La grieta sanitaria

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Por Hoenir Sarthou

¿Es obligatorio en Uruguay vacunarse contra el SARS CoV-2? Si no lo es, ¿por qué se anuncian tantas actividades y derechos exclusivos para vacunados? ¿Por qué las empresas privadas y los organismos públicos indagan sobre la vacunación de sus trabajadores, o directamente se las exigen? ¿Tienen derecho a hacerlo? ¿Qué puedo hacer para conservar mi trabajo sin vacunarme?

Estas preguntas se las formulan hoy cientos de miles de uruguayos que, por las razones que sea, no se han vacunado y no quieren vacunarse, pero se sienten cada vez más amenazados por una campaña de vacunación que día a día se torna más agresiva e invasiva.

Así, por ejemplo, desde el gobierno se anunció la clasificación de la población, según su situación vacunatoria, en categorías identificadas con colores, que les darían desiguales derecho en la vida social. A pacientes del sistema de salud se les exige vacunarse para someterse a ciertas intervenciones quirúrgicas. El Presidente del Codicen, Robert Silva, manifestó a medios de prensa que “vacunarse es una obligación” del personal docente, pese a que legalmente no lo es. Juan Salgado, presidente de la empresa CUTCSA, emitió un audio en el que anuncia que no se permitirá viajar en los ómnibus de la empresa a personas no vacunadas. La Asociación Rural del Uruguay publicita una exposición abierta al público en la que no permitirá el ingreso de expositores ni de visitantes no vacunados. Diariamente surgen casos de personas despedidas de sus empleos, o suspendidas, o enviadas al “seguro de paro”, por no haberse vacunado. Muchas ligas de fútbol y de Baby Futbol están negando la práctica de deporte a los no vacunados, y la Dirección Nacional del Deporte ha ofrecido a los gimnasios y afines aumentar el aforo a condición de que se exija control de vacunación.

Para muestra, alcanza y sobra con estos botones, reflejo de un clima generalizado de hostigamiento y asedio a los no vacunados, con la evidente finalidad de constreñirlos a vacunarse.

Increíblemente, ese “apriete” a los no vacunados se produce al mismo tiempo que se anuncia un “recreo” de las medidas sanitarias, que incluye festejos con baile el 24 de agosto, fútbol con ´público, aumento de aforos y mayor liberalidad en el ingreso de personas al País. Pero, claro, esas “libertades” se presentan como limitadas a los ya vacunados, profundizando una “grieta sanitaria” de consecuencias imprevisibles.

Primero lo primero. Recibir las vacunas anti covid no es jurídicamente obligatorio en nuestro país. No lo es porque, conforme al artículo 10 de nuestra Constitución, las obligaciones y las prohibiciones sólo pueden ser impuestas a las personas por medio de leyes. Y ninguna ley dispuso que las vacunas Covid fueran obligatorias. Por lo tanto, toda sanción o consecuencia desfavorable que se intente aplicar a quienes no han sido vacunados es ilegítima. Así lo ha reconocido, para la materia laboral, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Dr. Pablo Mieres, quien afirmó públicamente que no es legítimo exigir estas vacunas a los trabajadores subordinados, ni tampoco despedirlos o discriminarlos por no estar vacunados.

En las actuales circunstancias, tampoco resultaría viable dictar una ley que declarara a estas vacunas obligatorias, por las siguientes razones: 1) El propio Estado ha reconocido, por documento emitido por el GACH y avalado por el Ministerio de Salud Pública y por la UdelaR, que no se tiene certeza sobre el efecto inmunizatorio de estas vacunas ni sobre su eventual duración, así como se desconocen los efectos adversos que podrían generar; 2) Las vacunas que se suministran no han completado los procedimientos de prueba y experimentación que técnicamente se consideran necesarios para declarar eficaz y segura a cualquier vacuna; 3) Los laboratorios fabricantes y el propio Estado uruguayo se niegan a asumir la plena responsabilidad por los efectos de la vacunación, al punto que se exige a quienes se vacunan firmar una renuncia a promover demandas internacionales, cosa que jamás se había exigido para ningún procedimiento médico; 4) ) A nivel internacional, los registros oficiales de efectos adversos de estas vacunas son inusual y abrumadoramente mayores que los de cualquier otra vacuna suministrada hasta la fecha; 5) Los términos acordados por el Poder Ejecutivo con los laboratorios son secretos, por lo que resultaría inadmisible que los legisladores declararan obligatorio un procedimiento sanitario cuyos alcances, efectos y marco de responsabilidades son desconocidos, tanto para los propios legisladores como para la opinión pública.

La pregunta del millón es qué hacer en caso se ser sometido a presiones o discriminación por no estar vacunado.

