesa Marubeni- anunció que no continuaría desarrollando el proyecto y se retiraría del país. En ese momento, es que el Estado uruguayo cobra la garantía de 100 millones de dólares que anunciamos al inicio. Y nuevamente, en lugar de reconocer el error y dar por finalizado el proyecto con las “cuentas saneadas”, se prosiguió.
La entonces Ministra de Industria, Carolina Cosse, anunció el fin de la vinculación con GDF Suez. “El Estado no perdió dinero y cobró la garantía de 100 millones de dólares”, decía Cosse en su momento. Según ella, la reformulación del proyecto estaba siendo analizada por el Gobierno y abarca el modelo de negocio y la evaluación de las capacidades existentes.
Recordemos también que el proyecto ya había tenido complicaciones durante el verano de 2015 cuando la constructora brasileña OAS, encargada por GNLS de las obras del muelle y escolleras, no pudo proseguir con esa tarea y se retiró, todo esto por estar involucrada en casos de coimas en Brasil dentro del denominado “Lava Jato”.
En este sentido, en el informe de auditoría presentado por UTE “se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto a OAS. Esta empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos”.
A mediados de 2018, tres años después del párate de las obras y del cobro de la garantía, Cosse insistía en que Gas Sayago no había “muerto”. En una comparecencia al Parlamento, la actual Intendente de Montevideo aseguró que el gobierno había detectado interés privado en retomar el proyecto de la regasificadora, evitando mencionar de quién provenía la supuesta oferta. Otra mentira.
En consonancia con estos lamentables hechos, las actuales autoridades de UTE hicieron hincapié en que “no se entienden las razones de fondo para insistir durante 4 años con la permanencia del proyecto, cuando ya estaba demostrado que era inviable”. Desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta diciembre 2019 en que comienza el proceso de liquidación, “en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante 4 años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó”, asegura UTE.
De igual manera, contrario a lo que afirmaba Cosse, la firma auditora contratada por UTE “no detectó la existencia de que UTE o ANCAP hubieran aprobado un Plan de negocios, ni siquiera un estudio integrado que combinara la factibilidad del proyecto, el modelo económico financiero y el proceso de toma de decisiones para la adjudicación de los principales contratos”.
Tal como sostuvo la Presidente del Ente en conferencia de prensa, “no se entiende que un proyecto de esta magnitud pudiera llevarse adelante sin estudios de viabilidad, análisis de sensibilidad ni evaluación de los principales riesgos, lo que queda demostrado con los resultados obtenidos”.
En definitiva, todo esto hizo que “de los 100 millones de dólares de la garantía, 20 millones se gastaran en gastos de administración, 36 millones en pago de préstamos, 23 millones en pago de impuesto a la renta y 21 millones en pago de activo fijo”.
Si consideramos además los gastos gestionados por Gas Sayago, dice el informe de UTE, “se puede destacar que se abonaron del orden de 10 millones de dólares por concepto de consultorías y también del orden de 10 millones de dólares fueron las remuneraciones abonadas entre 2012 y 2019”.
Según el auditor, “la escala salarial se basaba en remuneraciones superiores a las del mercado. En particular, el salario del Gerente General se ubicaba un 30% por encima de la mediana del mercado hasta el año 2016”.
Por si fuese poco, los funcionarios contaban con una serie de beneficios, en los que se incluyen “viajes al exterior” (290 mil dólares), “maestrías y posgrados” (247 mil dólares), “gastos de alimentación” (212 mil dólares), “pago de aguinaldos dobles”, “indemnizaciones especiales por despido”, entre otros gastos superfluos como “masajes”, “gimnasia”, “clases de piano” y hasta “frutos secos”.
La Gerente General, que llegó a percibir un salario superior al del Presidente de la República, era Marta Jara, una supuesta “técnica neutral” que terminó “reservando” su cargo en Gas Sayago para pasar a desempeñarse como Presidente de ANCAP en la última administración frenteamplista. Hace pocos meses, Jara inició un juicio al Estado donde reclama más de 7 millones de pesos por supuestos salarios impagos, indemnización por despido, aguinaldo, licencia, salario vacacional y perjuicios varios durante su participación como gerente general de Gas Sayago.
Hasta el momento, los autores de esta escandalosa trama se han llamado al silencio, como era predecible. No obstante, la actual representante del Frente Amplio en UTE, Fernanda Cardona, ha intentado desacreditar la auditoría externa argumentando que no aporta “nada nuevo”. En parte le asiste la razón, ya que para Cardona nada de esto es nuevo. Según consta en su currículum, que es público, de mayo 2010 a enero 2014 fue Asesora Jurídica en Presidencia de UTE, liderada por Gonzalo Casaravilla, y de marzo de 2015 a febrero de 2020 se desempeñó como Directora General de Secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería, durante el mandado de Carolina Cosse.
Las responsabilidades políticas son claras, las penales las determinará la Justicia, que siempre llega.
Correo de los viernes.
