¡Ay, nos van a demandar!

rochatotal//

El Uruguay se encamina, inocultablemente, a tomar decisiones vitales por mecanismos de democracia directa.

La eliminación del nefasto régimen de la AFAP, la regulación de los contratos del Estado con grandes empresas, en general transnacionales, la limitación de las tasas de interés y de la usura, y la prohibición de la obligatoriedad de las monedas virtuales, son cuatro asuntos de gran importancia que están ya a consideración de los uruguayos, que pueden promoverlos firmando los proyectos de reforma constitucional que impulsan, respectivamente, el PIT CNT, el Movimiento Uruguay Soberano, el partido Cabildo Abierto y el partido Identidad Soberana.

Según información reciente, a ese menú de decisiones ciudadanas se sumaría una iniciativa de reforma constitucional relativa a la seguridad pública, promovida por el gobierno desde el Parlamento.

Ya hemos hablado de lo que significa que temas tan vitales sean propuestos a la decisión ciudadana directa. Eso refleja, a las claras, una incapacidad del sistema partidario para tomar decisiones medulares por medio del sistema representativo.

Las cúpulas partidarias, librados a su antojo, probablemente centrarían la campaña electoral en acusaciones de corrupción y de ineficacia, y en el intercambio de agravios más o menos llamativos entre figuras de segundo orden de la coalición de gobierno y de la coalición opositora. Revestidas con mucha publicidad y cobertura mediática, esas cosas podrían hacernos creer que realmente estamos ante un enfrentamiento entre modelos distintos de país, lo que es estrictamente falso.

La revulsión que pueden introducir los proyectos de reforma constitucional a ser plebiscitados se debe a que realmente plantean temas medulares, temas que hacen al típo de país y de sociedad que somos y seremos.

En concreto, los cuatro primeros proyectos que hemos mencionado (el anunciado por el gobierno todavía no se conoce) cuestionan –nada menos- el papel que juega el capital financiero en la vida del país y en la vida privada de cada uruguayo. ¡Menuda pavadita!

Es llamativo que ninguno de esos proyectos surja ni tenga el apoyo de las cúpulas de las dos principales coaliciones políticas.

Como lo dejó traslucir el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en entrevista realizada por el periodista Emiliano Cotelo, hay sectores importantes del Frente Amplio que no ven con buenos ojos ni siquiera la propuesta de reforma impulsada por el PIT CNT. Cosa lógica, por otra parte, dado que, durante quince años de gobierno, el FA no tocó el régimen de AFAPs que ahora ese proyecto pretende eliminar. A ello se suma que buena parte de la dirigencia frenteamplista considera innecesario, o imprudente, arriesgar el probable triunfo electoral comprometiéndolo con una consulta plebiscitaria simultánea.

El proyecto de reforma Uruguay Soberano, por su parte, surge de un impulso ciudadano y es ajeno a toda organización partidaria. En tanto los proyectos contra la usura y contra la imposición de la moneda digital surgen, el primero, de un partido minoritario de la coalición de gobierno, y el segundo de un partido que aun no tiene representación parlamentaria.

Si alguna prueba faltara para afirmar que esas consultas ciudadanas no cuentan con el beneplácito de las cúpulas partidarias, basta ver que ha comenzado a circular el discurso del miedo.

La idea básica es que, si tocamos a los intereses financieros y empresariales que están detrás de las AFAPs, de UPM2, de Katoen Natie, de Pfizer, o de las empresas de crédito, o de las monedas digitales, el país será llevado ante tribunales internacionales y condenado a pagar sumas millonarias.

Esa afirmación un poco vaga, hecha con tono circunspecto o con gesto de susto, es el principal argumento –y diría que el único- contra iniciativas que están proponiendo revisar situaciones históricamente nefastas para la sociedad uruguaya.