La respuesta no es fácil. Básicamente porque las normas jurídicas que regulaban nuestra vida social, pese a seguir válidas, no son hoy totalmente eficaces. No lo son, por ejemplo, para sobreponerse a protocolos sanitarios antijurídicos, arbitrarios y a menudo absurdos.

Algunos atolondrados creen que el miedo provocado por el virus, y por la publicidad sobre el virus, es condición suficiente para enviar todo el orden jurídico al desván de las cosas inútiles y para adoptar protocolos “seguros”, aunque ello signifique arrasar con los derechos y las garantías de buena parte de la población, incluyendo a niños, ancianos y a todo aquel no dispuesto a plegarse al miedo de los “virusadictos”.

Dije “atolondrados” y dije bien. Porque sólo alguien muy atolondrado o muy ignorante puede creer que las normas jurídicas se dictan para tiempos de bonanza y felicidad. Es todo lo contrario. Nunca es más necesaria la prohibición del homicido que en las situaciones en que existe la propensión a matar. Lo mismo ocurre con las prohibiciones del robo y de la rapiña, así como con todos los delitos, que carecerían de sentido si viviéramos siempre tiempos idílicos, en que nadie tuviese motivos para cometerlos.

Los derechos, libertades y garantías constitucionales se vuelven realmente importantes cuando, por la razón que sea, existe la tentación social de pasarles por encima para arrasar a opiniones discrepantes.

Nadie crea que es ésta una postura romántica o poco realista. Para nada. Es práctica. Porque las garantías constitucionales, más allá de proteger a las opiniones minoritarias, garantizan algo tan o más importante: la paz y la seguridad de todos, incluidos los que se sienten poderosos o mayoritarios.

Lo explico en otras palabras: si se le impone a un sector importante de la población someterse a un procedimiento médico en el que no confía, si se le quita el trabajo por no aceptarlo, si se le exige sometar a sus hijos a ese procedimiento, si se lo castiga y humilla impidiéndole o dificultándole cosas básicas, como usar el transporte público, practicar deporte, ingresar a ciertos comercios y acceder a espectáculos o reuniones sociales, ¿cuánto creen que tardarán en producirse reacciones violentas? ¿Cuánto tardaremos en tener que lamentar peleas espontáneas, actos de justicia por la propia mano y represiones en los que sufrirán vacunados y no vacunados? ¿Cuánto odio recíproco pueden generar esos actos de desconfianza y discriminación ilegítimos? Los que quieren saltearse el orden jurídico en aras del miedo sanitario, ¿no están, en el fondo, serruchando la rama en la que están sentados?

Tengo para mí que el Presidente y varios miembros del gobierno lo saben. Lamentablemente, otros miembros del gobierno parecen no saberlo o no importarles, por eso alientan la casa de brujas contra los no vacunados. Unos y otros están jugando con fuego. A buena parte de la cúpula opositora no le importa. Es más, algunos de sus dirigentes parecen alentar las medidas restrictivas, con la secreta intención de poner al gobierno ante una situación de conflicto social y represión.

Ahora, algunas respuestas concretas. La Inspección Nacional de Trabajo (MTSS), en consonancia con lo declarado por el ministro Mieres, ha manifestado que considera ilegítimas las presiones y discriminaciones laborales y que está dispuesta a intervenir en caso de denuncias de ese tipo. De modo que aquellos que están sufriendo persecución laboral por temas vacunatorios, que son muchos, pueden intentar la denuncia ante esa dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Además, para esos y para los otros casos de discriminación y persecución por motivos vacunatorios, se está preparando una acción judicial de amparo, totalmente honoraria (gratuita), de conformidad con la Ley 16.011. Con ella se busca hacer cesar la situación de acoso y discriminación que, contra los no vacunados, están generando ciertas instituciones y empresas, tanto públicas como privadas. Quienes quieran acogerse a ese amparo pueden hacerlo enviando sus datos (nombre completo, número de cédula, domicilio y teléfono) al correo electrónico amparojudicialvacunacion@gmail.com .

Para terminar, este no es un conflicto entre vacunados y no vacunados. Felizmente, muchas personas que han recibido las dos dosis de alguna de las vacunas comprenden cabalmente que la suya es una opción personal, tan válida como la de no vacunarse. Por eso, respetan la libertad de quienes prefieren no vacunarse.

En definitiva, como siempre, se trata de un conflicto entre quienes defienden la libertad y el derecho, y quienes, con el pretexto que sea, están dispuestos a arrasar a una y al otro. En el fondo, planteado así el asunto, no tengo muchas dudas de cuál será el bando mayoritario.

Fuente Semanario Voces