Pirotecnia: entre Intendencias y Diputados
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La Intendencia Departamental de Rocha (IDR) prohibió la “utilización de artículos pirotécnicos sonoros o artículos de estruendo destinados al uso domiciliario, o para cualquier otra finalidad”. Ya otros departamentos lo habían legislado en el mismo sentido, caso Flores, Río Negro, Canelones, Salto, Artigas y Lavalleja.
La intendencia rochense informó que, según la resolución 3550/2020, también queda prohibida “la exposición y/o venta de tales artículos en todo espacio público del departamento de Rocha”.
La penalización va desde $ 6.821,65 a $ 272.866
Aclara que en caso de incumplir la normativa, las sanciones serán multas que pueden ir desde 5 a 200 Unidades Reajustables ( $ 1.364,33 por UR ).
Señala también que el gobierno departamental queda facultado de “la confiscación del material y todos los bienes relacionados con la actividad prohibida que fuera desarrollada en la vía pública”.
Mientras tanto, en Diputados…
La Comisión de Diputados aprobó , en la semana pasada, un proyecto de ley para limitar pirotecnia de estruendo.
La comisión de Defensa integrada con Salud de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley de la legisladora de Cabildo Abierto, Silvana Pérez Bonavita, que prohíbe el uso de la pirotecnia de estruendo.
La iniciativa de la diputada Bonavita, pasará el próximo martes al plenario, regula en todo el país de la importación, elaboración, comercialización mayorista o minorista y el almacenamiento de cualquier tipo de “artefacto pirotécnico de estruendo” destinado al uso comercial o domiciliario.
El objetivo de la propuesta es “limitar la actividad de pirotecnia o similar en los términos que se establecen, en el entendido de que la actitud de divertimento se transforma en lesiva para la convivencia y salud pública”.
Quedarán exceptuados del proyecto de ley aquellos que sean considerados como servicios esenciales, entre ellos, los aeropuertos, la protección de la agricultura, así como los espectáculos públicos o privados de acceso público que sean realizados por técnicos habilitados y que cuenten con previa autorización del Servicio de Material y Armamento (SMA).
El texto presentado por la diputada de Cabildo Abierto también prevé sanciones por incumplimientos. Las mismas serán susceptibles de la aplicación de multas pecuniarias por los organismos de contralor.