Quienes tienen miedo a los juicios, ¿se han puesto a pensar en cuántos miles de millones de dólares, aportados por los trabajadores y por los actuales jubilados, se han tragado las AFAPs? ¿Cuántos miles de millones más, aportados por los jóvenes trabajadores, tragarán si siguen operando? ¿Han pensado en el costo incalculable de regalar durante cincuenta o sesenta años el agua potable del país a empresas productoras de celulosa y de hidrógeno verde, que además no pagan impuestos? ¿Y en el de regalar el Puerto de Montevideo y la vía del Ferrocarril Central? ¿Y en el de permitir que todos paguemos sobreprecios financieros desmedidos y que cientos de miles de uruguayos estén empeñados de por vida, clearing mediante, por los intereses leoninos que cobran las tarjetas de crédito, las financieras y los bancos? Para terminar, ¿podemos permitir que el dinero se transforme obligatoriamente en registros digitales controlados a voluntad por el sistema financiero?

El discurso del miedo, ese del “¡Ay, nos van a demandar!”, parte de una base completamente falsa. Cumplir las condiciones ruinosas que nos han impuesto esos negocios es infinitamente caro. Probablemente mucho más que muchos juicios.

No hago frases por hacerlas. Hagan cuentas de cuánto nos cuesta cada año, de dinero público y de nuestros bolsillos privados, sostener a las AFAPs y cubrir con rentas generales lo necesario para pagar las jubilaciones, costear los intereses ilimitados de las empresas de crédito, renunciar al control y a la renta del Puerto de Montevideo, construir la vía del Ferrocarril Central, regalar el agua y exonerar de impuestos a cualquier supuesto inversor que posea más de 900 millones de dólares (las condiciones de la ley de inversiones).

El Uruguay ya ha enfrentado juicios internacionales. Philip Morris nos demandó y perdió el juicio. Aratirí se fue del país, pese a que se le concedieron condiciones más que favorables, y nos demanda por 3.500 millones de dólares. ¿Y? ¿Ha muerto alguien por eso? Hasta el momento no hemos tenido que pagar por esas demandas, que no necesariamente se perderán.

Sin embargo, UPM nos tiene empeñados ya en más de 5.000 millones de dólares (por decir algo, sin contar el valor del agua durante 50 años, ni el daño a la tierra, ni la contaminación ambiental). Hemos perdido a favor de Katoen Natie el control del principal puerto del país, vía de ingreso y egreso de mercaderías, y probablemente también el de sus tarifas, con lo que eso implica para la exportación de la producción nacional. Rentas generales se desangra para costear jubilaciones más que modestas, mientras que las AFAPs, sin hacer nada, se llevan cada año comisiones de miles de millones de dólares aportados por los trabajadores, que luego cobrarán del Banco de Seguros del Estado unas rentas miserables. Todos pagamos, sin saberlo, sobreprecios millonarios por la compra a crédito, o con tarjeta, de cualquier producto, al tiempo que cientos de miles de uruguayos están entrampados en el clearing por no haber podido pagar a tiempo deudas que, intereses de por medio, se han vuelto impagables.

En suma, el discurso del miedo, del “nos van a demandar”, no toma en cuenta que, cuando las condiciones son inaceptables, cumplir un contrato o respetar abusos históricos puede ser infinitamente más caro y dañoso que enderezar las cosas y exigir las condiciones debidas.

Tampoco toma en cuenta, en su lógica de sometimiento total, que es altamente probable que muchas de las situaciones afectadas por los proyectos de reforma se resuelvan luego por medio de negociaciones, en las que el Uruguay pueda mejorar su situación.

Que se hayan firmado ilegítimamente contratos leoninos, que se hayan entregado gratis recursos y áreas estratégicas de nuestro territorio, o que durante muchos años se haya permitido a la especulación financiera campear a sus anchas, no puede significar que una sociedad renuncie a su derecho a gobernarse, a dictar las reglas que aseguren a su población una vida digna y saludable, es decir a ejercer la soberanía democrática sobre su territorio y sus recursos.

El discurso del miedo es un discurso paralizante. Apunta a negarnos el derecho a gobernarnos libre y democráticamente. Nos somete a intereses que se benefician con el mantenimiento de condiciones inaceptables. Y lo hace recurriendo al sentimiento más primitivo e irracional: el miedo, en particular el miedo a ejercer la propia libertad.

* Por Hoenir Sarthou -Voces