De aquellos polvos, estos lodos…

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Las infames acusaciones del embajador de Nicaragua ante la OEA, que calificó a nuestro país como una “dictadura”, son consecuencia directa de la meticulosa campaña de desprestigio y difamación montada por el Frente Amplio y sus satélites sociales y sindicales a partir del 1° de marzo de 2020. Aquí no hay coincidencias, pero tampoco represalias, como sucede con los opositores nicaragüenses.

En los últimos meses, la dictadura de Nicaragua se ha robado las miradas del mundo entero. El régimen que dirige Daniel Ortega, a quien el Frente Amplio convirtió en ciudadano ilustre de Montevideo cuando pesaban sobre él acusaciones de abuso sexual, se ha comportado de manera tan obscena y autoritaria que hasta sus propios aliados se desesperan por desmarcarse de su gobierno.

En menos de un mes, el régimen ha detenido a 20 opositores políticos, dentro de los que se encuentran todos y cada uno de los competidores de Ortega en las próximas elecciones presidenciales que ese país deberá celebrar el primer domingo de noviembre. Mientras tanto, Ortega actúa con arrogante impunidad, llegando a declarar que los opositores no son “políticos”, sino “criminales” que merecen estar presos.

En ese contexto, el pasado martes 15, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria en la que, con 26 votos a favor (incluido el de Uruguay), 3 en contra y 5 abstenciones, se exigió a la dictadura de Ortega la liberación de los detenidos y garantías para celebrar elecciones libres.

Anteayer miércoles, en una nueva sesión del Consejo Permanente de la OEA, el embajador de Nicaragua, Luis Alvarado, cuestionó la posición del gobierno uruguayo, especialmente activo en la condena a los desbordes de los regímenes como el de Nicaragua.

Alvarado calificó a Uruguay de “dictadura”, remitiéndose para ello al speech “anti LUC” de la izquierda local. En un tono entrecortado y sin despegar la vista de sus apuntes, que leyó en todo momento, el embajador aseguró:

“Nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza. Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenazas a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay”, lanzó un nervioso Alvarado.

“Y según el séptimo informe elaborado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), esto es lo que reportan: en julio se aprobó la Ley de Urgente Consideración, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión, de reunión y prohibía las manifestaciones y protestas sociales”, prosiguió.

No es casualidad que los apuntes de Alvarado se remitan textualmente a todas las artimañas que machaconamente viene repitiendo la oposición sobre la LUC y por las cuales una cadena de televisión internacional (Deutsche Welle) realizó recientemente un informe igual de tendencioso y difamatorio que, obviamente, contó con la participación de uno de los jerarcas estrella de la Intendencia de Canelones, liderada por el mujiquista Yamandú Orsi.

Tampoco es casual que ese jerarca, de nombre Edison Lanza, haya fundado Cainfo, la organización que sirve como “respaldo académico” para que Alvarado, y antes la Deutsche Welle, mencionen 49 supuestos casos de “amenazas a la libertad de expresión de periodistas”. De más está decir, que tales amenazas no existen. La mayoría refiere a rechazos a pedidos de acceso a información reservada o confidencial, categorías previstas en la Ley de Acceso a la Información, que fue iniciativa del Frente Amplio.

Menos casual es que, luego de los lamentables sucesos descritos, el Foro de São Paulo, integrado por el partido de Ortega y por el Frente Amplio, emitiera un comunicado en el que, por un lado, manifestaba su apoyo a Nicaragua por “revolucionaria, progresista y popular”, y por otro, reconocía el trabajo de la “Comisión Nacional pro Referéndum” de Uruguay por luchar en contra de la LUC, a la que consideran parte de “una verdadera restauración neoliberal”.

Podríamos escribir un libro con los epítetos que la oposición le ha asignado a la LUC a lo largo del tiempo. Comenzó como un “programa oculto”, curiosamente publicado y publicitado por los supuestos ocultadores; luego se convirtió en una “ley inconstitucional”, pero cuyo mecanismo se encuentra justamente en la Constitución; y finalmente, se decantaron por declararla “antidemocrática”, “antipopular” y “represiva”, sin siquiera explica los por qué.

No obstante, el proceso que terminó con la aprobación de la LUC representa todo lo que hoy falta en Nicaragua. Primero hubo que obtener una mayoría parlamentaria compareciendo a elecciones libres, sin proscriptos ni presos políticos. Luego hubo que generar consensos mediante la discusión civilizada, sin armas, sin amenazas, ni represión. También hubo que escuchar a la oposición y permitir que se manifestara y se expresara de una y mil formas, incluso de aquellas que no nos agradan. Y obviamente, la historia aún no terminó, en la medida que la oposición decidió juntar firmas, también de una y mil formas, para interponerle a la Ley un recurso de referéndum.

Con otras palabras, lo expresó el embajador colorado ante la OEA, Washington Abdala: “Creo que [Alvarado] ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente, y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática”.

Tan bochornoso es el papel de Alvarado y de los frenteamplistas que le “dieron letra”, que la propia organización Cainfo le pide que no utilice sus informes para fundamentar sus ataques al gobierno de coalición: “Uruguay no es una dictadura. Tiene un gobierno democrático, surgido en elecciones libres, que no encarcela ni persigue periodistas o candidatos presidenciales de la oposición, como sucede en Nicaragua”.

El nivel de libertad es tal, que, como hemos expuesto, se puede realizar una campaña de desprestigio y difamación, como la que ha montado el Frente Amplio en torno a la LUC y al propio gobierno, sin temor a represalias. Así es y así seguirá siendo. Ojalá Ortega tome nota y nos imite.

Correo de los viernes