Empresas Públicas: se acabó la fiesta, por Pablo Mieres

Durante el período de gobierno que terminó, las empresas públicas se desbocaron y llevaron adelante

Durante el período de gobierno que terminó, las empresas públicas se desbocaron y llevaron adelante sus propios objetivos que, en muchos casos, ni siquiera eran objetivos generales de cada ente, sino que referían a gustos y caprichos de algunos de sus directores.

El ejemplo máximo de esta cultura del derroche empresarial con fondos públicos ha sido el ANTEL Arena.
Lo cierto es que durante la campaña electoral nosotros señalamos con particular énfasis que debía producirse una profunda reforma de las empresas públicas para ponerlas en línea con la necesidad de mejorar la competitividad de nuestro país. Era vergonzoso el nivel del gasto en publicidad de las empresas públicas, parecía haber una competencia entre ellas para ver quien anunciaba un nuevo proyecto y nuevas inversiones, amparadas en la bonanza económica que acompañó casi todo el período de gobierno pasado.

Los resultados de los balances de ANCAP y ANTEL, que muestran niveles sorprendentes e injustificables de déficit, contrastan duramente con la imagen festiva que se trasmitió durante estos años.

Pues bien, el nuevo gobierno, que se asume a sí mismo como la continuidad del anterior, sin embargo ha decidido modificar totalmente el rumbo en lo que tiene que ver con la situación de las empresas públicas. Van a ponerle “el cascabel al gato” y la conducción económica asumirá un efectivo contralor de su gestión.

El gobierno nacional habría dado la directiva de que las empresas públicas monopólicas reduzcan en 75% la publicidad y que las restantes la reduzcan en 50%. Obvia medida de ajuste, reclamada de manera firme por parte nuestra durante la reciente campaña electoral. En realidad, creemos que la publicidad de las empresas monopólicas debería estar prohibida en su totalidad, pero es un avance importante.

A su vez, el gobierno ha anunciado que pretende que las principales empresas públicas aporten al gobierno nacional alrededor de 600 millones de dólares, cifra que equivale a alrededor de un punto de nuestro PBI.

Ahora bien, si dos de las cinco empresas principales muestran balances gravemente deficitarios en los últimos dos años y esta semana el ministro de economía aseguró ante el Senado que no habrá un incremento tarifario, ni un aumento de impuestos, ¿cómo alcanzará el gobierno esa meta de aportes de las empresas públicas?
La reducción de la publicidad podrá representar un cierto alivio pero no es suficiente en absoluto.

En síntesis, apoyamos la nueva orientación del gobierno en cuanto al control y limitación de la gestión de las empresas públicas. Compartimos que estas deben ser concebidas como parte de la política económica. Nos parece adecuado que se busque incrementar los recursos que estas empresas deben aportar a la mejora de la situación económica del país.

Le tomamos la palabra al gobierno en cuanto a que no se recurrirá al incremento de las tarifas públicas para obtener fondos frescos, lo que también es totalmente compartible.

Sin embargo, no compartimos el destino de los U$ 600 millones de dólares que se pretende ahorrar por el ajuste en la gestión de las empresas públicas. En efecto, nos preocupa que esa cifra vaya directamente a engrosar el rubro de rentas generales, con el riesgo conocido de que se aplique a una política de gasto público muy ineficiente.

La disyuntiva es entre aplicar esos recursos para el manejo del gasto del Estado o aplicarlos directamente en la sociedad a través de una significativa y equivalente reducción real de las tarifas públicas.
Nos parece que en estos momentos resulta fundamental aportar a la mejora de la competitividad del aparato productivo y, por tanto, nos parece que estos recursos deberían aplicarse a la reducción real de las tarifas públicas. Esta medida tendría un efecto directo en la mejora de las condiciones de competitividad del sector productivo y aliviaría el presupuesto de los hogares.

Esos recursos aplicados directamente a la reducción de las tarifas públicas tendrían un efecto anticíclico en momentos de desaceleración de la economía, apoyaría a todo el aparato productivo a mejorar su ecuación de precios, mejoraría la competitividad de nuestros productos, aportaría a la sustentación de los puestos de trabajo y, por otra parte, también tendría un efecto de mejora directa del poder adquisitivo de los hogares de la gran mayoría de los uruguayos.

El traspaso a rentas generales corre el riesgo de que, si bien permitirá dar oxígeno a las cuentas públicas, se evapore en un complejo y extendido gasto público que, como sabemos, posee escasos niveles de eficiencia